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El Parlamento Europeo ha avalado la nueva normativa de derechos de autor que busca instaurar un nuevo equilibrio en la Red. Los países tienen 24 meses para trasladar los cambios a su legislación nacional.

Han pasado tres años desde el inicio de las negociaciones, pero la nueva directiva de derechos de autor ha llegado a buen puerto. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el texto con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Ahora, sólo queda pendiente la adopción formal de la norma por parte del Consejo de la Unión Europea (UE) y que los países, en los próximos 24 meses, trasladen estos cambios a su legislación nacional.

El nuevo texto legal, según los expertos, pretende buscar un nuevo equilibrio en la Red, en el que los creadores tengan una mayor posibilidad de negociación respecto a sus derechos de autor con las plataformas digitales. Sin embargo, sus detractores, como la Asociación de Internautas, aseguran que fomentará la aparición de «máquinas de censura» y que esta directiva sólo beneficia a los lobbies de la industria cultural y editorial, mientras que la libertad de expresión de los usuarios y el emprendimiento se verán perjudicados.

Estas últimas afirmaciones hacen referencia al artículo que solicita a las plataformas digitales que vigilen las creaciones subidas a la Red por terceros y les traslada la responsabilidad de verificación, lo que impondría una suerte de censura algorítmica.

Evolución natural

Para Alejandro Touriño, socio director de Ecija, este último cambio es «una evolución natural del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, que obliga a las plataformas a obtener la autorización de los contenidos sujetos a copyright publicados por los usuarios. Comparto, en definitiva, la vocación del Parlamento Europeo de poner fin a la infracción masiva de derechos de autor por parte de los usuarios en plataformas digitales».

En esa misma línea se mueve Ignacio Temiño, socio de Abril Abogados, que asegura que «Internet no puede ser eternamente el lugar donde la plena libertad y el anonimato protejan el abuso y la impunidad, y donde el medio que ofrece su plataforma quede al margen de toda responsabilidad si no se demuestra el conocimiento de los hechos ilegales. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Éste debe convivir con los que otros pueden ostentar, como el derecho al honor, a la propiedad intelectual, a la privacidad, etcétera». El letrado apunta que, durante los últimos 20 años, se ha vivido con un sistema de responsabilidad atípico y único para los intermediarios de Internet.

Frente a las voces que aseguran que este nuevo texto puede instaurar una especie de censura previa, existen diversidad de opiniones entre los expertos. Para Gema Luna, letrada de Lean Abogados, el principal problema que existe es la forma de hacer efectivo el control que exige la directiva. «La supervisión que requiere el precepto se aplicará a través de algoritmos que tienen unos límites evidentes, como, por ejemplo, la imposibilidad de analizar el contexto de la situación para poder decidir si estamos o no ante un uso ilícito del contenido. El automatismo conllevará un aumento, en ocasiones injustificado, de la censura y dará un enorme poder a las plataformas, porque serán los algoritmos creados por éstas los que decidan qué podemos y qué no podemos ver».

Herramienta inadecuada

Frente a esta afirmación, Álvaro Ramos, abogado y DPO de Clarke, Modet & Cº, explica que la normativa europea «no habla de algoritmos o de filtros automáticos. Podría ocurrir que aquellas plataformas que implementen un sistema de filtrado puedan provocar que usuarios que pretenden subir un contenido no protegido por derechos de autor -como un meme o una parodia-, vean como ese filtro impide la subida. Pero en ese caso, sería un problema de la herramienta de filtrado y no del contenido de la directiva», destaca.

En este mismo sentido se expresa José Carlos Erdozain, of counsel de Pons IP, y añade que «tanto en la anterior versión como en la actual se prevén mecanismos en casos de que llegue a existir controversia sobre la retirada de obras o la imposibilidad de acceder a obras o prestaciones alojadas. Específicamente se establece que habrá una revisión humana en caso de una denuncia que tenga por objeto lo anterior», destaca.

Lejos del asunto de la censura, Touriño sí muestra ciertas dudas sobre si el cambio en la responsabilidad no debería haberse introducido en la norma de servicios de la sociedad de la información, «que es donde originariamente se ha planteado el régimen de responsabilidad de las plataformas y su no obligación de supervisión de los contenidos que alojan o transmiten».

La reacción de los afectados por la norma

La aprobación de esta nueva directiva no ha dejado a nadie indiferente. Las plataformas, los internautas o las asociaciones de creadores han hecho oír su voz. Desde Google han afirmado que «la directiva de copyright ha mejorado, pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa». Por su parte, la plataforma de defensa de derechos digitales Xnet ha asegurado en un comunicado que «se ha votado un texto tecnófobo, a medida de los monopolios del copyright, que además no garantiza el derecho de los autores a vivir dignamente de su trabajo y que amenaza la libertad de expresión o el acceso a la cultura y a la información». De manera muy distinta se ha expresado la presidenta de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), Pilar Jurado, que ha afirmado que «con la aprobación de la directiva se abren las puertas a un mejor futuro para los creadores y se pone en valor su aportación imprescindible en el entorno digital». Para la Federación Europea de Editores, la Eurocámara ha dado «su apoyo a la cultura europea y a la innovación» y la norma «modernizará los derechos de autor y traerá mayor certidumbre». Por último, para Jorge Corrales, director general de Cedro (asociación del sector editorial), «lo más importante es la necesidad y convicción de proteger a los creadores. La tecnología podría cambiar en el futuro, los principios no deben cambiar».

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/03/26/5c9a18e4268e3efa3f8b45b2.html