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¿Puedo dejar de pagar el alquiler durante el estado de alarma?

¿Puedo dejar de pagar el alquiler durante el estado de alarma?

Existen pocas herramientas jurídicas, y aún menos jurisprudencia, que se puedan utilizar para resolver conflictos contractuales de arrendamientos que surjan por el parón económico de los negocios.

La declaración del estado de alarma no sólo ha provocado el confinamiento de los ciudadanos en sus casas, sino también el cierre de muchos locales comerciales y el parón económico de los mismos, al no estar muchas de ellos entre las actividades que pueden permanecer abiertas, según especifica el real decreto 63/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Frente a esta situación, y ante la inminente de pago de la renta de estos inmuebles, son muchos los que se preguntan si podrían lograr una rebaja del arrendador o dejar de pagar el alquiler hasta que se levante el estado de alarma en el país.

Los expertos de Andersen Tax & Legal explican que, actualmente, existen pocos ejemplos jurisprudenciales asimilables a lo que ha provocando la pandemia del coronavirus. Sin embargo, sí se han dictado sentencias relacionadas con la gripe A que podrían servir de referencia. Además, también destacan dos figuras legales que resultarán esenciales en este periodo para resolver los conflictos contractuales: por un lado, está la fuerza mayor regulada en el artículo 1105 del Código Civil y, por el otro, la cláusula rebus sic stantibus, que ante situaciones excepcionales, podría permitir la modificación de las obligaciones de un contrato.

¿Puede el arrendatario de un local de negocio no pagar el alquiler por la declaración del estado de alarma?

Para responder a esta duda hay que diferenciar entre dos supuestos de hecho: que la actividad desarrollada en el local sea una de las que no ha sido suspendida por el real decreto; o que el negocio sí esté entre los que han sido interrumpidos. Aunque en ambos casos se alcance una solución similar, desde Andersen Tax & Legal explican que existen matices que deben tenerse en cuenta dependiendo del caso.

Actividades que no han sido suspendidas por el real decreto

En los locales donde se desarrolla una actividad que no ha sido suspendida por el real decreto, no existiría ninguna causa de exoneración de pago o modificación de la renta mensual, pues la explotación del local, oficina o nave industrial depende única y exclusivamente de la voluntad del arrendatario. Sin embargo, muchas de estas actividades se han visto gravemente afectadas por el confinamiento.

Las limitaciones impuestas a la mayoría de la ciudadanía han restringido la actividad de esos negocios. Por eso, difícilmente puede defenderse que exista la posibilidad de explotar un local de negocio como una clínica de fisioterapia o una ortopedia y a la vez dar cumplimiento al contenido del RD 463/2020. Por esa razón, el Gobierno ha previsto prestaciones específicas para aquellos dueños de negocios que vean su facturación mermar en un 75% respecto al semestre anterior, desde la adopción del estado de alarma.

En cualquier caso, lo razonable es que se estudien los casos de manera individual, sin que quepa proponer soluciones generales.

Actividades que sí han sido suspendidas por el RD 463/2020

Los negocios que sí entran entre las actividades suspendidas por el real decreto resultan menos controvertidas. Para determinar las soluciones aplicables a las contingencias que sobrevengan debe atenderse siempre, en primer lugar, a los términos y condiciones expresamente pactados por las partes en el contrato de arrendamiento en relación con situaciones extraordinarias o de fuerza mayor.

Si las partes no han convenido nada, será entonces cuando haya que acudir a las distintas figuras legales desarrolladas en nuestra normativa y en nuestra jurisprudencia.

Se pueden encontrar argumentos para solicitar la suspensión de la renta en las normas generales del Código Civil (CC) en materia de arrendamientos. El artículo 1554.3.a establece como obligación del arrendador «la de mantener al arrendatario en la posesión útil y pacífica de la cosa», obligación que ahora resulta de imposible cumplimiento. El Tribunal Supremo ha entendido que el arrendador responde de las perturbaciones causadas por él mismo tanto de hecho como de derecho y de las perturbaciones de derecho causadas por terceros.

Desde el momento en que la imposibilidad es temporal y el pago de la renta deriva o depende del goce pacífico de la cosa (artículos 1555.1º y 1556 del Código Civil), podría legitimarse la suspensión de la renta durante el tiempo que duren las medidas del estado de alarma.

Fuerza mayor

El artículo 1105 de nuestro CC regula la figura de la fuerza mayor: «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.»

El brote del Covid-19 podría encuadrarse dentro de lo que la jurisprudencia entiende como «acto de fuerza mayor» al ser un suceso imprevisible e inevitable, y que resulta objetivamente irresistible para las partes, derivándose de un origen externo. Así se ha determinado en supuestos de emergencia sanitaria similares, como en el caso de la gripe A.

Sin embargo, la aplicación de la fuerza mayor como causa que permita exonerar al arrendatario de la obligación de abonar la renta durante el tiempo que dure la suspensión de la actividad o la limitación de movimiento debe adoptarse con cautela. No hay precedentes en la jurisprudencia de una crisis como la actual, por lo que no resulta fácil saber cuál será la doctrina que adopten los tribunales.

Aunque no es descartable que la fuerza mayor permita exonerar del pago de la renta a los arrendatarios, no se puede asegurar con plena certeza y, por tanto, de suspenderse el pago podría darse lugar a un incumplimiento contractual.

Cláusula rebus sic stantibus

En directa relación con lo anterior hay que preguntarse si es posible revisar las obligaciones y contratos como consecuencia de los efectos de la declaración de estado de alarma. La cláusula rebus sic stantibus permite la modificación de las obligaciones de un acuerdo, e incluso la resolución en algunos casos, cuando, por circunstancias sobrevenidas se rompe el equilibrio económico del contrato y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento. En el caso que estamos analizando, podría permitir una reducción o rebaja del importe de la renta, e incluso, en determinados casos, la suspensión temporal del pago de la misma durante un período determinado.

Para que pudiera resultar de aplicación es necesario que se aprecien de forma conjunta: una alteración extraordinaria, imprevisible e inimputable de las circunstancias en el momento de cumplir las obligaciones en relación con las existentes al tiempo de la perfección del contrato; una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes que suponga el derrumbe del contrato por aniquilación del equilibrio de prestaciones; y, que se carezca de otro remedio para la resolución del problema aplicación subsidiaria.

Existe jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo decidió aplicar esta cláusula con la finalidad de modular temporalmente la renta pactada -sentencia nº 591/2014, de 15 de octubre de 2014- todo ello por considerar que concurrían los elementos de imprevisibilidad y de excesiva onerosidad.

La aparición del Covid-19 como hecho imprevisible, podría permitir activar la cláusula rebus sic stantibus, siempre que se acredite la desproporción de las prestaciones del arrendatario, destacan los expertos. Las consecuencias a la aplicación de dicha cláusula consistirían, precisamente, en el restablecimiento del equilibrio entre las partes que podría ser, mediante una rebaja de la renta, repartiendo así el riesgo entre las partes, o incluso establecer la posible suspensión temporal del pago de la misma como fórmula modificativa de un contrato de arrendamiento de larga duración, dado el carácter explícitamente temporal de la alteración extraordinaria.

Sin embargo, es conveniente apuntar que el alto tribunal considera la aplicación de esta cláusula un remedio extraordinario y excepcional.

Además, es esencial que cuando las partes negocien la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus se detallen las razones por las que motivan su aplicación al caso concreto. Es decir, deberá incidirse en que la modificación del precio de la renta o la suspensión temporal del pago de la misma se debe al riesgo expansivo de la pandemia, y en consecuencia la imposibilidad de prestar la actividad debido a la situación de emergencia sanitaria; y que, la referida modificación dejará de aplicarse en el momento en el que el Gobierno levante el estado de alarma y el resto de restricciones legales.

No obstante, y dadas las constantes y distintas medidas que está adoptando el Ejecutivo, las respuestas anteriormente expuestas podrán llegar a verse modificadas, apuntan desde Andersen Tax & Legal.

¿Qué sucede si el contrato de alquiler finaliza el 31 de marzo y tengo arrendado otro inmueble desde el 1 de abril? ¿Debo abonar el nuevo alquiler? ¿Qué sucede con la resolución del anterior y la entrega de la posesión del nuevo?

En este caso, el arrendador se compromete a poner a disposición del arrendatario el inmueble de tal manera que este pueda usarlo y disfrutarlo y arrendatario se compromete a abonar mensualmente el pago de la renta.

Así las cosas, y tomando en consideración los supuestos de aplicación de la fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus, así como la restricción a la libertad de circulación, se podría concluir que en el caso de que se acredite que no se puede realizar la mudanza, el arrendatario no tendría la obligación de abonar el nuevo alquiler, dado que no puede utilizar y disfrutar lo que es objeto de arriendo debido a una causa de fuerza mayor -restricción a la libertad de circulación, y, por ende, a efectuar la mudanza.

Al ser imposible acceder al piso, no sería obligatorio abonar el nuevo alquiler, al menos mientras dure el estado de alarma.

El arrendatario también podría aplazar la obligación de restitución del inmueble cuyo contrato iba a verse resuelto a partir del 31 de marzo de 2020 en base a la existencia de una causa de fuerza mayor y ello durante todo el tiempo que se extienda el estado de alarma. Lo anterior no impediría que se continúe abonando la renta de la vivienda que se ocupa.

Fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/30/5e7e4cd0e5fdea323a8b4597.html

Los abogados laboralistas no dan abasto mientras los penalistas notan el parón judicial

Los abogados laboralistas no dan abasto mientras los penalistas notan el parón judicial

El pasado 14 de marzo todo el territorio español entraba en una situación de estado de alarma y con ello muchos sectores profesionales veían cómo se paralizaba su actividad. Éste es el caso de la Justicia y los profesionales que dependen de ella, principalmente abogados y procuradores, que no han quedado ajenos al convulso panorama que vive el país.

La actividad judicial está casi en punto muerto, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en consonancia con el decreto de estado de alarma. Sólo se atienden asuntos inaplazables y urgentes como son las causas con presos, medidas cautelares o temas de violencia de género.

La situación económica del país ha llevado a muchas empresas a adherirse a un ERTE, siendo esto el gran caudal de trabajo para los abogados ahora mismo, haciendo de los especialistas en temas laborales a la fecha los profesionales más demandados.

En la situación opuesta se encuentran los abogados penalistas, que están sintiendo la paralización de la actividad judicial y temen las consecuencias económicas que esto conllevará. Al estar prohibido salir de casa para todos los ciudadanos, la tasa de criminalidad cae.

En los despachos grandes, pequeños y medianos de Sevilla, que en su gran mayoría han optado por el sistema de teletrabajo, no entran asuntos nuevos, salvo consultas en materia laboral vinculadas a los ERTE o en temas de arrendamientos.

«El esfuerzo del equipo de laboral es tremendo. No dan abasto», relata a este periódico e letrado Álvaro Moreno, de Nertis ETL Global, que añade como un tema muy recurrente estas semanas el pago a proveedores, tanto por quien debe abonar las facturas como por quien debe recibir el dinero, en pleno estado de alarma, cuestión en la que el Gobierno no se ha metido.

Sobre los arrendamientos, Moreno advierte que no hay causa que justifique el impago de la renta y apunta a una gracia del arrendador. En este sentido, José Manuel García-Quílez, socio de Zurbarán Abogados, llama a la solidaridad de sus clientes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes de reducción de la renta, sobre todo, porque ambas posturas son defendibles, el que quiere cobrar y el que no quiere pagar.

El departamento laboral de su bufete está «desbordado» ante la inquietud de los empresarios para gestionar la plantilla. A este respecto, la abogada laboralista Enriqueta Artillo explica a este periódico que están «saturados», sobre todo, por intentar ajustar la normativa laboral con la rapidez que requieren los clientes.

Pero «no es sólo presentar el ERTE, sino decidir qué tipo, tramitarlo, asumir los problemas que está dado el sistema telemático y ayudar a la empresa a buscar la mejora estrategia», ha indicado, al tiempo que ha valorado el esfuerzo que están haciendo muchas empresas por mantener la actividad con normalidad dentro de la situación de excepción que se vivie y de cambios constantes.

Artillo considera muy mejorable la actuación del Gobierno central en materia laboral, criticando duramente el decreto publicado el pasado domingo a falta de 20 minutos para la medianoche. «Tiene lagunas», ha asegurado .«Muchas empresas no sabían si tenían que abrir o no».

Por último, ha resaltado de nuevo que «muchas empresas hacen un esfuerzo por mantener la plantilla dentro de esta situación. Y otras que van a un ERTE porque no tienen más remedio. También las hay que han adoptados todas las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno y ayer se vieron obligadas a cerrar porque no son esenciales, con las consecuencias que ello deriva».

Cuestiones familiares

García-Quílez señala como otra consulta frecuente los cumplimientos de los plazos de los contratos de obras. El Gobierno ya ha paralizado durante dos semanas la construcción. No obstante, precisa que en materia de obras públicas sí existe regulación legal para las suspensiones. En la privada, si acudimos al Código Civil, también la hay por fuerza mayor o acontecimiento de circunstancia imprevisible.

En cuanto al ámbito penal, advierte del atasco que esto supondrá en el sistema, que tardará meses en recuperar la normalidad. Augura para el final del confinamiento, un aumento de las crisis matrimoniales. Precisamente, los asuntos de familias, como el régimen de custodia, está siendo muy analizado estos días.

Por esto, a Lourdes Sivianes Ferrera de Castro, consejera de Cremades&Calvo-Sotelo y especialista en Derecho de Familia en un despacho unipersonal, no le falta el trabajo con las custodias o separaciones. «A nivel personal, muchas personas están aprovechando este tiempo para tomar decisiones sobre su vida». La actividad económica de su despacho ha subido por la mediación a distancia, por ejemplo.

Elena García forma parte de un pequeño despacho con otros tres abogados, que ya acusa la falta de actividad penal. Lamenta que se haya paralizado la presentación de asuntos para iniciar procedimientos nuevos, lo que causa «un destrozo laboral y económico».

Los ERTE y los asuntos de familias siguen llegando a su bufete. «La gente está muy nerviosa» con la incertidumbre de las medidas laborales del Gobierno y con los regímenes de visitas de los niños de padres separados porque en cada provincia se ha marcado un criterio distinto, tras la decisión del CGPJ. «En Sevilla se apela al sentido común de los padres», afirma la abogada, advirtiendo de los problemas que esto puede acarrear si se dan situaciones de abuso de derecho.

«Es un golpe que va a afectar a todos»

Asuntos laborales, administración local, contratación pública, liquidaciones tributarias o suspensiones son las consultas más recurrentes que están entrando en Montero Aramburu, pero también sobre cancelaciones de espectáculos y eventos deportivos, sobre todo de artistas y productoras. «La casuística es muy amplia», aclaran desde este bufete.

La socia del departamento Procesal y Civil del mismo, Soledad Fernández, cuenta a ABC la ingente cantidad de asuntos sobre arrendamientos que tienen encima. Hay que buscar una solución beneficiosa para las dos partes porque el Gobierno, en sus medidas, no ha abordado este asunto, y porque ambas partes tienen argumentos de defensa.

El Código Civil recoge un supuesto en arrendamientos rústicos para una rebaja de la renta en caso de que el arredantario pierda más de la mitad de los frutos de la cosecha por causa de fuerza mayor y cree que los tribunales podrían aplicarlo analógicamente en un futuro.

Miguel Delgado, abogado penalista del Bufete Delgado Lamet y Asociados, asegura que existe una paralización total de la actividad en su despacho, como en tantos otros de la capital, lo que repercutirá en la economía de los mismos. Avisa de los desistimientos de causas por los justiciables y lo que conllevará en pérdidas para los bufetes. «Es un golpe que va a afectar a todos, incluidos a despachos de abogados».

Desde el despacho Avelino Abogados, especialista en responsabilidad civil y accidentes, el estado de alarma aún no se ha notado porque siguen tramitando muchas reclamaciones, aunque no hay juicios ni clientes nuevos.

Fuente: https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-coronavirus-sevilla-abogados-laboralistas-no-abasto-mientras-penalistas-notan-paron-judicial-202003310737_noticia.html

La pandemia provoca un lío judicial por las visitas en hijos de parejas divorciadas

La pandemia provoca un lío judicial por las visitas en hijos de parejas divorciadas

El régimen de visitas se ha convertido en un quebradero de cabeza en el que los juzgados no se ponen de acuerdo.

María y Fernando están separados y tienen dos niños. El coronavirus y el decreto del estado de alarma les pilló casi por sorpresa y pensar en cómo debían proceder con sus hijos, que reparten el tiempo en dos hogares de común acuerdo, no era lo prioritario. Pasados varios días, los dos han acordado continuar como hasta el momento. Los dos menores continuarán pasando las jornadas acordadas previamente en los dos domicilios. Fernando y María tienen suerte y una relación amistosa. Otras muchas parejas divorciadas, no. El régimen de visitas se ha convertido en un quebradero de cabeza en el que los juzgados no se ponen de acuerdo. En los últimos días, distintas instancias han adoptado resoluciones distintas, incluso contrarias, que ahondan en el problema.

Barcelona y Gijón son dos ejemplos. En Barcelona, los juzgados de primera instancia especializados en familia han acordado en una reunión virtual de magistrados que debe ser el progenitor que tenga otorgada la custodia o quien la estuviera disfrutando en el momento de la alarma quien la mantenga durante la cuarentena. El acuerdo, al que ha tenido acceso El Confidencial, avisa de que los padres deben tratar de fomentar el acuerdo mutuo dada la situación excepcional. Si alguno de los dos está contagiado, concurre causa de fuerza mayor y el régimen de visitas queda suspendido automáticamente. Fuera de estos casos, consideran que el más recomendable a nivel sanitario es que los niños se queden solo con uno de los dos.

En Barcelona y Gijón, los jueces han acordado que los niños se queden con quien tenga la custodia o la disfrutara en el momento del decreto de alarma

«A fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial, el progenitor custodio deberá facilitar particularmente por medios telemáticos como Skype, Facetime o videollamada de WhatsApp el contacto de los hijos con el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturben las rutinas o los horarios de descanso de los menores», dicen los magistrados barceloneses.

En la misma línea se han pronunciado los jueces de Gijón. El resultado de una junta sectorial de jueces de familia se ha inclinado por unificar criterios y ha suspendido los regímenes de visita. Sin embargo, mantiene los intercambios entre un domicilio y otro, obligando a que el padre o la madre recoja a los niños en el domicilio del progenitor que finaliza su estancia. Otros magistrados, como una jueza de Alcorcón, también han decidido cortar por lo sano y dejar que los niños se queden con quien estuviera a su cargo cuando entró en vigor la limitación de la movilidad.

El virus no es una excusa

Sin embargo, en Aragón y en Navarra, la decisión ha sido justo la contraria. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha asumido el criterio de los juzgados de familia de Zaragoza, según el cual la custodia y el régimen de vistas deben mantenerse, «salvo en supuestos excepcionales y que se deberán justificar adecuadamente». Afirman los jueces que las excepcionales circunstancias en las que ahora vive el país por el Covid-19 «no deben servir de excusa, ni amparar, el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales».

Eso sí, quedan allí suspendidas las visitas tuteladas en los puntos de encuentro familiar, según acuerdo de la Junta de Jueces de Zaragoza, porque habida cuenta del reducido espacio en el que tienen lugar, suponen una excesiva exposición de los menores al riesgo de contagio del virus. Los jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Pamplona también han reaccionado ante las dudas surgidas. Mantienen para la compartida los cambios en las fechas que correspondan, arbitrando en su caso la forma en que el menor resulte menos expuesto al coronavirus, y también apoyan que prosigan las visitas de fines de semana.

FUENTE: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-18/la-pandemia-provoca-un-lio-judicial-por-las-visitas-a-los-hijos-de-los-divorciados_2505583/

¿Hay que seguir pagando el gimnasio, las clases de inglés y la guardería aunque no vayamos?

¿Hay que seguir pagando el gimnasio, las clases de inglés y la guardería aunque no vayamos?

El cierre de los colegios, guarderías, gimnasios, centros educativos públicos pero también privados, nos ha pillado a mitad de mes, con la mensualidad probablemente ya pagada. Sin embargo, el consumidor no va a poder utilizar ya esos servicios.

Las asociaciones de consumidores recuerdan que los usuarios pueden interrumpir el pago de estas cuotas si no van a utilizar los citados servicios.

En las últimas semanas las aerolíneas ya avisaron a los pasajeros que tenían comprados billetes que podían anularlos sin coste, o cambiar las fechas. Renfe también lo hará con los billetes de tren, y devolverá el importe a todos los afectados por las restricciones para frenar el coronavirus.

¿Hay que seguir pagando las cuotas de las actividades que se han cerrado? 

En cuanto a la situación de los usuarios por las interrupciones de servicios y cancelaciones de eventos, la pauta general, según recuerdan las asociaciones de consumidores, es «que estamos ante circunstancias excepcionales, no hay una normativa específica que contemple el coronavirus», señalan desde la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU). Recuerdan que cuando cambian las circunstancias de un contrato y estas circunstancias son de fuerza mayor se puede rescindir el mismo (la cuota del gimnasio, la guardería, la academia…). Para que una circunstancia se considere causa de fuerza mayor tiene que ser algo que no esté en el contrato, ajeno a las partes, es decir, que no dependa de la voluntad de ninguna de ellas, y que sea imprevisible. «El consumidor tiene derecho en cualquier relación contractual a cancelar este acuerdo y esto supone el reintegro total o parcial del dinero», señalan desde OCU.

¿Si han cancelado un concierto o un espectáculo, me devuelven el dinero?

En cuanto a los espectáculos públicos, la normativa que lo regula es autonómica y en general recoge el derecho de los consumidores al reembolso del precio de las entradas del espectáculo. En Madrid, por ejemplo, es la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. No establece el plazo de devolución, sólo la causa de la misma. Según esta ley, «los asistentes a los espectáculos y actividades recreativas tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza mayor».

¿Qué pasa con las actividades que pagamos mes a mes, como guarderías, academias, gimnasios? 

Se les llama «servicios de tracto sucesivo» y son las actividades que se prestan de forma continuada y el pago es mensual: guarderías, academias, gimnasios… En ese caso «la causa de fuerza mayor se aplica a cualquier relación contractual». No hay una normativa específica para esto, la norma que se usa es el Código Civil, artículo 1105 y «el consumidor puede reclamar la parte proporcional del servicio no prestado, salvo que haya excepciones», señalan. La recomendación de OCU es que los usuarios «se dirijan al centro en cuestión, por escrito, alegando fuerza mayor y reclamando la parte que corresponda». Señalan que «ya las recomendaciones de Sanidad justifican la causa de fuerza mayor». «Además hay que tener en cuenta que estamos en unas condiciones excepcionales y que hay aplicar los criterios con flexibilidad, y lo mejor es llegar a un acuerdo», señalan.

¿Y si he tenido que cancelar mi boda? 

Este caso reconocen las asociaciones de consumidores que «es más complicado». Con la última prohibición que afecta a la hostelería (prohíben abrir bares y restaurantes) no se puede prestar ese servicio, por lo que «tienen que reintegrar las cantidades».

¿Si el centro se niega a devolverme el dinero?

Según OCU, debería depender «de la buena fe del comercio hacerlo de manera voluntaria» y no obligar al consumidor a acudir al juez. Fuentes del sector señalan, además, que si alguna empresa quiere acceder a alguna de las ayudas que ha aprobado el Gobierno para pymes afectadas por el impacto del coronavirus «debería actuar de buena fe en este sentido».

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2020/03/14/5e6b6c8421efa0e07e8b45fd.html

El alquiler en Barcelona rompe la barrera de los 1.000 euros

El alquiler en Barcelona rompe la barrera de los 1.000 euros

En el tercer trimestre del 2019 los precios de los nuevos arrendamientos batieron un nuevo registro histórico.

Hace mucho tiempo que el precio de los alquileres en Barcelona y la mayoría de municipios de su área metropolitana no para de subir. Y bastante tiempo que algunos expertos –no todos– vienen anunciando que esos precios han tocado techo. Sin embargo, a juzgar por los datos oficiales que acaba de hacer públicos la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, correspondientes al tercer trimestre del 2019, queda claro que, en todo caso, se trata de un techo movible, que cada vez está más alto. Y es que, por primera vez en la historia, los nuevos alquileres firmados en la capital catalana en ese período (del 1 de julio al 30 de septiembre del año que acabamos de dejar atrás) han superado el listón de los 1.000 euros mensuales.

Mil cinco euros con 79 céntimos. Este es el precio medio de un nuevo contrato de alquiler en la ciudad de Barcelona. El resultado viene dado por el recuento de las fianzas depositadas obligatoriamente en el Institut Català del Sòl (Incasòl) cada vez que se cierra una operación de arrendamiento de una vivienda en el municipio. Es un 6% más que en el tercer trimestre del 2018 y supone batir el récord anterior, que ha tenido una vida fugaz: había quedado establecido en 968,89 euros en el segundo trimestre del 2019.

La Maternitat i Sant Ramon, el Poblenou y el Fort Pienc entran en el club de los barrios más caros.

Todos los distritos de Barcelona registran subidas respecto al mismo período del 2018 pero la intensidad de esas alzas varía en función del territorio. La más moderada (apenas un 1,17%) se da en el distrito más caro de la ciudad (Sarrià-Sant Gervasi) y las más fuertes se localizan en dos de las zonas más inflacionistas en materia de vivienda de los últimos años, Sant Martí (un 9,5%) y Gràcia (7,33%).

Si el analista situara la lupa sobre el mapa de Barcelona observaría que 18 de los 73 barrios de la ciudad rompieron en el período analizado esa barrera de los 1.000 euros mensuales. Respecto al anterior trimestre se incorporan a este club de los barrios con los alquileres más caros el Fort Pienc, la Maternitat i Sant Ramon y el Poblenou. Sólo en dos barrios de la capital catalana, la Trinitat Vella y Ciutat Meridiana, los precios bajaron de los 600 euros.

A falta de los datos del último trimestre puede darse ya por hecho que a lo largo de todo el 2019 se habrán firmado en Barcelona unos 50.000 nuevos contratos de alquiler, una cifra algo inferior a la del 2018. Se constata que desde hace tiempo la oferta real es muy inferior a la demanda potencial.

En la evolución de los alquileres en Barcelona habrá que esperar todavía bastante tiempo para certificar que la burbuja de precios va a estallar (cada vez son menos las familias que pueden permitírselo con sus ingresos). Asimismo, están por ver los posibles efectos de la aplicación del decreto de la Generalitat para mejorar el acceso a la vivienda anunciado en vísperas de la Navidad y de la concreción de las medidas apuntadas en el pacto de gobierno de izquierdas para España presentado la pasada semana por el PSOE y Unidas Podemos, que entre otras cosas abre la vía a la regulación del precio de la vivienda de alquiler en determinadas circunstancias.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200103/472675598358/alquiler-pisos-barcelona-precios.html

España lanza una campaña contra la compraventa de productos falsificados por Internet

España lanza una campaña contra la compraventa de productos falsificados por Internet

La adquisición de productos falsificados no solo contribuye al desarrollo de una economía fraudulenta que vulnera los derechos de Propiedad Industrial y los derechos de la Competencia sino que además provoca la pérdida de las garantías legales y los derechos que asisten a los consumidores como, por ejemplo, a la restitución del bien en caso de falta de conformidad.

Al mismo tiempo y debido a que, por lo general, los productos falsificados no cumplen con la normativa de seguridad, suelen presentar una calidad inferior y representar un serio peligro para la salud.

En términos económicos, y según datos publicados en el Informe de situación 2019 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), España sufre unas pérdidas anuales debidas a las falsificaciones y piratería de 6.700 millones de euros, lo que supone el 10,6% de las ventas en los once sectores clave de la economía y 146 euros anuales a cada ciudadano español.

El foco de la campaña que pone en marcha el Gobierno de España se ha centrado en las compras online, ofreciendo un total de diez recomendaciones que ayudarán a identificar los productos falsificados en internet.

Diez recomendaciones antes de comprar vía online

  1. Comprobar la identidad del vendedor: el nombre de la tienda, su domicilio social así como sus datos de contacto (dirección, correo electrónico o teléfono y fax) normalmente publicados dentro del “Aviso Legal” y en las “Condiciones Generales” de la web. Las empresas cuyas páginas web terminen en “.be”, “es”, “.fr” o cualquier otra extensión de un país europeo no necesariamente tienen porqué estar ubicadas en la Unión Europea.
  2. Buscar opiniones de otros usuarios. Las que son excesivamente positivas o demasiado vagas pueden ser de la propia tienda online lo que constituiría una práctica ilegal.
  3. Investigar si la tienda tiene sellos de confianza en cuyo caso, comprobar en la página web de la empresa que lo otorga que la tienda en la que vamos a comprar dispone realmente de dicho sello.
  4. Evaluar el diseño de la web. Las páginas web con errores ortográficos o gramaticales, imágenes de mala calidad, o cuyo diseño no parecen muy profesionales pueden contener productos falsificados.
  5. Localizar los derechos del consumidor. La web debe contener información clara y suficiente sobre los derechos que asisten a los ciudadanos en materia de consumo tales como el derecho a desistir durante los primeros 14 días sin necesidad de justificar el motivo o el plazo de la garantía legal mínima.
  6. Comprobar que puede visualizarse el producto. La tienda online debe mostrar con calidad suficiente la imagen del producto en su totalidad con el fin de poder observar sus características.
  7. Comparar el precio total (impuestos incluidos) en distintas páginas web, así como los posibles gastos adicionales como los de envío, de embalaje especial o derechos de aduana. Un precio excesivamente bajo es motivo de sospecha.
  8. Verificar que la web es un canal de venta autorizado. Cotejar en la página web de la marca oficial que la tienda online donde se va a realizar la compra es un canal de venta autorizado.
  9. Asegurarse de que el medio de pago es seguro. Verificar que la URL de la web empiece con https, pagar preferentemente con una tarjeta de crédito y evitar las transferencias directas de dinero.
  10. Valorar el coste/beneficio de los productos reacondicionados. La garantía y la calidad de estos productos suelen ser distintas a las de los productos nuevos.

Fuente: https://cordobabn.com/2020/01/02/espana-lanza-una-campana-contra-la-compraventa-de-productos-falsificados-por-internet/

La nueva ley hipotecaria provoca otra fuerte caída en la venta de pisos

La nueva ley hipotecaria provoca otra fuerte caída en la venta de pisos

En septiembre la compraventa de viviendas se deja un 12%, tras el 21% del mes anterior.

La compraventa de viviendas bajó un 12% en septiembre en relación al mismo mes de 2018, hasta sumar 37.995 operaciones, su cifra más baja en un noveno mes desde 2016, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, se encadenan dos meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de que en agosto se diera un desplome del 21%.

“Gran parte de esta caída viene motivada por la entrada en vigor de la ley hipotecaria , que provocó que durante la segunda quincena de junio y los primeros días de julio apenas se concediera financiación hipotecaria en España y por tanto muchas operaciones no pudieron cerrarse”, apunta Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista. Ismael Kardoudi, director de Estudios y Formación de Fotocasa, coincidió con este análisis, añadiendo que es previsible “que este efecto será puntual”.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), la compraventa aumentó un 7,4%, mayor avance en este mes de los últimos cinco años.

Préstamos

Caída de la concesión de nuevas hipotecas

La nueva ley incluye una serie de medidas de seguridad y transparencia, como la obligación del cliente de acudir al notario para analizar la documentación remitida por el banco y la prohibición de las cláusulas suelo, lo que puede haber supuesto un menor número de préstamos concedidos al exigir un análisis más riguroso de la solvencia de los clientes antes de conceder las hipotecas.

El retroceso registrado en septiembre fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas en un 10,1%, hasta 31.568 transacciones, y del descenso en un 20,1% en la compraventa de viviendas nuevas, hasta 6.427 operaciones. El 90,8% de las viviendas transmitidas fueron viviendas libres –con una caída del 11,4% interanual en las transacciones– y el 9,2%, protegidas –con un descenso del 17,1% interanual–.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, considera que los datos siguen evolucionando a la baja aunque lo hacen de manera más moderada que en el mes anterior. También piensa que el sector empieza a encaminarse a normalizar las cifras de transacciones después de un verano “complicado” y “muy condicionado” por la nueva ley hipotecaria, y otros factores como la parálisis política, el Brexit o la ralentización económica, que “también están condicionando de manera clara todas las estadísticas”.

El mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (151), Murcia (135) y Baleares y Madrid (111 en ambos casos). Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el noveno mes del año, con 7.307 compraventas, seguida de Catalunya (6.061), Comunidad Valenciana (5.939) y Madrid (5.766).

Todas las comunidades redujeron sus compraventas de viviendas en septiembre salvo Aragón y Murcia, que las incrementaron un 3,7% y un 3,1%, respectivamente. Los mayores retrocesos interanuales se registraron en Asturias (-27,5%), La Rioja (-25,2%) y Navarra (-22,6%).

Foto: Mané Espinosa

Compraventa

Hasta 143.471 fincas cambian de manos

Sumando las fincas rústicas y urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas el pasado mes de septiembre alcanzaron las 143.471, cifra un 3,7% inferior a la registrada en el mismo mes de 2018.

En septiembre, el mayor número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes se dio en Aragón (584), Castilla y León (575) y La Rioja (574). Los mayores incrementos interanuales registraron en Aragón (+16,6%) y Galicia (+5,4%), mientras que los mayores descensos correspondieron a Asturias (-14,5%), Madrid (-12,9%) y La Rioja (-11,5%).

FUENTE: https://www.lavanguardia.com/economia/20191112/471548764500/vivienda-pisos-compra-venta-septiembre-ley-hipotecaria.html

Oportunidades y retos en el nuevo marco para comprar medicamentos

Oportunidades y retos en el nuevo marco para comprar medicamentos

Las secciones de Derecho Sanitario y Farmacéutico y Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid organizaron durante este mes una mesa de debate sobre la compra pública de medicamentos, en el que se abordaron los principales retos y oportunidades en este ámbito.

Entre los participantes en el debate se encontraban los directores legales y abogados de los mas importantes laboratorios de España, así como representantes de FarmaindustriaBiosim y otras organizaciones empresariales del sector, las cuales, como señaló el presidente de la Sección de Derecho Administrativo, Alberto Dorrego, representan a un sector «muy especial», porque una parte muy significativa de dichas compras hospitalarias vienen referidas a medicamentos innovadores con derechos de patente en vigor, cuya adquisición se realiza mediante procedimientos negociados por exclusividad que presentan «una problemática muy singular».

Por su parte, la presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico, Nuria Amarilla, se refirió a algunas de las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en 2018, como la correcta determinación de la necesidad institucional, además del papel de los criterios cualitativos (sociales, laborales, medioambientales y de innovación) en el proceso de compra pública en el sector farmacéutico.

En el debate intervinieron los abogados Jordi Faus, de Faus & Moliner, y Raquel Ballesteros, de Bird&Bird, así como Francisco Valero, coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Valero insistió en que la nueva Ley ha mejorado los mecanismos de agregación de la demanda en la compra pública de medicamentos, facilitando los acuerdos marco de ámbito nacional y la operativa subsiguiente de los contratos derivados, «muy eficiente y ágil para los centros de compra». Destacó, no obstante, la necesidad de insistir y mejorar estos instrumentos «como vía de racionalización del gasto farmacéutico«.

Difícil encaje

Por su parte, Faus y Ballesteros analizaron diversos aspectos de la contratación pública farmacéutica, tanto en las licitaciones abiertas (con la problemática de la conformación de lotes por indicaciones y la organización de las licitaciones con biosimilares), como en los procesos de compra de medicamentos exclusivos. Ambos ponentes pusieron de relieve el complejo encaje de los procedimientos de fijación del precio de financiación por la CIMP y la posterior compra por los servicios de Salud de las CCAA y los hospitales, una dualidad que, subrayaron, «genera ineficientes costes administrativos» que «en muchas ocasiones resulta difícilmente explicable a los laboratorios extranjeros».

Además de esto, se abordó la cuestión de la financiación y el modelo de contratación de las terapias avanzadas, el inexorable camino hacia la integración de prestaciones en la compra pública (combinando en un mismo contrato medicamentos, servicios y tecnología), las dificultades y límites del pago por resultados y el espacio para la colaboración público-privada en el sector farmacéutico (los acuerdos de riesgo compartido).

Los ponentes habrían coincidido en poner de relieve las disfunciones que puede llegar a generar la pérdida de confidencialidad de los acuerdos de compra de medicamentos entre los laboratorios y los hospitales, que puede lesionar gravemente el interés público, la sostenibilidad del SNS y el derecho de acceso de los pacientes a los tratamientos mas innovadores. En este sentido, recuerdan que la vigente Ley de Contratos del Sector Público contempla mecanismos para preservar la confidencialidad en estos acuerdos de compra, que han de ser debidamente implementados. Por ello, destacaron como «muy positivo» el reciente cambio de orientación en este punto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que se alinea con la doctrina que se viene asentando en los principales países de la UE.

Fuente: https://www.diariofarma.com/2019/10/09/autoridades-y-juristas-senalan-oportunidades-y-retos-en-el-nuevo-marco-para-comprar-medicamentos

Comprar una casa de 90 metros cuadrados ya supera los 300.000 euros en Madrid y Barcelona; alquilarla, los 1.400 euros

Comprar una casa de 90 metros cuadrados ya supera los 300.000 euros en Madrid y Barcelona; alquilarla, los 1.400 euros

Los españoles tienen que destinar en torno al 30% de sus ingresos para adquirir una vivienda en Barcelona (31%) y Madrid (27%), según un informe de Century 21.

Por detrás, destacan el desembolso que realizan en Palma de Mallorca y Bilbao, que tienen una tasa de endeudamiento que ronda el 27%. También destaca Sevilla, con una tasa del 19%.

Según el informe, Barcelona (1.059 euros mensuales) se sitúa a la cabeza como la capital que tiene una cuota más alta para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados. Por detrás, le siguen Madrid (775 euros) y Bilbao (775 euros).

Sin embargo, Century 21 apunta que, no obstante, en todas las capitales, sin excepción, el valor de compra de una vivienda de estas características está por debajo de la capacidad financiera máxima aconsejada, según informa Europa Press.

Así, en Barcelona la mensualidad de compra de una vivienda de 90 metros cuadrados se sitúa por debajo del 5% de la capacidad financiera máxima aconsejada, mientras que en Madrid se encuentra en el -18%.

En Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid y Barcelona adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados supera los 200.000 euros y únicamente es superior a los 300.000 euros en la capital española y la ciudad Condal.

Sin embargo, al analizar las principales comunidades y regiones metropolitanas, se observa que el precio más caro para adquirir una vivienda de estas características se da en San Sebastián, donde un inmueble de 90 metros cuadrados cuesta unos 399.815 euros.

Por otro lado, el informe apunta que a excepción de Barcelona, el límite de capacidad financiera de las familias les permitiría adquirir un inmueble de más de 100 metros cuadrados en todas las capitales analizadas.

BRECHA ALQUILER COMPRA

En esta línea, el informe pone de relieve que existe una brecha existente entre la tasa de esfuerzo mensual destinada al alquiler frente a la de compra, ya que, según Century 21, en todas las ciudades analizadas es posible adquirir una vivienda con dimensiones superiores a las que permite el alquiler con una mensualidad equivalente a un tercio de los ingresos disponibles.

Concretamente, respecto al alquiler, Century 21 ha resaltado que los precios de los alquileres en las capitales varían entre los 4,2 euros por metro cuadrado que se recogen en Mérida y los 16,5 euros por metro cuadrado de Barcelona.

Por encima de los 10 euros por metro cuadrado se encuentran Madrid (15,8 euros), Bilbao (11,7 euros) y Palma de Mallorca (11,4 euros por metro cuadrado).

Además, Barcelona y Madrid sobresalen con respecto a las demás capitales analizadas, ya que los alquileres de viviendas de 90 metros cuadrados se encuentran en estas dos capitales por encima de los 1.400 euros mensuales.

Respecto a la tasa de endeudamiento, de nuevo, Barcelona (44%), Madrid (40%) y Palma de Mallorca (34%) destacan por presentar tasas de endeudamiento para arrendar por encima de lo deseable. Además, son las tres capitales donde alquilar una vivienda adecuada al nivel de ingresos implica tener que prescindir de metros cuadrados.

Al comparar el alquiler con la compra, se observa que, en general, adquirir una casa de 90 metros cuadrados implica una carga mensual de entre un 20% y un 29% por debajo de las cifras de alquileres que se aplican en ese mismo mercado.

LA RENTABILIDAD BRUTA DEL ALQUILER CRECE UN 5,51%

Por otro lado, la rentabilidad bruta del alquiler en España se situó en el 5,51% en el tercer trimestre del año, según se desprende de la estadística trimestral de pisos.com.

En concreto, el portal inmobiliario ha explicado que este porcentaje se obtiene al tener en cuenta que el precio medio de compra de una vivienda en España en el tercer trimestre fue de 213.696 euros y la renta media mensual de 982 euros, por lo que los propietarios obtuvieron un total de 11.784 euros brutos anuales.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, se ha registrado un leve aumento de la rentabilidad, ya que en el periodo de julio a septiembre de 2018, la rentabilidad media bruta del alquiler fue de nueve centésimas inferior a la de este año (5,42%).

Por comunidades autónomas, la rentabilidad bruta de viviendas en alquiler en España oscila entre la rentabilidad del 6,46% registrada en Aragón al 3,38% de Baleares.

Las rentabilidades más altas en el tercer trimestre del año se han registrado en AragónCastilla-La Mancha, MurciaNavarra Comunidad Valenciana, mientras que en la parte baja del ranking se encuentran La Rioja, Andalucía Baleares, «por el elevado precio de compra de las propiedades y su elevada superficie», según pisos.com.

En Madrid Cataluña, que ocupan el décimo y el décimo cuarto puesto, las rentabilidades han sido del 5,1% y del 5,5%, respectivamente.

No obstante, el portal inmobiliario ha afirmado que estas dos comunidades autónomas registran los niveles más altos de precios de compra a nivel nacional, pero las rentas altas mensuales que perciben los propietarios de estas dos regiones por el alquiler de su vivienda «les permiten compensar la inversión inicial efectuada en la compra del activo».

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha resaltado que el ritmo del mercado inmobiliario español depende del interés de los inversores inmobiliarios y de los ingresos que obtienen a partir de la compra y posterior alquiler de una vivienda.

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2019/10/16/5da6e40a21efa0257a8b466d.html

Barcelona y Madrid figuran entre las 100 ciudades más caras del mundo

Barcelona y Madrid figuran entre las 100 ciudades más caras del mundo

Son caras, pero también dinámicas, atractivas, conectadas, visitadas y hashtageadas. Estos son algunos de los otros ‘títulos’ que comparten Barcelona y Madrid.

Barcelona y Madrid. Madrid y Barcelona. Ciudades habituales a la hora de figurar en las listas de ‘más’, si bien no siempre en el ranking deseado por sus habitantes. Uno de los más recientes ha sido el elaborado por el Índice Dynamic Cities, que ha evaluado las urbes con más capacidad para atraer y retener talento, situando Londres, París, Cambridge, Berlín y Ámsterdam en la cúspide de las 20 ciudades europeas más dinámicas, y las españolas se han colado.

Un dinamismo del que, casi inevitablemente, deriva una métrica en la que ambas capitales también destacan, y no solo de España o de Europa, del mundo. Madrid y Barcelona se encuentran entre las 100 ciudades más caras para vivir según el ranking elaborado por Mercer, la mayor empresa mundial de recursos humanos. Un estudio que ha puesto en valor el coste de vida de sus habitantes, el precio de la vivienda o el de la luz y el agua, entre otros.

Transporte, ropa, comida o alcohol son otros de los ‘básicos’ que se han evaluado para determinar las 100 ciudades más caras para vivir del mundo. En concreto, Madrid ocupa el puesto 82, un descenso bastante acusado después de haber llegado a ser la número 64 el año pasado. La capital se encuentra al mismo nivel que Bruselas, Melbourne, Santiago de Chile o Berlín. Por su parte, Barcelona ha pasado de la posición 79 en 2018 a la 91, equiparándose con Detroit o Dusseldorf.

Las más caras para comprar

Si ponemos el foco en el precio del metro cuadrado y reducimos el ámbito al estatal, en Madrid y Barcelona se encuentran las calles y distritos más caros. Según Idealista, en la Ciudad Condal se encuentra la segunda calle con el metro cuadrado más elevado de España (la primera es la Urbanización Coto Zagaleta, en Málaga). Concretamente, la inmobiliaria la ha situado en la Avinguda del Tibidabo con un precio medio de 5.858.750 euros por vivienda. En tercer puesto, el Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama, en La Moraleja, con 5.700.000 euros.

El alquiler no dista mucho de esta clasificación si se toman como referencia los datos facilitados por el Observatorio de Vivienda y Suelo publicados por el Ministerio de Fomento. Según este organismo, Barcelona es la capital más cara para alquilar un piso con una renta media que está en los 930 euros al mes. Algo por debajo figura Madrid, con 865 euros, aunque hay que tener en cuenta que el precio medio del alquiler subió un 15,1% el año pasado solo en la Comunidad de Madrid.

Las más caras para compartir

No solo alquilar, también compartir piso es caro en las dos ciudades. Es lo que pone de relieve el análisis de Fotocasa que sitúa Barcelona y Madrid como las ciudades más caras para alquilar una habitación con un precio de 491 euros al mes y 410 euros al mes, respectivamente. No obstante, el portal también comparte que en ambas ciudades y respecto al pasado año, el precio de las habitaciones ha caído ligeramente. En concreto, un -3,4% en la Ciudad Condal y un -4,2% en la capital.

Precios elevados que, sin embargo, no las desbancan como polo de atracción para las inversiones. A principios de año, un estudio elaborado por la consultora PwC apuntaba que ambas ciudades se posicionarían este año también entre las 30 ciudades europeas más atractivas para invertir en el mercado inmobiliario. En concreto, Madrid se coloca en la cuarta posición, solo por detrás de Lisboa, Berlín y Dublín. Algo más lejos, Barcelona, en la posición 27.

Las más #hashtageadas

El turismo es otro de los factores que determina en buena medida la posición de ambas ciudades, más si tenemos en cuenta que Barcelona y Madrid también se sitúan como únicas ciudades españolas entre las 35 más atractivas para los turistas internacionales, según el estudio ‘Global Destination Cities Index 2019’, que elabora anualmente Mastercard. Barcelona, con nueve millones de turistas en 2018, ha escalado un puesto, hasta el decimoséptimo. Madrid ocupa el puesto 32.

Quizá por esto, Madrid y Barcelona también figuran en el top de los lugares más mencionados en redes sociales con la etiqueta #VisitSpain. Además, tres de cada cuatro mensajes con este ‘hashtag’ impulsado por Turespaña contienen emociones positivas, según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha analizado más de 178.000 tuits y retuits. Un ‘engagement’ en el que seguro que incide la amplia oferta cultural que ofrecen ambas ciudades.

De hecho, en la oferta cultural encontramos el primer empate técnico, estimado por el buscador de alquileres vacacionales Holidu. Con 84 teatros, la capital se revela como el mejor destino para los amantes de las artes escénicas, frente a los 56 de Barcelona. La Ciudad Condal, por su parte, cuenta con 104 museos frente a los 89 de Madrid y con 181 galerías frente a las 168. Números que si bien no abaratan el coste de vida, sí aumentan el orgullo de sus habitantes.

FUENTE: https://www.lavanguardia.com/vida/20191010/47872080157/barcelona-madrid-entre-100-ciudades-caras-mundo-brl.html