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¿Tengo derecho a tener vacaciones si estoy en ERTE?

¿Tengo derecho a tener vacaciones si estoy en ERTE?

Las dudas sobre la relación entre ERTE y los días de descanso han alcanzado a trabajadores, autónomos y dueños de pymes, que necesitan conocer la legislación. Lo que más preocupa es si aquellos trabajadores afectados por esta medida temporal tienen derecho a cogerse vacaciones mientras siga vigente el expediente o si se siguen generando días de vacaciones estando en un ERTE.

Existen dos modalidades de ERTE, y en cada una la aplicación de vacaciones es distinta:

  • En el caso de los expedientes de regulación de empleo temporal de suspensión de contrato, los trabajadores no generan días de vacaciones, pero sí cotizan a la Seguridad Social. Si se tuvieran vacaciones pactadas, pero igualmente el contrato estuviera suspendido, esas vacaciones deberían ser canceladas y no contar como días consumidos por los trabajadores.
  • Si se trata de un ERTE de reducción de jornada, el trabajador generará vacaciones en proporción a la jornada que esté trabajando. Esto aplica con la excepción de que se hubiera pactado una mejora por convenio o entre empresa y empleados.

¿Puedo irme de vacaciones durante el ERTE?

Sí, aunque hay que diferencias nuevamente si el ERTE es de suspensión o de reducción:

  • En el caso de ERTE de suspensión, nada impide al trabajador emplear el tiempo en viajar o ir a la playa si la fase de desescalada en la que se encuentra lo permite. Pero en ese tiempo, la empresa podría solicitar la reincorporación a su puesto. Si el trabajador se niega a volver a su puesto de trabajo, la empresa podría proceder a despedir al empleado mediante un despido conocido como disciplinario.
  • En el caso de los casos de reducción de jornada, los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones generadas también mientras la empresa se mantiene en el ERTE.

¿Mi empleador puede obligarme a coger vacaciones?

Las vacaciones, según establece el Estatuto de los Trabajadores, deben ser consensuadas y las empresas no pueden obligar a tomarlas en un momento concreto, aplicando el derecho de descanso reconocido en la Constitución Nacional.

Fuente: https://www.lavozdealcala.com/mas-actualidad/33280-tengo-derecho-a-tener-vacaciones-si-estoy-en-erte/

La crisis podría frenar el repunte de divorcios desatado por el confinamiento

La crisis podría frenar el repunte de divorcios desatado por el confinamiento

«Una cosa es que yo llame para informarme sobre un posible divorcio, y ahí, efectivamente, ha habido un incremento. Pero otra cosa es que se tramiten todos esos procesos», reseña José Soriano, abogado de familia en Valencia y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de esta ciudad.

Las consultas de divorcios en los despachos han aumentado con el confinamiento, según la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), pero letrados especialistas consultados dudan de que esa tendencia se torne en un incremento real de las separaciones, pues la crisis económica disuadirá a muchas parejas de duplicar gasto.

Los abogados de familia de la Comunidad Valenciana consultados por Efe señalan que, si bien el aislamiento puede haber exacerbado las tensiones de pareja, es dudoso que vaya a suponer un cambio en tendencia estadística registrada en los últimos años respecto al número de divorcios, que era descendente.

Así, José Soriano, abogado de familia en Valencia y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de esta ciudad, considera: «Una cosa es que yo llame para informarme sobre un posible divorcio, y ahí, efectivamente, ha habido un incremento. La convivencia durante el confinamiento creo que ha actuado como lo hacen los períodos típicos para conflictos de familia, como antes y después de Navidad o del verano. Pero otra cosa es que se tramiten todos esos procesos«.

La Comunidad Valenciana lideró en 2019 la tasa de separaciones y divorcios en España, con 26,7 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes, frente a la media nacional de 23,3 por cada 10.000 habitantes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, España es el tercer país de la Unión Europea con más divorcios: el 57,2 % de los enlaces españoles acaba en ruptura, según datos publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, coincidiendo con el último Día de San Valentín.

Pero según el CGPJ, las demandas de separaciones y divorcios han venido descendiendo en los últimos años: bajaron un 1,9 %, hasta las 109.567, en 2019; fue el quinto año consecutivo de bajada de las disoluciones matrimoniales. Estos datos harían aún más significativo que volviera a crecer este índice, y más coincidiendo con una crisis económica como la que se avecina, opinan los letrados consultados.

«No creo que debamos concluir que haya un cambio de tendencia. Ha habido un paréntesis de dos meses, los juzgados están abriendo ahora. Y está además el factor económico: no es tanto el coste del procedimiento en sí, sino los costes que supone la ruptura, duplicar gastos de vivienda, la pensión…», afirma Soriano.

Otro abogado de familia valenciano, José Gabriel Ortolá, exdirigente de la AEAFA, considera también que es pronto para llegar a conclusiones: «Es difícil saber a qué obedece ese aumento, que en mi despacho también se está produciendo. Me ha venido mucha gente para divorciarse, pero hay que contar con que arrastramos un tiempo de inactividad judicial», señala.

A este respecto, también él señala la crisis económica: «Muchísima gente habrá notado una repercusión económica dura; no es el mejor momento para estas decisiones, un divorcio tiene efectos de caída del nivel económico, duplica los gastos. Y esto no todo el mundo puede permitírselo en tiempos de crisis económica«.

Eva Marín, abogada de familia en Castellón, opina en este sentido que «pasar una pensión en la situación económica que viene será más difícil. En la anterior crisis ya sucedió que había gente que, aunque quería divorciarse, no podía hacerlo, por razones económicas. No todo el mundo puede aguantar dos economías familiares: la avalancha vendrá más en el sentido de bajar las pensiones«.

Por su parte, Gracia Carrión, abogada de familia de Alicante, también apunta que, aunque han aumentado las consultas de divorcio, probablemente se deba al parón provocado por el coronavirus; no cabe deducir que se vayan a incrementar las rupturas, opina también ella, quien apunta de nuevo al factor económico.

«Lo que yo encuentro más llamativo es que han aumentado también los acuerdos, porque con el atasco judicial que se avecina los clientes están más dispuestos a aceptarlos. Incluso durante el período de confinamiento hemos negociado algunos relativos a parejas que tomaron entonces la decisión«, explica Carrión, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Abogados de Alicante, aunque, al igual que las otras fuentes citadas, habla según su criterio personal y no en representación de esta u otra organización.

FUENTE: https://www.abc.es/familia/parejas/abci-crisis-podria-frenar-repunte-divorcios-desatado-confinamiento-202006140129_noticia.html

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No habrá perdón judicial para las deudas de Hacienda y la Seguridad Social

No habrá perdón judicial para las deudas de Hacienda y la Seguridad Social

El texto refundido de la ley concursal excluye a los acreedores públicos de la exoneración que prevé la ley de la segunda oportunidad.

Desde el 2015, un empresario en España podía deber millones a los bancos, fondos, proveedorestrabajadores u otros prestamistas y –llegado el caso y cumpliendo los requisitos legales– tener la esperanza de obtener el perdón de todas sus deudas y empezar de nuevo. La llamada ley de la segunda oportunidad –que invitaba al empresario insolvente a buscar un convenio o plan de pagos con sus acreedores, declararse en concurso, liquidar todos sus bienes y, finalmente, pedir al juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI)–, permitía a muchos empezar de nuevo.

El procedimiento para ganarse una nueva vida en los juzgados mercantiles debía superar una dificultad casi insuperable: a la hora de cerrar el procedimiento y otorgar el perdón total de las deudas, los jueces se encontraban con que tanto Hacienda como la Seguridad Social se oponían a poner el contador a cero a los empresarios y seguían exigiendo hasta el último céntimo a los empresarios. En la práctica, la prevalencia y el carácter inextinguible del crédito público convertía el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad en una quimera para aquellos empresarios a los que hubieran sido declarados responsables solidarios de la deuda de sus empresas o las que se les hubiera derivado deudas sociales.

Alternativa funesta

Sin un perdón total, el empresario se ve empujado a la economía sumergida o a la irrelevancia

Sobre todo en los primeros años desde la entrada en vigor de la ley. Y, así las cosas, ¿de qué le servía a un empresario que lo hubiera perdido todo empezar de nuevo empezar de cero con ningún activo y un pasivo de 500.000 euros o un millón o más con las administraciones públicas? De nada. Y, ¿qué banco le iba a prestar un solo euro para emprender de nuevo a alguien con sus cuentas embargadas de por vida? Ninguno. “Tal como estaban las cosas, la ley empujaba a los empresarios a la economía sumergida, a la insolvencia de por vida o a pleitear durante unos cuantos años para intentar salir a flote”, comenta Elisa Escolà, asociada de Fieldfisher Jausas y miembro del grupo de trabajo sobre la segunda oportunidad del Ilustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Una mujer pasa por delante de las instalaciones de la Ciutat de la Justicia
Una mujer pasa por delante de las instalaciones de la Ciutat de la Justicia (Mané Espinosa)

El panorama cambió, para bien, hace un año cuando una sentencia del Tribunal Supremo fijó doctrina sobre la materia, tras años de controversias. El Alto Tribunal abrió dos vías para la exoneración de las deudas públicas a los empresarios insolventes. Todo estaba claro, aunque faltaba consolidarlo con un nuevo redactado de la ley que fuera inequívoco. La ocasión era propicia ahora, con la promulgación del texto refundido de la ley concursal, pero no ha sido así. Al contrario, se ha producido un retroceso. El nuevo proyecto de la ley concursal elaborado por el Ministerio de Justicia decía hasta el miércoles pasado que “la exoneración incluirá a los créditos de derecho público”.

Giro inesperado

El BOE de este jueves causó sorpresa e indignación entre los jueces y abogados

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado publicó este jueves el texto refundido de la ley concursal y la modificación había desaparecido. No hay perdón público para el empresario. Solo privado. Abogados y jueces estaban este jueves indignados. “Se ha querido colar como una mera aclaración de la ley concursal, pero han cambiado las reglas del juego”, explica Raúl García Orejudo, decano de los jueces mercantiles de Barcelona. Escolá tampoco entiende lo que ha pasado: “Llevábamos meses trabajado con los jueces, economistas y el propio Ministerio de Justicia en un cambio para que las deudas con las entidades públicas también pudieran ser perdonadas por el juez del concurso”. Y hasta este jueves por la mañana, todo parecía indicar que el cambio se iba a aprobar. Pues no.

Sillas de un bar cerrado en Barcelona
Sillas de un bar cerrado en Barcelona (Àlex Garcia)

Los especialistas en materia concursal echaban humo este jueves. Rubén Torrico, socio de Lexben Advocats, aseguraba que “me ha sorprendido el cambio de última hora, es una decisión que da un paso atrás en la regulación actual del mecanismo de segunda oportunidad en el momento más inoportuno posible, privando el acceso a millones de personas que van a necesitar una segunda oportunidad real”. Y es que, en medio de la doble emergencia sanitaria y económica actual, la crisis llevará a muchos empresarios al juzgado en los próximos meses. ¿Quién podrá levantarse?

Próximo cambio

España tendrá que transponer la directiva europea y arreglar el desaguisado

Además de una injusticia –¿por qué tiene que sufrir las pérdidas solo una parte de los acreedores y no todos?– que condena a corto plazo a quienes estén o vayan a estar en breve en este proceso, la marcha atrás del Gobierno tiene poco recorrido. La directiva comunitaria del año pasado que el Gobierno tiene la obligación de transponer antes de mediados del 2021 pide expresamente mejorar el marco legal para que los empresarios empiecen de nuevo tras un fracaso. De momento, el sueño del perdón total se retrasa.

De todas formas, hay una camino alternativo para quien quiera recorrerlo. Según Raúl García Orejudo, “puede haber un exceso de delegacion en el texto refundido de la ley concursal por establecer un contenido nuevo y contrario a la jurisprudencia vigente”. Esto es algo que está expresamente prohibido por la ley. “Y –añade García Orejudo–, según el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios podemos enjuiciar la adecuación del texto refundido a la delegación para que no haya excesos; en definitiva, que hay vias para seguir interpretando que el crédito publico entre en la exoneración”.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/20200508/481013798015/ley-concursal-segunda-oportunidad-hacienda-seguridad-social.html

Presente y futuro de la propiedad intelectual

Presente y futuro de la propiedad intelectual

La Union Europea, China y Latinoamérica han realizado importantes avances legislativos en los últimos meses. Los cambios de 2019 se han asentado y existen unas tendencias claras que se darán en 2020.

La propiedad intelectual es un derecho activo. Aunque sus reglas llevan fijadas décadas, la evolución de la sociedad provoca que este derecho vivo necesite de nuevos ajustes legislativos. Aprovechando el día mundial de la propiedad intelectual, Ecija ha elaborado un informe en el que presenta los hitos alcanzados en 2019 y trata de destacar las tendencias de futuro para 2020.

En los últimos años ha quedado patente que la transformación digital ha invadido todos los sectores económicos y que su uso se ha convertido en un elemento competitivo. Sin embargo, para que esta tecnología se utilice correctamente, necesita de un marco normativo que asiente unas bases que le permitan funcionar, así como evolucionar.

En este sentido, hay que destacar, como apunta Cristina Villasante, manager de IP de Ecija y coordinadora del documento, que en un futuro no muy lejano, «el papel de las infraestructuras, el 5G y la interconexión de las cosas o la inteligencia artificial obligarán a la configuración de un marco normativo que se adapte a las nuevas realidades que imponen estas tecnologías y que sea suficientemente flexible para resistir al constante cambio que supone la innovación».

Los cambios normativos y la aprobación de nueva legislación ha sido significativa tanto en la Unión Europea (UE), muy centrada en desarrollar el Mercado Único Digital -como en estados miembro como Francia, Portugal, Reino Unido o la propia España-, así como en China o países de Latinoamérica. «Sin lugar a dudas, 2019 pasará a la historia legislativa europea como el año de una de las directivas más polémicas en el campo de propiedad intelectual, como ha sido la directiva sobre derechos de autor», destaca Diego de la Vega, letrado de IP de Ecija.

Estos son, según el informe elaborado por el despacho de abogados, los principales hitos alcanzados en 2019 y las tendencias que se esperan en los próximos meses en cuanto a la propiedad intelectual.

Unión Europea

El asunto más importante tuvo que ver con la aprobación de la directiva sobre derechos de autor. En este texto, especialmente polémico, se ha establecido que «los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no autorizados de comunicación al público», es decir, que deberán llevar a cabo un control previo de los contenidos cargados por sus usuarios.

El pasado año, también se aprobó la directiva sobre radiodifusión, que pasó algo desapercibida, aunque ésta busca acabar con el geobloqueo mediante la explotación secundaria de determinadas obras a través de Internet.

En cuanto a los temas legislativos que marcarán el futuro de la UE, De la Vega apunta que, por un lado, «la Estrategia Europea Digital desembocará en una serie de normas que harán más eficaz el ecosistema de start up y pymes europeas, y mejorará las regulaciones de competencia, al tiempo que establecerá un nuevo marco para los servicios digitales que regule la responsabilidad de las plataformas y otros servicios en línea. Además, la economía ambientalmente más sostenible tendrá un impacto evidente en la regulación digital, con la deberá estar perfectamente coordinada».

España

Los últimos esfuerzos legislativos relacionados con la propiedad intelectual en España han desembocado en la aprobación de la Ley de Marcas, la Ley de Secretos Empresariales y la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta última norma ha introducido novedades como la nueva regulación de las entidades de gestión, así como la habilitación para acordar el bloqueo de sitios web que infrinjan derechos de PI sin necesidad de autorización judicial, entre otros asuntos.

Con la nueva Ley de Marcas se han ampliado las posibilidades de representar el signo a efectos del registro; se ha eliminado la distinción entre marca notoria y renombrada; y se ha ampliado la prohibición de registro basada en la funcionalidad.

La aprobación de la Ley de Secretos Empresariales ha servido para establecer un marco sólido en España sobre este asunto que, anteriormente, no estaba correctamente regulado, puesto que había que acudir a otras normativas como la Ley de Competencia Desleal.

En cuanto a lo que está por venir, Villasante afirma que el futuro de la propiedad intelectual en nuestro país pasa por la inteligencia artificial (IA). «La puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial buscará alinear las políticas nacionales destinadas a fomentar el desarrollo y el uso de la IA en España».

La experta también destaca que durante los próximos meses el destino normativo de nuestro país estará marcado por la agenda de la UE y la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español las recientes directivas aprobadas en Europa en el marco del Mercado Único Digital, los derechos de autor y derechos afines y el sector audiovisual.

«Igualmente, la apuesta por la transformación digital tendrá un fuerte impacto en el sector financiero y fintech. En los últimos años hemos visto cómo los medios y servicios de pago han sufrido una gran revolución. El proyecto de ley que está en marcha para la creación del sandbox español y espera su trámite parlamentario en los próximos meses, supondrá, sin lugar a dudas, nuestro posicionamiento a la vanguardia en el sector financiero y favorecerá la entrada de inversión en tecnologías como blockchain«, concluye Villasante.

Francia

El hito más destacado del país vecino en 2019 es que se convirtió en el primer estado en acometer la transposición de la previsión de la directiva (UE) 2019/790 en relación con la remuneración reconocida a las empresas editoras de prensa por la comunicación pública online, por parte de terceros, de materiales propios.

Para el año 2020 se espera en Francia que continúe el debate en torno a la aprobación del proyecto de ley relativo a la comunicación audiovisual y la soberanía cultural en la era digital.

Reino Unido

Toda la actividad legal en el ámbito de la propiedad intelectual en Reino Unido ha estado marcada por el Brexit. En materia de propiedad industrial, se ha establecido un régimen transitorio especialmente en materia de marcas y diseños.

Respecto al futuro, el informe de Ecija señala que, en 2020, los proyectos buscarán establecer un marco regulatorio propio en las materias que hasta el momento dependían de regulación europea y que ahora pasan a ser competencia exclusiva británica.

Portugal

El país de Península Ibérica entró en vigor el nuevo Código de Propiedad Industrial y se

realizaron cambios en el Código de Derechos de Autor y de Derechos Conexos en 2019.

En cuanto al futuro, la principal tendencia legislativa se centrará la creciente preocupación del legislador por seguir la rápida evolución tecnológica, que abocará a una mayor atención a su protección, como, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial.

China

El principal cambio normativo del gigante asiático tuvo que ver con la modificación de la Ley de Marcas, con la que el legislador incluye el registro de marca de mala fe y la no utilización de esta como nuevo motivo de denegación; modifica la indemnización por los daños y perjuicios causados por el registro de mala fe, aumentar la cuantía máxima de 300% al 500% del daño causado; añade una cláusula concreta que permite el juzgado destruir todo las materias de fabricación y los productos terminados en el caso de falsificación de registro de marcas; y crea una cláusula nueva para proteger el secreto empresarial: la carga de prueba recaerá sobre el demandado en el caso de que el demandante aprueba unas evidencias iniciales.

En cuanto al futuro, Ecija destaca una directriz del Gobierno chino que fija como objetivo la disminución considerable de los casos de infracción de propiedad intelectual para 2022, y pretende conseguir un sistema de protección completo para 2025. El informe destaca entre las medidas más importantes que el país asiático aumentará del grado de sanción; mejorará del sistema de colaboración entre los distintos órganos (agilizando los procedimientos administrativos y judiciales en materia de propiedad intelectual); establecerá un sistema de protección internacional; y que incrementará la inversión en materia de protección y formación de especialistas en dicha materia.

México, Honduras y República Dominicana

Los países sur y centro americanos y del Caribe no son ajenos a los cambios normativos en cuestión de propiedad intelectual.

Uno de los estados más activos es México, que prevé importantes actualizaciones a lo largo de este año en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en asuntos como las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, así como en los derechos de autor.

La tendencia legislativa de Honduras pasará por fijar una mayor protección y regulación de los derechos de propiedad intelectual en el sector fintech, así como incrementar la resolución de disputas de propiedad intelectual a través de métodos alternativos a los juzgados como la conciliación y arbitraje.

En cuanto a la República Dominicana, el futuro legislativo se centrará en implementar medidas y responsabilidades para proteger los derechos de autor de los contenidos ubicados en Internet. En este sentido, desde Ecija apuntan que se espera la actualización de las garantías de estos derechos para hacer frente a los crecientes delitos cibernéticos.

Fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/04/26/5ea4b36ce5fdea936c8b4572.html

¿Afecta el coronavirus al régimen de visitas de los hijos de parejas separados? ¿es legal salir a la calle para llevarlos?

¿Afecta el coronavirus al régimen de visitas de los hijos de parejas separados? ¿es legal salir a la calle para llevarlos?

Los abogados de familia llevan varios días recibiendo una avalancha de consultas de padres y madres con dudas sobre cómo afecta el estado de alarma a las medidas adoptadas tras el divorcio.

El estado de alarma, la prohibición de circular por la calle y el miedo al contagio instalado en muchas familias ha disparado las consultas legales de padres y madres separados con hijos sobre cómo deben gestionar el régimen de visitas de los menores. ¿Se mantiene lo establecido en el convenio aunque resulte de difícil aplicación? ¿qué pasa si uno de los dos progenitores tiene una profesión de riesgo? ¿es legal salir a la calle para entregarle a los niños a la expareja? Según relatan los abogados de familia, la actual situación plantea una serie de dudas legales que no siempre tienen una respuesta clara. De hecho, según reclaman algunos de ellos, sería conveniente que la autoridad competente (las consejerías de familia o el Ministerio de Justicia, sugieren) publicara algún tipo de guía o protocolo que resolviera algunas cuestiones básicas.

¿Se mantiene el régimen de visitas?

Rosa López, socia de ABA Abogadas, explica que mientras no exista una resolución judicial que modifique lo recogido en el convenio regulador o sentencia que establece los términos de la separacion, «estos deben cumplirse en su estrictos términos». No obsante, más allá de legalismos, la letrada recomienda aplicar en todo caso «el sentido común y el interés del menor y de quienes nos rodean». Es decir, si se produce alguna situación de riesgo o excepcional que aconseje no aplicar lo contenido en dichos documentos, los padres deberán acordar la mejor solución. Una opinión que comparte Delia Rodríguez, socia directora del bufete Vestalia Asociados. «Salvo nuevos acontecimientos, lo acordado sigue vigente. Nada apunta a que lo contenido en el convenio o en la sentencia sea se tenga que suspender».

¿Pueden salir los padres a la calle para entregar a los niños?

Sentada la premisa anterior, la duda que plantean muchos padres y madres es si pueden bajar a la calle para entregar a los menores a su expareja o, si trabajan, para dejarlos el familiar que se haga cargo de ellos normalmente. Delia Rodríguez cree que sí. El artículo 7,1.e) del Real Decreto del estado de alarma determina que, entre las personas que pueden circular por las vías de uso público, se encuentran aquellas que se dediquen a la «asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables». En todo caso, como ella misma aclara, esta conclusión la extae haciendo una «interpretación expansiva» del precepto. «Estos traslados son necesarios para garantizar el cuidado de los niños y dar cumplimiento a una resolución judicial vigente», reflexiona; «en todo caso, se echa de menos una declaración oficial que dé tranquilidad a las familias y se aclare esto».

Rosa López, por su parte, entiende que esta situación podría encajar en el artículo 7.1.d) del real decreto, cuando se refiere al «retorno al lugar de residencia habitual». Aunque, de nuevo, el literal de texto podría plantear alguna objeción.

Es indiferente que los padres vivan en provincias distintas o a una distancia considerable, unos 40 o 50 kilómetros. El traslado, mientras no haya un cierre de fronteras provinciales, en principio, deberá realizarse.

¿Cómo justificarlo ante la policía?

Aquí sí que el vacío legal es total. En todo caso, Rodríguez recomienda, cuando se salga a la calle para entregar a los hijos a la expareja, llevar consigo una copia del convenio regulador o de la sentencia que contiene las medidas, así como el libro de familia. «Es la mejor manera para demostrar que has salido a la calle con una razón amparada por la norma. El libro de familia permite acreditar que tienes menores a tu cargo», explica.

¿Puede un progenitor negarse a entregar a los menores?

Las realidades familiares son diversas y no siempre sencillas de manejar, especialmente tras una situación tan conflictiva como una separación. Por ello, Mónica Ruiz, también socia de ABA Abogados, aconseja a los padres y madres «no adoptar decisiones unilaterales de suspensión del régimen de visitas o incluso del régimen de custodia compartida». Los menores, explica, incluso en una situación tan difícil como el estado de alarma, «tienen derecho a seguir manteniendo relación con ambos progenitores y a recibir su afecto».

¿Qué debe hacer un padre o una madre si el otro adopta la decisión unilateral de no entregarle a los niños? La letrada recomienda acudir al procedimiento fijado en el artículo 158 del Código Civil, que regula el procedimiento a través del cual un juez puede dictar las medidas que considere oportunas para evitar que se causen perjuicios a un menor. A través de este mecanismo, «y en defecto de acuerdo, se pueden establecer de manera inmediata las medidas a ejercer si es que la fijada en convenio o resolución judicial pudieran ser de imposible cumplimiento. Y hasta abogaría por la fijación de sanciones», asevera Ruiz.

Delia Rodríguez, por su parte, entiende que existen casos de fuerza mayor en los que se deberá aplicar el sentido común y el interés superior de los niños más que nunca. «Pero aquí es donde vienen los problemas, porque la casuística es infinita». Y pone como ejemplo, un progenitor que no quiera entregar al otro a sus hijos comunes porque tenga una profesión de riesgo o conviva con alguien que esté contagiado del coronavirus. En todo caso, advierte que estas son situaciones excepcionales y que, quien adoptara una decisión así, «deberá justificarla el día de mañana ante un juez».

¿Es delito incumplir el régimen de visitas?

Desde 2015 no es delito incumplir el régimen de visitas. Sin embargo, una decisión unilateral en este sentido puede tener consecuencias civiles en forma de una revisión de las medidas en contra de quien ha tomado esa determinación «si se demuestra que la adoptó de manera irracional o injustificada», aclara Rodríguez.

¿Puede los padres adoptar acuerdos temporales?

Las abogadas coinciden en que el acuerdo entre progenitores y sentido común es la mejor solución en estos casos, siempre guiado por el interés superior del menor. «Cualquier pacto que se alcance durante el estado de alarma no vincula a posteriori. Es decir, no genera actos propios ni condiciona la resolución de futuros conflictos, porque se trata de un periodo excepcional con circunstancias no habituales que desaparecerán cuando cese esta crisis», aclara Mónica Ruiz.

«Que prime el sentido común», pide Rodríguez, que recuerda, además, que los deberes de información y comunicación de los pequeños con los padres con los que no están fisicamente «se mantienen absolutamente todos». De hecho, insiste en que es obligatorio dar detalle en cuanto a su salud a la expareja e, incluso, facilitar llamadas «que den tranquilidad y sensación de seguridad a los niños».

FUENTE: https://elpais.com/economia/2020/03/17/mis_derechos/1584433986_403759.html