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No habrá perdón judicial para las deudas de Hacienda y la Seguridad Social

No habrá perdón judicial para las deudas de Hacienda y la Seguridad Social

El texto refundido de la ley concursal excluye a los acreedores públicos de la exoneración que prevé la ley de la segunda oportunidad.

Desde el 2015, un empresario en España podía deber millones a los bancos, fondos, proveedorestrabajadores u otros prestamistas y –llegado el caso y cumpliendo los requisitos legales– tener la esperanza de obtener el perdón de todas sus deudas y empezar de nuevo. La llamada ley de la segunda oportunidad –que invitaba al empresario insolvente a buscar un convenio o plan de pagos con sus acreedores, declararse en concurso, liquidar todos sus bienes y, finalmente, pedir al juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI)–, permitía a muchos empezar de nuevo.

El procedimiento para ganarse una nueva vida en los juzgados mercantiles debía superar una dificultad casi insuperable: a la hora de cerrar el procedimiento y otorgar el perdón total de las deudas, los jueces se encontraban con que tanto Hacienda como la Seguridad Social se oponían a poner el contador a cero a los empresarios y seguían exigiendo hasta el último céntimo a los empresarios. En la práctica, la prevalencia y el carácter inextinguible del crédito público convertía el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad en una quimera para aquellos empresarios a los que hubieran sido declarados responsables solidarios de la deuda de sus empresas o las que se les hubiera derivado deudas sociales.

Alternativa funesta

Sin un perdón total, el empresario se ve empujado a la economía sumergida o a la irrelevancia

Sobre todo en los primeros años desde la entrada en vigor de la ley. Y, así las cosas, ¿de qué le servía a un empresario que lo hubiera perdido todo empezar de nuevo empezar de cero con ningún activo y un pasivo de 500.000 euros o un millón o más con las administraciones públicas? De nada. Y, ¿qué banco le iba a prestar un solo euro para emprender de nuevo a alguien con sus cuentas embargadas de por vida? Ninguno. “Tal como estaban las cosas, la ley empujaba a los empresarios a la economía sumergida, a la insolvencia de por vida o a pleitear durante unos cuantos años para intentar salir a flote”, comenta Elisa Escolà, asociada de Fieldfisher Jausas y miembro del grupo de trabajo sobre la segunda oportunidad del Ilustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Una mujer pasa por delante de las instalaciones de la Ciutat de la Justicia
Una mujer pasa por delante de las instalaciones de la Ciutat de la Justicia (Mané Espinosa)

El panorama cambió, para bien, hace un año cuando una sentencia del Tribunal Supremo fijó doctrina sobre la materia, tras años de controversias. El Alto Tribunal abrió dos vías para la exoneración de las deudas públicas a los empresarios insolventes. Todo estaba claro, aunque faltaba consolidarlo con un nuevo redactado de la ley que fuera inequívoco. La ocasión era propicia ahora, con la promulgación del texto refundido de la ley concursal, pero no ha sido así. Al contrario, se ha producido un retroceso. El nuevo proyecto de la ley concursal elaborado por el Ministerio de Justicia decía hasta el miércoles pasado que “la exoneración incluirá a los créditos de derecho público”.

Giro inesperado

El BOE de este jueves causó sorpresa e indignación entre los jueces y abogados

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado publicó este jueves el texto refundido de la ley concursal y la modificación había desaparecido. No hay perdón público para el empresario. Solo privado. Abogados y jueces estaban este jueves indignados. “Se ha querido colar como una mera aclaración de la ley concursal, pero han cambiado las reglas del juego”, explica Raúl García Orejudo, decano de los jueces mercantiles de Barcelona. Escolá tampoco entiende lo que ha pasado: “Llevábamos meses trabajado con los jueces, economistas y el propio Ministerio de Justicia en un cambio para que las deudas con las entidades públicas también pudieran ser perdonadas por el juez del concurso”. Y hasta este jueves por la mañana, todo parecía indicar que el cambio se iba a aprobar. Pues no.

Sillas de un bar cerrado en Barcelona
Sillas de un bar cerrado en Barcelona (Àlex Garcia)

Los especialistas en materia concursal echaban humo este jueves. Rubén Torrico, socio de Lexben Advocats, aseguraba que “me ha sorprendido el cambio de última hora, es una decisión que da un paso atrás en la regulación actual del mecanismo de segunda oportunidad en el momento más inoportuno posible, privando el acceso a millones de personas que van a necesitar una segunda oportunidad real”. Y es que, en medio de la doble emergencia sanitaria y económica actual, la crisis llevará a muchos empresarios al juzgado en los próximos meses. ¿Quién podrá levantarse?

Próximo cambio

España tendrá que transponer la directiva europea y arreglar el desaguisado

Además de una injusticia –¿por qué tiene que sufrir las pérdidas solo una parte de los acreedores y no todos?– que condena a corto plazo a quienes estén o vayan a estar en breve en este proceso, la marcha atrás del Gobierno tiene poco recorrido. La directiva comunitaria del año pasado que el Gobierno tiene la obligación de transponer antes de mediados del 2021 pide expresamente mejorar el marco legal para que los empresarios empiecen de nuevo tras un fracaso. De momento, el sueño del perdón total se retrasa.

De todas formas, hay una camino alternativo para quien quiera recorrerlo. Según Raúl García Orejudo, “puede haber un exceso de delegacion en el texto refundido de la ley concursal por establecer un contenido nuevo y contrario a la jurisprudencia vigente”. Esto es algo que está expresamente prohibido por la ley. “Y –añade García Orejudo–, según el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios podemos enjuiciar la adecuación del texto refundido a la delegación para que no haya excesos; en definitiva, que hay vias para seguir interpretando que el crédito publico entre en la exoneración”.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/20200508/481013798015/ley-concursal-segunda-oportunidad-hacienda-seguridad-social.html

Presente y futuro de la propiedad intelectual

Presente y futuro de la propiedad intelectual

La Union Europea, China y Latinoamérica han realizado importantes avances legislativos en los últimos meses. Los cambios de 2019 se han asentado y existen unas tendencias claras que se darán en 2020.

La propiedad intelectual es un derecho activo. Aunque sus reglas llevan fijadas décadas, la evolución de la sociedad provoca que este derecho vivo necesite de nuevos ajustes legislativos. Aprovechando el día mundial de la propiedad intelectual, Ecija ha elaborado un informe en el que presenta los hitos alcanzados en 2019 y trata de destacar las tendencias de futuro para 2020.

En los últimos años ha quedado patente que la transformación digital ha invadido todos los sectores económicos y que su uso se ha convertido en un elemento competitivo. Sin embargo, para que esta tecnología se utilice correctamente, necesita de un marco normativo que asiente unas bases que le permitan funcionar, así como evolucionar.

En este sentido, hay que destacar, como apunta Cristina Villasante, manager de IP de Ecija y coordinadora del documento, que en un futuro no muy lejano, «el papel de las infraestructuras, el 5G y la interconexión de las cosas o la inteligencia artificial obligarán a la configuración de un marco normativo que se adapte a las nuevas realidades que imponen estas tecnologías y que sea suficientemente flexible para resistir al constante cambio que supone la innovación».

Los cambios normativos y la aprobación de nueva legislación ha sido significativa tanto en la Unión Europea (UE), muy centrada en desarrollar el Mercado Único Digital -como en estados miembro como Francia, Portugal, Reino Unido o la propia España-, así como en China o países de Latinoamérica. «Sin lugar a dudas, 2019 pasará a la historia legislativa europea como el año de una de las directivas más polémicas en el campo de propiedad intelectual, como ha sido la directiva sobre derechos de autor», destaca Diego de la Vega, letrado de IP de Ecija.

Estos son, según el informe elaborado por el despacho de abogados, los principales hitos alcanzados en 2019 y las tendencias que se esperan en los próximos meses en cuanto a la propiedad intelectual.

Unión Europea

El asunto más importante tuvo que ver con la aprobación de la directiva sobre derechos de autor. En este texto, especialmente polémico, se ha establecido que «los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no autorizados de comunicación al público», es decir, que deberán llevar a cabo un control previo de los contenidos cargados por sus usuarios.

El pasado año, también se aprobó la directiva sobre radiodifusión, que pasó algo desapercibida, aunque ésta busca acabar con el geobloqueo mediante la explotación secundaria de determinadas obras a través de Internet.

En cuanto a los temas legislativos que marcarán el futuro de la UE, De la Vega apunta que, por un lado, «la Estrategia Europea Digital desembocará en una serie de normas que harán más eficaz el ecosistema de start up y pymes europeas, y mejorará las regulaciones de competencia, al tiempo que establecerá un nuevo marco para los servicios digitales que regule la responsabilidad de las plataformas y otros servicios en línea. Además, la economía ambientalmente más sostenible tendrá un impacto evidente en la regulación digital, con la deberá estar perfectamente coordinada».

España

Los últimos esfuerzos legislativos relacionados con la propiedad intelectual en España han desembocado en la aprobación de la Ley de Marcas, la Ley de Secretos Empresariales y la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta última norma ha introducido novedades como la nueva regulación de las entidades de gestión, así como la habilitación para acordar el bloqueo de sitios web que infrinjan derechos de PI sin necesidad de autorización judicial, entre otros asuntos.

Con la nueva Ley de Marcas se han ampliado las posibilidades de representar el signo a efectos del registro; se ha eliminado la distinción entre marca notoria y renombrada; y se ha ampliado la prohibición de registro basada en la funcionalidad.

La aprobación de la Ley de Secretos Empresariales ha servido para establecer un marco sólido en España sobre este asunto que, anteriormente, no estaba correctamente regulado, puesto que había que acudir a otras normativas como la Ley de Competencia Desleal.

En cuanto a lo que está por venir, Villasante afirma que el futuro de la propiedad intelectual en nuestro país pasa por la inteligencia artificial (IA). «La puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial buscará alinear las políticas nacionales destinadas a fomentar el desarrollo y el uso de la IA en España».

La experta también destaca que durante los próximos meses el destino normativo de nuestro país estará marcado por la agenda de la UE y la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español las recientes directivas aprobadas en Europa en el marco del Mercado Único Digital, los derechos de autor y derechos afines y el sector audiovisual.

«Igualmente, la apuesta por la transformación digital tendrá un fuerte impacto en el sector financiero y fintech. En los últimos años hemos visto cómo los medios y servicios de pago han sufrido una gran revolución. El proyecto de ley que está en marcha para la creación del sandbox español y espera su trámite parlamentario en los próximos meses, supondrá, sin lugar a dudas, nuestro posicionamiento a la vanguardia en el sector financiero y favorecerá la entrada de inversión en tecnologías como blockchain«, concluye Villasante.

Francia

El hito más destacado del país vecino en 2019 es que se convirtió en el primer estado en acometer la transposición de la previsión de la directiva (UE) 2019/790 en relación con la remuneración reconocida a las empresas editoras de prensa por la comunicación pública online, por parte de terceros, de materiales propios.

Para el año 2020 se espera en Francia que continúe el debate en torno a la aprobación del proyecto de ley relativo a la comunicación audiovisual y la soberanía cultural en la era digital.

Reino Unido

Toda la actividad legal en el ámbito de la propiedad intelectual en Reino Unido ha estado marcada por el Brexit. En materia de propiedad industrial, se ha establecido un régimen transitorio especialmente en materia de marcas y diseños.

Respecto al futuro, el informe de Ecija señala que, en 2020, los proyectos buscarán establecer un marco regulatorio propio en las materias que hasta el momento dependían de regulación europea y que ahora pasan a ser competencia exclusiva británica.

Portugal

El país de Península Ibérica entró en vigor el nuevo Código de Propiedad Industrial y se

realizaron cambios en el Código de Derechos de Autor y de Derechos Conexos en 2019.

En cuanto al futuro, la principal tendencia legislativa se centrará la creciente preocupación del legislador por seguir la rápida evolución tecnológica, que abocará a una mayor atención a su protección, como, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial.

China

El principal cambio normativo del gigante asiático tuvo que ver con la modificación de la Ley de Marcas, con la que el legislador incluye el registro de marca de mala fe y la no utilización de esta como nuevo motivo de denegación; modifica la indemnización por los daños y perjuicios causados por el registro de mala fe, aumentar la cuantía máxima de 300% al 500% del daño causado; añade una cláusula concreta que permite el juzgado destruir todo las materias de fabricación y los productos terminados en el caso de falsificación de registro de marcas; y crea una cláusula nueva para proteger el secreto empresarial: la carga de prueba recaerá sobre el demandado en el caso de que el demandante aprueba unas evidencias iniciales.

En cuanto al futuro, Ecija destaca una directriz del Gobierno chino que fija como objetivo la disminución considerable de los casos de infracción de propiedad intelectual para 2022, y pretende conseguir un sistema de protección completo para 2025. El informe destaca entre las medidas más importantes que el país asiático aumentará del grado de sanción; mejorará del sistema de colaboración entre los distintos órganos (agilizando los procedimientos administrativos y judiciales en materia de propiedad intelectual); establecerá un sistema de protección internacional; y que incrementará la inversión en materia de protección y formación de especialistas en dicha materia.

México, Honduras y República Dominicana

Los países sur y centro americanos y del Caribe no son ajenos a los cambios normativos en cuestión de propiedad intelectual.

Uno de los estados más activos es México, que prevé importantes actualizaciones a lo largo de este año en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en asuntos como las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, así como en los derechos de autor.

La tendencia legislativa de Honduras pasará por fijar una mayor protección y regulación de los derechos de propiedad intelectual en el sector fintech, así como incrementar la resolución de disputas de propiedad intelectual a través de métodos alternativos a los juzgados como la conciliación y arbitraje.

En cuanto a la República Dominicana, el futuro legislativo se centrará en implementar medidas y responsabilidades para proteger los derechos de autor de los contenidos ubicados en Internet. En este sentido, desde Ecija apuntan que se espera la actualización de las garantías de estos derechos para hacer frente a los crecientes delitos cibernéticos.

Fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/04/26/5ea4b36ce5fdea936c8b4572.html

¿Afecta el coronavirus al régimen de visitas de los hijos de parejas separados? ¿es legal salir a la calle para llevarlos?

¿Afecta el coronavirus al régimen de visitas de los hijos de parejas separados? ¿es legal salir a la calle para llevarlos?

Los abogados de familia llevan varios días recibiendo una avalancha de consultas de padres y madres con dudas sobre cómo afecta el estado de alarma a las medidas adoptadas tras el divorcio.

El estado de alarma, la prohibición de circular por la calle y el miedo al contagio instalado en muchas familias ha disparado las consultas legales de padres y madres separados con hijos sobre cómo deben gestionar el régimen de visitas de los menores. ¿Se mantiene lo establecido en el convenio aunque resulte de difícil aplicación? ¿qué pasa si uno de los dos progenitores tiene una profesión de riesgo? ¿es legal salir a la calle para entregarle a los niños a la expareja? Según relatan los abogados de familia, la actual situación plantea una serie de dudas legales que no siempre tienen una respuesta clara. De hecho, según reclaman algunos de ellos, sería conveniente que la autoridad competente (las consejerías de familia o el Ministerio de Justicia, sugieren) publicara algún tipo de guía o protocolo que resolviera algunas cuestiones básicas.

¿Se mantiene el régimen de visitas?

Rosa López, socia de ABA Abogadas, explica que mientras no exista una resolución judicial que modifique lo recogido en el convenio regulador o sentencia que establece los términos de la separacion, «estos deben cumplirse en su estrictos términos». No obsante, más allá de legalismos, la letrada recomienda aplicar en todo caso «el sentido común y el interés del menor y de quienes nos rodean». Es decir, si se produce alguna situación de riesgo o excepcional que aconseje no aplicar lo contenido en dichos documentos, los padres deberán acordar la mejor solución. Una opinión que comparte Delia Rodríguez, socia directora del bufete Vestalia Asociados. «Salvo nuevos acontecimientos, lo acordado sigue vigente. Nada apunta a que lo contenido en el convenio o en la sentencia sea se tenga que suspender».

¿Pueden salir los padres a la calle para entregar a los niños?

Sentada la premisa anterior, la duda que plantean muchos padres y madres es si pueden bajar a la calle para entregar a los menores a su expareja o, si trabajan, para dejarlos el familiar que se haga cargo de ellos normalmente. Delia Rodríguez cree que sí. El artículo 7,1.e) del Real Decreto del estado de alarma determina que, entre las personas que pueden circular por las vías de uso público, se encuentran aquellas que se dediquen a la «asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables». En todo caso, como ella misma aclara, esta conclusión la extae haciendo una «interpretación expansiva» del precepto. «Estos traslados son necesarios para garantizar el cuidado de los niños y dar cumplimiento a una resolución judicial vigente», reflexiona; «en todo caso, se echa de menos una declaración oficial que dé tranquilidad a las familias y se aclare esto».

Rosa López, por su parte, entiende que esta situación podría encajar en el artículo 7.1.d) del real decreto, cuando se refiere al «retorno al lugar de residencia habitual». Aunque, de nuevo, el literal de texto podría plantear alguna objeción.

Es indiferente que los padres vivan en provincias distintas o a una distancia considerable, unos 40 o 50 kilómetros. El traslado, mientras no haya un cierre de fronteras provinciales, en principio, deberá realizarse.

¿Cómo justificarlo ante la policía?

Aquí sí que el vacío legal es total. En todo caso, Rodríguez recomienda, cuando se salga a la calle para entregar a los hijos a la expareja, llevar consigo una copia del convenio regulador o de la sentencia que contiene las medidas, así como el libro de familia. «Es la mejor manera para demostrar que has salido a la calle con una razón amparada por la norma. El libro de familia permite acreditar que tienes menores a tu cargo», explica.

¿Puede un progenitor negarse a entregar a los menores?

Las realidades familiares son diversas y no siempre sencillas de manejar, especialmente tras una situación tan conflictiva como una separación. Por ello, Mónica Ruiz, también socia de ABA Abogados, aconseja a los padres y madres «no adoptar decisiones unilaterales de suspensión del régimen de visitas o incluso del régimen de custodia compartida». Los menores, explica, incluso en una situación tan difícil como el estado de alarma, «tienen derecho a seguir manteniendo relación con ambos progenitores y a recibir su afecto».

¿Qué debe hacer un padre o una madre si el otro adopta la decisión unilateral de no entregarle a los niños? La letrada recomienda acudir al procedimiento fijado en el artículo 158 del Código Civil, que regula el procedimiento a través del cual un juez puede dictar las medidas que considere oportunas para evitar que se causen perjuicios a un menor. A través de este mecanismo, «y en defecto de acuerdo, se pueden establecer de manera inmediata las medidas a ejercer si es que la fijada en convenio o resolución judicial pudieran ser de imposible cumplimiento. Y hasta abogaría por la fijación de sanciones», asevera Ruiz.

Delia Rodríguez, por su parte, entiende que existen casos de fuerza mayor en los que se deberá aplicar el sentido común y el interés superior de los niños más que nunca. «Pero aquí es donde vienen los problemas, porque la casuística es infinita». Y pone como ejemplo, un progenitor que no quiera entregar al otro a sus hijos comunes porque tenga una profesión de riesgo o conviva con alguien que esté contagiado del coronavirus. En todo caso, advierte que estas son situaciones excepcionales y que, quien adoptara una decisión así, «deberá justificarla el día de mañana ante un juez».

¿Es delito incumplir el régimen de visitas?

Desde 2015 no es delito incumplir el régimen de visitas. Sin embargo, una decisión unilateral en este sentido puede tener consecuencias civiles en forma de una revisión de las medidas en contra de quien ha tomado esa determinación «si se demuestra que la adoptó de manera irracional o injustificada», aclara Rodríguez.

¿Puede los padres adoptar acuerdos temporales?

Las abogadas coinciden en que el acuerdo entre progenitores y sentido común es la mejor solución en estos casos, siempre guiado por el interés superior del menor. «Cualquier pacto que se alcance durante el estado de alarma no vincula a posteriori. Es decir, no genera actos propios ni condiciona la resolución de futuros conflictos, porque se trata de un periodo excepcional con circunstancias no habituales que desaparecerán cuando cese esta crisis», aclara Mónica Ruiz.

«Que prime el sentido común», pide Rodríguez, que recuerda, además, que los deberes de información y comunicación de los pequeños con los padres con los que no están fisicamente «se mantienen absolutamente todos». De hecho, insiste en que es obligatorio dar detalle en cuanto a su salud a la expareja e, incluso, facilitar llamadas «que den tranquilidad y sensación de seguridad a los niños».

FUENTE: https://elpais.com/economia/2020/03/17/mis_derechos/1584433986_403759.html

¿Puedo dejar de pagar el alquiler durante el estado de alarma?

¿Puedo dejar de pagar el alquiler durante el estado de alarma?

Existen pocas herramientas jurídicas, y aún menos jurisprudencia, que se puedan utilizar para resolver conflictos contractuales de arrendamientos que surjan por el parón económico de los negocios.

La declaración del estado de alarma no sólo ha provocado el confinamiento de los ciudadanos en sus casas, sino también el cierre de muchos locales comerciales y el parón económico de los mismos, al no estar muchas de ellos entre las actividades que pueden permanecer abiertas, según especifica el real decreto 63/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Frente a esta situación, y ante la inminente de pago de la renta de estos inmuebles, son muchos los que se preguntan si podrían lograr una rebaja del arrendador o dejar de pagar el alquiler hasta que se levante el estado de alarma en el país.

Los expertos de Andersen Tax & Legal explican que, actualmente, existen pocos ejemplos jurisprudenciales asimilables a lo que ha provocando la pandemia del coronavirus. Sin embargo, sí se han dictado sentencias relacionadas con la gripe A que podrían servir de referencia. Además, también destacan dos figuras legales que resultarán esenciales en este periodo para resolver los conflictos contractuales: por un lado, está la fuerza mayor regulada en el artículo 1105 del Código Civil y, por el otro, la cláusula rebus sic stantibus, que ante situaciones excepcionales, podría permitir la modificación de las obligaciones de un contrato.

¿Puede el arrendatario de un local de negocio no pagar el alquiler por la declaración del estado de alarma?

Para responder a esta duda hay que diferenciar entre dos supuestos de hecho: que la actividad desarrollada en el local sea una de las que no ha sido suspendida por el real decreto; o que el negocio sí esté entre los que han sido interrumpidos. Aunque en ambos casos se alcance una solución similar, desde Andersen Tax & Legal explican que existen matices que deben tenerse en cuenta dependiendo del caso.

Actividades que no han sido suspendidas por el real decreto

En los locales donde se desarrolla una actividad que no ha sido suspendida por el real decreto, no existiría ninguna causa de exoneración de pago o modificación de la renta mensual, pues la explotación del local, oficina o nave industrial depende única y exclusivamente de la voluntad del arrendatario. Sin embargo, muchas de estas actividades se han visto gravemente afectadas por el confinamiento.

Las limitaciones impuestas a la mayoría de la ciudadanía han restringido la actividad de esos negocios. Por eso, difícilmente puede defenderse que exista la posibilidad de explotar un local de negocio como una clínica de fisioterapia o una ortopedia y a la vez dar cumplimiento al contenido del RD 463/2020. Por esa razón, el Gobierno ha previsto prestaciones específicas para aquellos dueños de negocios que vean su facturación mermar en un 75% respecto al semestre anterior, desde la adopción del estado de alarma.

En cualquier caso, lo razonable es que se estudien los casos de manera individual, sin que quepa proponer soluciones generales.

Actividades que sí han sido suspendidas por el RD 463/2020

Los negocios que sí entran entre las actividades suspendidas por el real decreto resultan menos controvertidas. Para determinar las soluciones aplicables a las contingencias que sobrevengan debe atenderse siempre, en primer lugar, a los términos y condiciones expresamente pactados por las partes en el contrato de arrendamiento en relación con situaciones extraordinarias o de fuerza mayor.

Si las partes no han convenido nada, será entonces cuando haya que acudir a las distintas figuras legales desarrolladas en nuestra normativa y en nuestra jurisprudencia.

Se pueden encontrar argumentos para solicitar la suspensión de la renta en las normas generales del Código Civil (CC) en materia de arrendamientos. El artículo 1554.3.a establece como obligación del arrendador «la de mantener al arrendatario en la posesión útil y pacífica de la cosa», obligación que ahora resulta de imposible cumplimiento. El Tribunal Supremo ha entendido que el arrendador responde de las perturbaciones causadas por él mismo tanto de hecho como de derecho y de las perturbaciones de derecho causadas por terceros.

Desde el momento en que la imposibilidad es temporal y el pago de la renta deriva o depende del goce pacífico de la cosa (artículos 1555.1º y 1556 del Código Civil), podría legitimarse la suspensión de la renta durante el tiempo que duren las medidas del estado de alarma.

Fuerza mayor

El artículo 1105 de nuestro CC regula la figura de la fuerza mayor: «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.»

El brote del Covid-19 podría encuadrarse dentro de lo que la jurisprudencia entiende como «acto de fuerza mayor» al ser un suceso imprevisible e inevitable, y que resulta objetivamente irresistible para las partes, derivándose de un origen externo. Así se ha determinado en supuestos de emergencia sanitaria similares, como en el caso de la gripe A.

Sin embargo, la aplicación de la fuerza mayor como causa que permita exonerar al arrendatario de la obligación de abonar la renta durante el tiempo que dure la suspensión de la actividad o la limitación de movimiento debe adoptarse con cautela. No hay precedentes en la jurisprudencia de una crisis como la actual, por lo que no resulta fácil saber cuál será la doctrina que adopten los tribunales.

Aunque no es descartable que la fuerza mayor permita exonerar del pago de la renta a los arrendatarios, no se puede asegurar con plena certeza y, por tanto, de suspenderse el pago podría darse lugar a un incumplimiento contractual.

Cláusula rebus sic stantibus

En directa relación con lo anterior hay que preguntarse si es posible revisar las obligaciones y contratos como consecuencia de los efectos de la declaración de estado de alarma. La cláusula rebus sic stantibus permite la modificación de las obligaciones de un acuerdo, e incluso la resolución en algunos casos, cuando, por circunstancias sobrevenidas se rompe el equilibrio económico del contrato y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento. En el caso que estamos analizando, podría permitir una reducción o rebaja del importe de la renta, e incluso, en determinados casos, la suspensión temporal del pago de la misma durante un período determinado.

Para que pudiera resultar de aplicación es necesario que se aprecien de forma conjunta: una alteración extraordinaria, imprevisible e inimputable de las circunstancias en el momento de cumplir las obligaciones en relación con las existentes al tiempo de la perfección del contrato; una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes que suponga el derrumbe del contrato por aniquilación del equilibrio de prestaciones; y, que se carezca de otro remedio para la resolución del problema aplicación subsidiaria.

Existe jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo decidió aplicar esta cláusula con la finalidad de modular temporalmente la renta pactada -sentencia nº 591/2014, de 15 de octubre de 2014- todo ello por considerar que concurrían los elementos de imprevisibilidad y de excesiva onerosidad.

La aparición del Covid-19 como hecho imprevisible, podría permitir activar la cláusula rebus sic stantibus, siempre que se acredite la desproporción de las prestaciones del arrendatario, destacan los expertos. Las consecuencias a la aplicación de dicha cláusula consistirían, precisamente, en el restablecimiento del equilibrio entre las partes que podría ser, mediante una rebaja de la renta, repartiendo así el riesgo entre las partes, o incluso establecer la posible suspensión temporal del pago de la misma como fórmula modificativa de un contrato de arrendamiento de larga duración, dado el carácter explícitamente temporal de la alteración extraordinaria.

Sin embargo, es conveniente apuntar que el alto tribunal considera la aplicación de esta cláusula un remedio extraordinario y excepcional.

Además, es esencial que cuando las partes negocien la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus se detallen las razones por las que motivan su aplicación al caso concreto. Es decir, deberá incidirse en que la modificación del precio de la renta o la suspensión temporal del pago de la misma se debe al riesgo expansivo de la pandemia, y en consecuencia la imposibilidad de prestar la actividad debido a la situación de emergencia sanitaria; y que, la referida modificación dejará de aplicarse en el momento en el que el Gobierno levante el estado de alarma y el resto de restricciones legales.

No obstante, y dadas las constantes y distintas medidas que está adoptando el Ejecutivo, las respuestas anteriormente expuestas podrán llegar a verse modificadas, apuntan desde Andersen Tax & Legal.

¿Qué sucede si el contrato de alquiler finaliza el 31 de marzo y tengo arrendado otro inmueble desde el 1 de abril? ¿Debo abonar el nuevo alquiler? ¿Qué sucede con la resolución del anterior y la entrega de la posesión del nuevo?

En este caso, el arrendador se compromete a poner a disposición del arrendatario el inmueble de tal manera que este pueda usarlo y disfrutarlo y arrendatario se compromete a abonar mensualmente el pago de la renta.

Así las cosas, y tomando en consideración los supuestos de aplicación de la fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus, así como la restricción a la libertad de circulación, se podría concluir que en el caso de que se acredite que no se puede realizar la mudanza, el arrendatario no tendría la obligación de abonar el nuevo alquiler, dado que no puede utilizar y disfrutar lo que es objeto de arriendo debido a una causa de fuerza mayor -restricción a la libertad de circulación, y, por ende, a efectuar la mudanza.

Al ser imposible acceder al piso, no sería obligatorio abonar el nuevo alquiler, al menos mientras dure el estado de alarma.

El arrendatario también podría aplazar la obligación de restitución del inmueble cuyo contrato iba a verse resuelto a partir del 31 de marzo de 2020 en base a la existencia de una causa de fuerza mayor y ello durante todo el tiempo que se extienda el estado de alarma. Lo anterior no impediría que se continúe abonando la renta de la vivienda que se ocupa.

Fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/30/5e7e4cd0e5fdea323a8b4597.html

Los abogados laboralistas no dan abasto mientras los penalistas notan el parón judicial

Los abogados laboralistas no dan abasto mientras los penalistas notan el parón judicial

El pasado 14 de marzo todo el territorio español entraba en una situación de estado de alarma y con ello muchos sectores profesionales veían cómo se paralizaba su actividad. Éste es el caso de la Justicia y los profesionales que dependen de ella, principalmente abogados y procuradores, que no han quedado ajenos al convulso panorama que vive el país.

La actividad judicial está casi en punto muerto, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en consonancia con el decreto de estado de alarma. Sólo se atienden asuntos inaplazables y urgentes como son las causas con presos, medidas cautelares o temas de violencia de género.

La situación económica del país ha llevado a muchas empresas a adherirse a un ERTE, siendo esto el gran caudal de trabajo para los abogados ahora mismo, haciendo de los especialistas en temas laborales a la fecha los profesionales más demandados.

En la situación opuesta se encuentran los abogados penalistas, que están sintiendo la paralización de la actividad judicial y temen las consecuencias económicas que esto conllevará. Al estar prohibido salir de casa para todos los ciudadanos, la tasa de criminalidad cae.

En los despachos grandes, pequeños y medianos de Sevilla, que en su gran mayoría han optado por el sistema de teletrabajo, no entran asuntos nuevos, salvo consultas en materia laboral vinculadas a los ERTE o en temas de arrendamientos.

«El esfuerzo del equipo de laboral es tremendo. No dan abasto», relata a este periódico e letrado Álvaro Moreno, de Nertis ETL Global, que añade como un tema muy recurrente estas semanas el pago a proveedores, tanto por quien debe abonar las facturas como por quien debe recibir el dinero, en pleno estado de alarma, cuestión en la que el Gobierno no se ha metido.

Sobre los arrendamientos, Moreno advierte que no hay causa que justifique el impago de la renta y apunta a una gracia del arrendador. En este sentido, José Manuel García-Quílez, socio de Zurbarán Abogados, llama a la solidaridad de sus clientes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes de reducción de la renta, sobre todo, porque ambas posturas son defendibles, el que quiere cobrar y el que no quiere pagar.

El departamento laboral de su bufete está «desbordado» ante la inquietud de los empresarios para gestionar la plantilla. A este respecto, la abogada laboralista Enriqueta Artillo explica a este periódico que están «saturados», sobre todo, por intentar ajustar la normativa laboral con la rapidez que requieren los clientes.

Pero «no es sólo presentar el ERTE, sino decidir qué tipo, tramitarlo, asumir los problemas que está dado el sistema telemático y ayudar a la empresa a buscar la mejora estrategia», ha indicado, al tiempo que ha valorado el esfuerzo que están haciendo muchas empresas por mantener la actividad con normalidad dentro de la situación de excepción que se vivie y de cambios constantes.

Artillo considera muy mejorable la actuación del Gobierno central en materia laboral, criticando duramente el decreto publicado el pasado domingo a falta de 20 minutos para la medianoche. «Tiene lagunas», ha asegurado .«Muchas empresas no sabían si tenían que abrir o no».

Por último, ha resaltado de nuevo que «muchas empresas hacen un esfuerzo por mantener la plantilla dentro de esta situación. Y otras que van a un ERTE porque no tienen más remedio. También las hay que han adoptados todas las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno y ayer se vieron obligadas a cerrar porque no son esenciales, con las consecuencias que ello deriva».

Cuestiones familiares

García-Quílez señala como otra consulta frecuente los cumplimientos de los plazos de los contratos de obras. El Gobierno ya ha paralizado durante dos semanas la construcción. No obstante, precisa que en materia de obras públicas sí existe regulación legal para las suspensiones. En la privada, si acudimos al Código Civil, también la hay por fuerza mayor o acontecimiento de circunstancia imprevisible.

En cuanto al ámbito penal, advierte del atasco que esto supondrá en el sistema, que tardará meses en recuperar la normalidad. Augura para el final del confinamiento, un aumento de las crisis matrimoniales. Precisamente, los asuntos de familias, como el régimen de custodia, está siendo muy analizado estos días.

Por esto, a Lourdes Sivianes Ferrera de Castro, consejera de Cremades&Calvo-Sotelo y especialista en Derecho de Familia en un despacho unipersonal, no le falta el trabajo con las custodias o separaciones. «A nivel personal, muchas personas están aprovechando este tiempo para tomar decisiones sobre su vida». La actividad económica de su despacho ha subido por la mediación a distancia, por ejemplo.

Elena García forma parte de un pequeño despacho con otros tres abogados, que ya acusa la falta de actividad penal. Lamenta que se haya paralizado la presentación de asuntos para iniciar procedimientos nuevos, lo que causa «un destrozo laboral y económico».

Los ERTE y los asuntos de familias siguen llegando a su bufete. «La gente está muy nerviosa» con la incertidumbre de las medidas laborales del Gobierno y con los regímenes de visitas de los niños de padres separados porque en cada provincia se ha marcado un criterio distinto, tras la decisión del CGPJ. «En Sevilla se apela al sentido común de los padres», afirma la abogada, advirtiendo de los problemas que esto puede acarrear si se dan situaciones de abuso de derecho.

«Es un golpe que va a afectar a todos»

Asuntos laborales, administración local, contratación pública, liquidaciones tributarias o suspensiones son las consultas más recurrentes que están entrando en Montero Aramburu, pero también sobre cancelaciones de espectáculos y eventos deportivos, sobre todo de artistas y productoras. «La casuística es muy amplia», aclaran desde este bufete.

La socia del departamento Procesal y Civil del mismo, Soledad Fernández, cuenta a ABC la ingente cantidad de asuntos sobre arrendamientos que tienen encima. Hay que buscar una solución beneficiosa para las dos partes porque el Gobierno, en sus medidas, no ha abordado este asunto, y porque ambas partes tienen argumentos de defensa.

El Código Civil recoge un supuesto en arrendamientos rústicos para una rebaja de la renta en caso de que el arredantario pierda más de la mitad de los frutos de la cosecha por causa de fuerza mayor y cree que los tribunales podrían aplicarlo analógicamente en un futuro.

Miguel Delgado, abogado penalista del Bufete Delgado Lamet y Asociados, asegura que existe una paralización total de la actividad en su despacho, como en tantos otros de la capital, lo que repercutirá en la economía de los mismos. Avisa de los desistimientos de causas por los justiciables y lo que conllevará en pérdidas para los bufetes. «Es un golpe que va a afectar a todos, incluidos a despachos de abogados».

Desde el despacho Avelino Abogados, especialista en responsabilidad civil y accidentes, el estado de alarma aún no se ha notado porque siguen tramitando muchas reclamaciones, aunque no hay juicios ni clientes nuevos.

Fuente: https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-coronavirus-sevilla-abogados-laboralistas-no-abasto-mientras-penalistas-notan-paron-judicial-202003310737_noticia.html

La pandemia provoca un lío judicial por las visitas en hijos de parejas divorciadas

La pandemia provoca un lío judicial por las visitas en hijos de parejas divorciadas

El régimen de visitas se ha convertido en un quebradero de cabeza en el que los juzgados no se ponen de acuerdo.

María y Fernando están separados y tienen dos niños. El coronavirus y el decreto del estado de alarma les pilló casi por sorpresa y pensar en cómo debían proceder con sus hijos, que reparten el tiempo en dos hogares de común acuerdo, no era lo prioritario. Pasados varios días, los dos han acordado continuar como hasta el momento. Los dos menores continuarán pasando las jornadas acordadas previamente en los dos domicilios. Fernando y María tienen suerte y una relación amistosa. Otras muchas parejas divorciadas, no. El régimen de visitas se ha convertido en un quebradero de cabeza en el que los juzgados no se ponen de acuerdo. En los últimos días, distintas instancias han adoptado resoluciones distintas, incluso contrarias, que ahondan en el problema.

Barcelona y Gijón son dos ejemplos. En Barcelona, los juzgados de primera instancia especializados en familia han acordado en una reunión virtual de magistrados que debe ser el progenitor que tenga otorgada la custodia o quien la estuviera disfrutando en el momento de la alarma quien la mantenga durante la cuarentena. El acuerdo, al que ha tenido acceso El Confidencial, avisa de que los padres deben tratar de fomentar el acuerdo mutuo dada la situación excepcional. Si alguno de los dos está contagiado, concurre causa de fuerza mayor y el régimen de visitas queda suspendido automáticamente. Fuera de estos casos, consideran que el más recomendable a nivel sanitario es que los niños se queden solo con uno de los dos.

En Barcelona y Gijón, los jueces han acordado que los niños se queden con quien tenga la custodia o la disfrutara en el momento del decreto de alarma

«A fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial, el progenitor custodio deberá facilitar particularmente por medios telemáticos como Skype, Facetime o videollamada de WhatsApp el contacto de los hijos con el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturben las rutinas o los horarios de descanso de los menores», dicen los magistrados barceloneses.

En la misma línea se han pronunciado los jueces de Gijón. El resultado de una junta sectorial de jueces de familia se ha inclinado por unificar criterios y ha suspendido los regímenes de visita. Sin embargo, mantiene los intercambios entre un domicilio y otro, obligando a que el padre o la madre recoja a los niños en el domicilio del progenitor que finaliza su estancia. Otros magistrados, como una jueza de Alcorcón, también han decidido cortar por lo sano y dejar que los niños se queden con quien estuviera a su cargo cuando entró en vigor la limitación de la movilidad.

El virus no es una excusa

Sin embargo, en Aragón y en Navarra, la decisión ha sido justo la contraria. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha asumido el criterio de los juzgados de familia de Zaragoza, según el cual la custodia y el régimen de vistas deben mantenerse, «salvo en supuestos excepcionales y que se deberán justificar adecuadamente». Afirman los jueces que las excepcionales circunstancias en las que ahora vive el país por el Covid-19 «no deben servir de excusa, ni amparar, el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales».

Eso sí, quedan allí suspendidas las visitas tuteladas en los puntos de encuentro familiar, según acuerdo de la Junta de Jueces de Zaragoza, porque habida cuenta del reducido espacio en el que tienen lugar, suponen una excesiva exposición de los menores al riesgo de contagio del virus. Los jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Pamplona también han reaccionado ante las dudas surgidas. Mantienen para la compartida los cambios en las fechas que correspondan, arbitrando en su caso la forma en que el menor resulte menos expuesto al coronavirus, y también apoyan que prosigan las visitas de fines de semana.

FUENTE: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-18/la-pandemia-provoca-un-lio-judicial-por-las-visitas-a-los-hijos-de-los-divorciados_2505583/

¿Hay que seguir pagando el gimnasio, las clases de inglés y la guardería aunque no vayamos?

¿Hay que seguir pagando el gimnasio, las clases de inglés y la guardería aunque no vayamos?

El cierre de los colegios, guarderías, gimnasios, centros educativos públicos pero también privados, nos ha pillado a mitad de mes, con la mensualidad probablemente ya pagada. Sin embargo, el consumidor no va a poder utilizar ya esos servicios.

Las asociaciones de consumidores recuerdan que los usuarios pueden interrumpir el pago de estas cuotas si no van a utilizar los citados servicios.

En las últimas semanas las aerolíneas ya avisaron a los pasajeros que tenían comprados billetes que podían anularlos sin coste, o cambiar las fechas. Renfe también lo hará con los billetes de tren, y devolverá el importe a todos los afectados por las restricciones para frenar el coronavirus.

¿Hay que seguir pagando las cuotas de las actividades que se han cerrado? 

En cuanto a la situación de los usuarios por las interrupciones de servicios y cancelaciones de eventos, la pauta general, según recuerdan las asociaciones de consumidores, es «que estamos ante circunstancias excepcionales, no hay una normativa específica que contemple el coronavirus», señalan desde la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU). Recuerdan que cuando cambian las circunstancias de un contrato y estas circunstancias son de fuerza mayor se puede rescindir el mismo (la cuota del gimnasio, la guardería, la academia…). Para que una circunstancia se considere causa de fuerza mayor tiene que ser algo que no esté en el contrato, ajeno a las partes, es decir, que no dependa de la voluntad de ninguna de ellas, y que sea imprevisible. «El consumidor tiene derecho en cualquier relación contractual a cancelar este acuerdo y esto supone el reintegro total o parcial del dinero», señalan desde OCU.

¿Si han cancelado un concierto o un espectáculo, me devuelven el dinero?

En cuanto a los espectáculos públicos, la normativa que lo regula es autonómica y en general recoge el derecho de los consumidores al reembolso del precio de las entradas del espectáculo. En Madrid, por ejemplo, es la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. No establece el plazo de devolución, sólo la causa de la misma. Según esta ley, «los asistentes a los espectáculos y actividades recreativas tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza mayor».

¿Qué pasa con las actividades que pagamos mes a mes, como guarderías, academias, gimnasios? 

Se les llama «servicios de tracto sucesivo» y son las actividades que se prestan de forma continuada y el pago es mensual: guarderías, academias, gimnasios… En ese caso «la causa de fuerza mayor se aplica a cualquier relación contractual». No hay una normativa específica para esto, la norma que se usa es el Código Civil, artículo 1105 y «el consumidor puede reclamar la parte proporcional del servicio no prestado, salvo que haya excepciones», señalan. La recomendación de OCU es que los usuarios «se dirijan al centro en cuestión, por escrito, alegando fuerza mayor y reclamando la parte que corresponda». Señalan que «ya las recomendaciones de Sanidad justifican la causa de fuerza mayor». «Además hay que tener en cuenta que estamos en unas condiciones excepcionales y que hay aplicar los criterios con flexibilidad, y lo mejor es llegar a un acuerdo», señalan.

¿Y si he tenido que cancelar mi boda? 

Este caso reconocen las asociaciones de consumidores que «es más complicado». Con la última prohibición que afecta a la hostelería (prohíben abrir bares y restaurantes) no se puede prestar ese servicio, por lo que «tienen que reintegrar las cantidades».

¿Si el centro se niega a devolverme el dinero?

Según OCU, debería depender «de la buena fe del comercio hacerlo de manera voluntaria» y no obligar al consumidor a acudir al juez. Fuentes del sector señalan, además, que si alguna empresa quiere acceder a alguna de las ayudas que ha aprobado el Gobierno para pymes afectadas por el impacto del coronavirus «debería actuar de buena fe en este sentido».

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2020/03/14/5e6b6c8421efa0e07e8b45fd.html

El alquiler en Barcelona rompe la barrera de los 1.000 euros

El alquiler en Barcelona rompe la barrera de los 1.000 euros

En el tercer trimestre del 2019 los precios de los nuevos arrendamientos batieron un nuevo registro histórico.

Hace mucho tiempo que el precio de los alquileres en Barcelona y la mayoría de municipios de su área metropolitana no para de subir. Y bastante tiempo que algunos expertos –no todos– vienen anunciando que esos precios han tocado techo. Sin embargo, a juzgar por los datos oficiales que acaba de hacer públicos la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, correspondientes al tercer trimestre del 2019, queda claro que, en todo caso, se trata de un techo movible, que cada vez está más alto. Y es que, por primera vez en la historia, los nuevos alquileres firmados en la capital catalana en ese período (del 1 de julio al 30 de septiembre del año que acabamos de dejar atrás) han superado el listón de los 1.000 euros mensuales.

Mil cinco euros con 79 céntimos. Este es el precio medio de un nuevo contrato de alquiler en la ciudad de Barcelona. El resultado viene dado por el recuento de las fianzas depositadas obligatoriamente en el Institut Català del Sòl (Incasòl) cada vez que se cierra una operación de arrendamiento de una vivienda en el municipio. Es un 6% más que en el tercer trimestre del 2018 y supone batir el récord anterior, que ha tenido una vida fugaz: había quedado establecido en 968,89 euros en el segundo trimestre del 2019.

La Maternitat i Sant Ramon, el Poblenou y el Fort Pienc entran en el club de los barrios más caros.

Todos los distritos de Barcelona registran subidas respecto al mismo período del 2018 pero la intensidad de esas alzas varía en función del territorio. La más moderada (apenas un 1,17%) se da en el distrito más caro de la ciudad (Sarrià-Sant Gervasi) y las más fuertes se localizan en dos de las zonas más inflacionistas en materia de vivienda de los últimos años, Sant Martí (un 9,5%) y Gràcia (7,33%).

Si el analista situara la lupa sobre el mapa de Barcelona observaría que 18 de los 73 barrios de la ciudad rompieron en el período analizado esa barrera de los 1.000 euros mensuales. Respecto al anterior trimestre se incorporan a este club de los barrios con los alquileres más caros el Fort Pienc, la Maternitat i Sant Ramon y el Poblenou. Sólo en dos barrios de la capital catalana, la Trinitat Vella y Ciutat Meridiana, los precios bajaron de los 600 euros.

A falta de los datos del último trimestre puede darse ya por hecho que a lo largo de todo el 2019 se habrán firmado en Barcelona unos 50.000 nuevos contratos de alquiler, una cifra algo inferior a la del 2018. Se constata que desde hace tiempo la oferta real es muy inferior a la demanda potencial.

En la evolución de los alquileres en Barcelona habrá que esperar todavía bastante tiempo para certificar que la burbuja de precios va a estallar (cada vez son menos las familias que pueden permitírselo con sus ingresos). Asimismo, están por ver los posibles efectos de la aplicación del decreto de la Generalitat para mejorar el acceso a la vivienda anunciado en vísperas de la Navidad y de la concreción de las medidas apuntadas en el pacto de gobierno de izquierdas para España presentado la pasada semana por el PSOE y Unidas Podemos, que entre otras cosas abre la vía a la regulación del precio de la vivienda de alquiler en determinadas circunstancias.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200103/472675598358/alquiler-pisos-barcelona-precios.html

España lanza una campaña contra la compraventa de productos falsificados por Internet

España lanza una campaña contra la compraventa de productos falsificados por Internet

La adquisición de productos falsificados no solo contribuye al desarrollo de una economía fraudulenta que vulnera los derechos de Propiedad Industrial y los derechos de la Competencia sino que además provoca la pérdida de las garantías legales y los derechos que asisten a los consumidores como, por ejemplo, a la restitución del bien en caso de falta de conformidad.

Al mismo tiempo y debido a que, por lo general, los productos falsificados no cumplen con la normativa de seguridad, suelen presentar una calidad inferior y representar un serio peligro para la salud.

En términos económicos, y según datos publicados en el Informe de situación 2019 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), España sufre unas pérdidas anuales debidas a las falsificaciones y piratería de 6.700 millones de euros, lo que supone el 10,6% de las ventas en los once sectores clave de la economía y 146 euros anuales a cada ciudadano español.

El foco de la campaña que pone en marcha el Gobierno de España se ha centrado en las compras online, ofreciendo un total de diez recomendaciones que ayudarán a identificar los productos falsificados en internet.

Diez recomendaciones antes de comprar vía online

  1. Comprobar la identidad del vendedor: el nombre de la tienda, su domicilio social así como sus datos de contacto (dirección, correo electrónico o teléfono y fax) normalmente publicados dentro del “Aviso Legal” y en las “Condiciones Generales” de la web. Las empresas cuyas páginas web terminen en “.be”, “es”, “.fr” o cualquier otra extensión de un país europeo no necesariamente tienen porqué estar ubicadas en la Unión Europea.
  2. Buscar opiniones de otros usuarios. Las que son excesivamente positivas o demasiado vagas pueden ser de la propia tienda online lo que constituiría una práctica ilegal.
  3. Investigar si la tienda tiene sellos de confianza en cuyo caso, comprobar en la página web de la empresa que lo otorga que la tienda en la que vamos a comprar dispone realmente de dicho sello.
  4. Evaluar el diseño de la web. Las páginas web con errores ortográficos o gramaticales, imágenes de mala calidad, o cuyo diseño no parecen muy profesionales pueden contener productos falsificados.
  5. Localizar los derechos del consumidor. La web debe contener información clara y suficiente sobre los derechos que asisten a los ciudadanos en materia de consumo tales como el derecho a desistir durante los primeros 14 días sin necesidad de justificar el motivo o el plazo de la garantía legal mínima.
  6. Comprobar que puede visualizarse el producto. La tienda online debe mostrar con calidad suficiente la imagen del producto en su totalidad con el fin de poder observar sus características.
  7. Comparar el precio total (impuestos incluidos) en distintas páginas web, así como los posibles gastos adicionales como los de envío, de embalaje especial o derechos de aduana. Un precio excesivamente bajo es motivo de sospecha.
  8. Verificar que la web es un canal de venta autorizado. Cotejar en la página web de la marca oficial que la tienda online donde se va a realizar la compra es un canal de venta autorizado.
  9. Asegurarse de que el medio de pago es seguro. Verificar que la URL de la web empiece con https, pagar preferentemente con una tarjeta de crédito y evitar las transferencias directas de dinero.
  10. Valorar el coste/beneficio de los productos reacondicionados. La garantía y la calidad de estos productos suelen ser distintas a las de los productos nuevos.

Fuente: https://cordobabn.com/2020/01/02/espana-lanza-una-campana-contra-la-compraventa-de-productos-falsificados-por-internet/

La nueva ley hipotecaria provoca otra fuerte caída en la venta de pisos

La nueva ley hipotecaria provoca otra fuerte caída en la venta de pisos

En septiembre la compraventa de viviendas se deja un 12%, tras el 21% del mes anterior.

La compraventa de viviendas bajó un 12% en septiembre en relación al mismo mes de 2018, hasta sumar 37.995 operaciones, su cifra más baja en un noveno mes desde 2016, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, se encadenan dos meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de que en agosto se diera un desplome del 21%.

“Gran parte de esta caída viene motivada por la entrada en vigor de la ley hipotecaria , que provocó que durante la segunda quincena de junio y los primeros días de julio apenas se concediera financiación hipotecaria en España y por tanto muchas operaciones no pudieron cerrarse”, apunta Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista. Ismael Kardoudi, director de Estudios y Formación de Fotocasa, coincidió con este análisis, añadiendo que es previsible “que este efecto será puntual”.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), la compraventa aumentó un 7,4%, mayor avance en este mes de los últimos cinco años.

Préstamos

Caída de la concesión de nuevas hipotecas

La nueva ley incluye una serie de medidas de seguridad y transparencia, como la obligación del cliente de acudir al notario para analizar la documentación remitida por el banco y la prohibición de las cláusulas suelo, lo que puede haber supuesto un menor número de préstamos concedidos al exigir un análisis más riguroso de la solvencia de los clientes antes de conceder las hipotecas.

El retroceso registrado en septiembre fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas en un 10,1%, hasta 31.568 transacciones, y del descenso en un 20,1% en la compraventa de viviendas nuevas, hasta 6.427 operaciones. El 90,8% de las viviendas transmitidas fueron viviendas libres –con una caída del 11,4% interanual en las transacciones– y el 9,2%, protegidas –con un descenso del 17,1% interanual–.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, considera que los datos siguen evolucionando a la baja aunque lo hacen de manera más moderada que en el mes anterior. También piensa que el sector empieza a encaminarse a normalizar las cifras de transacciones después de un verano “complicado” y “muy condicionado” por la nueva ley hipotecaria, y otros factores como la parálisis política, el Brexit o la ralentización económica, que “también están condicionando de manera clara todas las estadísticas”.

El mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (151), Murcia (135) y Baleares y Madrid (111 en ambos casos). Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el noveno mes del año, con 7.307 compraventas, seguida de Catalunya (6.061), Comunidad Valenciana (5.939) y Madrid (5.766).

Todas las comunidades redujeron sus compraventas de viviendas en septiembre salvo Aragón y Murcia, que las incrementaron un 3,7% y un 3,1%, respectivamente. Los mayores retrocesos interanuales se registraron en Asturias (-27,5%), La Rioja (-25,2%) y Navarra (-22,6%).

Foto: Mané Espinosa

Compraventa

Hasta 143.471 fincas cambian de manos

Sumando las fincas rústicas y urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas el pasado mes de septiembre alcanzaron las 143.471, cifra un 3,7% inferior a la registrada en el mismo mes de 2018.

En septiembre, el mayor número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes se dio en Aragón (584), Castilla y León (575) y La Rioja (574). Los mayores incrementos interanuales registraron en Aragón (+16,6%) y Galicia (+5,4%), mientras que los mayores descensos correspondieron a Asturias (-14,5%), Madrid (-12,9%) y La Rioja (-11,5%).

FUENTE: https://www.lavanguardia.com/economia/20191112/471548764500/vivienda-pisos-compra-venta-septiembre-ley-hipotecaria.html