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El pasado 14 de marzo todo el territorio español entraba en una situación de estado de alarma y con ello muchos sectores profesionales veían cómo se paralizaba su actividad. Éste es el caso de la Justicia y los profesionales que dependen de ella, principalmente abogados y procuradores, que no han quedado ajenos al convulso panorama que vive el país.

La actividad judicial está casi en punto muerto, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en consonancia con el decreto de estado de alarma. Sólo se atienden asuntos inaplazables y urgentes como son las causas con presos, medidas cautelares o temas de violencia de género.

La situación económica del país ha llevado a muchas empresas a adherirse a un ERTE, siendo esto el gran caudal de trabajo para los abogados ahora mismo, haciendo de los especialistas en temas laborales a la fecha los profesionales más demandados.

En la situación opuesta se encuentran los abogados penalistas, que están sintiendo la paralización de la actividad judicial y temen las consecuencias económicas que esto conllevará. Al estar prohibido salir de casa para todos los ciudadanos, la tasa de criminalidad cae.

En los despachos grandes, pequeños y medianos de Sevilla, que en su gran mayoría han optado por el sistema de teletrabajo, no entran asuntos nuevos, salvo consultas en materia laboral vinculadas a los ERTE o en temas de arrendamientos.

«El esfuerzo del equipo de laboral es tremendo. No dan abasto», relata a este periódico e letrado Álvaro Moreno, de Nertis ETL Global, que añade como un tema muy recurrente estas semanas el pago a proveedores, tanto por quien debe abonar las facturas como por quien debe recibir el dinero, en pleno estado de alarma, cuestión en la que el Gobierno no se ha metido.

Sobre los arrendamientos, Moreno advierte que no hay causa que justifique el impago de la renta y apunta a una gracia del arrendador. En este sentido, José Manuel García-Quílez, socio de Zurbarán Abogados, llama a la solidaridad de sus clientes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes de reducción de la renta, sobre todo, porque ambas posturas son defendibles, el que quiere cobrar y el que no quiere pagar.

El departamento laboral de su bufete está «desbordado» ante la inquietud de los empresarios para gestionar la plantilla. A este respecto, la abogada laboralista Enriqueta Artillo explica a este periódico que están «saturados», sobre todo, por intentar ajustar la normativa laboral con la rapidez que requieren los clientes.

Pero «no es sólo presentar el ERTE, sino decidir qué tipo, tramitarlo, asumir los problemas que está dado el sistema telemático y ayudar a la empresa a buscar la mejora estrategia», ha indicado, al tiempo que ha valorado el esfuerzo que están haciendo muchas empresas por mantener la actividad con normalidad dentro de la situación de excepción que se vivie y de cambios constantes.

Artillo considera muy mejorable la actuación del Gobierno central en materia laboral, criticando duramente el decreto publicado el pasado domingo a falta de 20 minutos para la medianoche. «Tiene lagunas», ha asegurado .«Muchas empresas no sabían si tenían que abrir o no».

Por último, ha resaltado de nuevo que «muchas empresas hacen un esfuerzo por mantener la plantilla dentro de esta situación. Y otras que van a un ERTE porque no tienen más remedio. También las hay que han adoptados todas las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno y ayer se vieron obligadas a cerrar porque no son esenciales, con las consecuencias que ello deriva».

Cuestiones familiares

García-Quílez señala como otra consulta frecuente los cumplimientos de los plazos de los contratos de obras. El Gobierno ya ha paralizado durante dos semanas la construcción. No obstante, precisa que en materia de obras públicas sí existe regulación legal para las suspensiones. En la privada, si acudimos al Código Civil, también la hay por fuerza mayor o acontecimiento de circunstancia imprevisible.

En cuanto al ámbito penal, advierte del atasco que esto supondrá en el sistema, que tardará meses en recuperar la normalidad. Augura para el final del confinamiento, un aumento de las crisis matrimoniales. Precisamente, los asuntos de familias, como el régimen de custodia, está siendo muy analizado estos días.

Por esto, a Lourdes Sivianes Ferrera de Castro, consejera de Cremades&Calvo-Sotelo y especialista en Derecho de Familia en un despacho unipersonal, no le falta el trabajo con las custodias o separaciones. «A nivel personal, muchas personas están aprovechando este tiempo para tomar decisiones sobre su vida». La actividad económica de su despacho ha subido por la mediación a distancia, por ejemplo.

Elena García forma parte de un pequeño despacho con otros tres abogados, que ya acusa la falta de actividad penal. Lamenta que se haya paralizado la presentación de asuntos para iniciar procedimientos nuevos, lo que causa «un destrozo laboral y económico».

Los ERTE y los asuntos de familias siguen llegando a su bufete. «La gente está muy nerviosa» con la incertidumbre de las medidas laborales del Gobierno y con los regímenes de visitas de los niños de padres separados porque en cada provincia se ha marcado un criterio distinto, tras la decisión del CGPJ. «En Sevilla se apela al sentido común de los padres», afirma la abogada, advirtiendo de los problemas que esto puede acarrear si se dan situaciones de abuso de derecho.

«Es un golpe que va a afectar a todos»

Asuntos laborales, administración local, contratación pública, liquidaciones tributarias o suspensiones son las consultas más recurrentes que están entrando en Montero Aramburu, pero también sobre cancelaciones de espectáculos y eventos deportivos, sobre todo de artistas y productoras. «La casuística es muy amplia», aclaran desde este bufete.

La socia del departamento Procesal y Civil del mismo, Soledad Fernández, cuenta a ABC la ingente cantidad de asuntos sobre arrendamientos que tienen encima. Hay que buscar una solución beneficiosa para las dos partes porque el Gobierno, en sus medidas, no ha abordado este asunto, y porque ambas partes tienen argumentos de defensa.

El Código Civil recoge un supuesto en arrendamientos rústicos para una rebaja de la renta en caso de que el arredantario pierda más de la mitad de los frutos de la cosecha por causa de fuerza mayor y cree que los tribunales podrían aplicarlo analógicamente en un futuro.

Miguel Delgado, abogado penalista del Bufete Delgado Lamet y Asociados, asegura que existe una paralización total de la actividad en su despacho, como en tantos otros de la capital, lo que repercutirá en la economía de los mismos. Avisa de los desistimientos de causas por los justiciables y lo que conllevará en pérdidas para los bufetes. «Es un golpe que va a afectar a todos, incluidos a despachos de abogados».

Desde el despacho Avelino Abogados, especialista en responsabilidad civil y accidentes, el estado de alarma aún no se ha notado porque siguen tramitando muchas reclamaciones, aunque no hay juicios ni clientes nuevos.

Fuente: https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-coronavirus-sevilla-abogados-laboralistas-no-abasto-mientras-penalistas-notan-paron-judicial-202003310737_noticia.html