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El nuevo Estatuto de la Abogacía regula por primera vez el secreto profesional

El nuevo Estatuto de la Abogacía regula por primera vez el secreto profesional

El próximo 1 de julio entrará en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que sustituirá al actual, aprobado hace dos décadas. La norma, que consta de un artículo único, fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Entre sus principales novedades cabe destacar que regula por primera vez y de forma exhaustiva el secreto profesional, establece un nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, recoge por primera vez la creación de protocolos colegiales para denunciar ante el CGPJ retrasos injustificados y actos de los tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los letrados y ofrece cobertura a la prestación de servicios por medios telemáticos.

Con carácter general, el texto regula las condiciones de colegiación de los profesionales de la abogacía y las normas generales de funcionamiento de los colegios de abogados y de su Consejo General. Además, y según afirmó el Ejecutivo tras la reunión de la mesa interministerial, se adecúa a la legislación posterior a la aprobación del actual Estatuto, de 2001, con gran incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de la Directiva de Servicios, la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la Ley de sociedades profesionales.

Fue aprobado en 2013

La norma a la que el Gobierno ha dado ahora su visto bueno ha tenido que esperar ocho años para poder poner fecha definitiva a su entrada en vigor ya que fue aprobada en 2013 por el Consejo General de la Abogacía.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, afirmó ayer en una rueda de prensa que “es un día de fiesta para la abogacía, pero también para la ciudadanía, porque se preserva el derecho a la defensa”. Añadió que “este nuevo estatuto nos pone a la vanguardia de las abogacías europeas en cuanto a regulación”.

Desde el máximo órgano colegial informaron ayer de que el nuevo Estatuto regula por primera vez aspectos tan importantes para el ejercicio de la profesión como la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo, desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional, que protege y refuerza; y establece el reconocimiento expreso a los colegios de la Abogacía a presentar denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se producen reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado y ésta se haya visto amparada por la institución colegial. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, se establecen los cauces necesarios para que estas reclamaciones alcancen al órgano de gobierno de los jueces.

Regulación del secreto profesional

Desde Abogacía Española y en particular el decano del ICAM, José María Alonso, destacaron ayer la importancia de la regulación del secreto profesional, que se extiende a todas las personas que colaboran profesionalmente con el abogado. El privilegio de este secreto en las comunicaciones continúa también protegiendo las relaciones entre los profesionales y recoge, por primera vez, el derecho de los letrados y letradas a reclamar la presencia del decano de su colegio en el eventual registro judicial de su despacho. Asimismo, limita este tipo de registros a los archivos del caso que está bajo investigación. La presencia del decano colegial en los registros sólo estaba prevista hasta ahora a demanda del juez instructor o de la autoridad gubernativa.

Protección de los consumidores y ventanilla única

Por otro lado, el Estatuto ofrece una mejor regulación de los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia.

De cara a consejos y colegios, se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, afirmó ayer en una rueda de prensa que “es un día de fiesta para la abogacía, pero también para la ciudadanía, porque se preserva el derecho a la defensa”. Ortega hizo estas declaraciones tras la aprobación por el Consejo de Ministros del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.

Fuente: https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/el-nuevo-estatuto-de-la-abogacia-regula-por-primera-vez-el-secreto-profesional-2021-03-03/

El TC cree que el decreto de vivienda del Govern limita el derecho de propiedad

El TC cree que el decreto de vivienda del Govern limita el derecho de propiedad

«Regulan medidas coactivas, limitativas del derecho de propiedad», que «constriñen» a los dueños de viviendas mediante órdenes o deberes normativos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la normativa de vivienda que el Govern aprobó en 2019 al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas «coactivas, no voluntarias» para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un decreto ley.

En su sentencia, notificada este jueves, el TC expone los motivos por los que la semana pasada decidió anular por inconstitucional varios preceptos del decreto ley —entre ellos, el que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda—, a raíz del recurso que presentaron 80 diputados del PP en el Congreso.

El tribunal considera que los preceptos anulados «regulan medidas coactivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad» que «constriñen estrechamente» a los dueños de viviendas mediante órdenes o deberes normativos «que se ponen bajo la inspección y vigilancia de la administración». La sentencia declara inconstitucional ese tipo de regulación puesto que, a su parecer, supone una «imposición directa de deberes concretos a los propietarios con vocación de generalidad, estableciendo un régimen general de este derecho, algo vedado a los decretos-leyes».

Para los magistrados, no puede considerarse que esas normas sean meramente «instrumentales para la política de vivienda» de Cataluña porque dan lugar a «reacciones exorbitantes», como requerimientos para su cumplimiento, ejecuciones mediante multas coercitivas, sanciones y expropiación de la propiedad en cuestión. La sentencia sostiene que los artículos impugnados van «más allá de delimitar un concreto sistema urbanístico o política de vivienda«, lo que sí estaría permitido de acuerdo con la doctrina, y de establecer medidas de fomento de la vivienda asequible, al entrar a regular el derecho de propiedad privada y la función social de la misma.

Por el contrario, la sentencia sí avala los preceptos del decreto ley que obligan a incluir en los contratos de arrendamiento el índice de referencia de precios de alquiler que en su momento establezca la Generalitat. Según la sentencia, la regulación de esos índices, tanto el estatal como el autonómico, «se dirige a posibilitar la obtención de información por las administraciones públicas que les permita conocer el estado y evolución del mercado del alquiler y, a partir de esa información, diseñar políticas de vivienda».

«No puede negarse la posible influencia de estos índices como criterios orientadores que puedan contribuir a ordenar el mercado de la vivienda», añade el Constitucional, que, sin embargo, reconoce que ello no afecta a la libertad de las partes para estipular un precio superior o inferior. Tampoco anula el constitucional los artículos del decreto ley que obligan a reservar a vivienda social parte del suelo de las promociones inmobiliarias, dado que el propietario o empresario no tiene derecho a vetar su uso, sin perjuicio de la «eventual indemnización» que pueda corresponderle a consecuencia de esa imposición. Asimismo, la sentencia da por bueno el registro de pisos vacíos previsto en el decreto ley de vivienda, dado que su creación está amparada tanto por artículos de la Constitución como del Estatut de Autonomía.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha celebrado este jueves la resolución del TC, ya que «ya que establece de manera rotunda el carácter fundamental del Derecho a la Propiedad Privada que consagra el artículo 33 de la Constitución Española, de manera que no puede regularse mediante el instrumento jurídico del Decreto-ley». Además, considera que dicha consideración «tendrá además una consecuencia fundamental en su aplicación al resto de Reales Decretos-ley aprobados sobre vivienda durante la pandemia por parte del Gobierno central, aunque hayan sido posteriormente convalidados por el Congreso».

Entre otras cuestiones, la sociedad considera que la sentencia avanza en la línea de protección de los derechos de los propietarios, suponiendo además un varapalo «al actual amparo de la ocupación ilegal en Cataluña». «Esta sentencia debiera bastar para eliminar cualquier intento intervencionista de atacar a la propiedad privada en la futura Ley de Vivienda estatal, incluyendo ciertas derivas expropiatorias que nada tienen que ver con un Estado de derecho moderno incardinado en la Unión Europea», zanjan.

FUENTE: EFE

La banca tendrá que devolver los gastos de la tasación anteriores a la ley hipotecaria

La banca tendrá que devolver los gastos de la tasación anteriores a la ley hipotecaria

La banca deberá los gastos de tasación de todas aquellas hipotecas firmadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios, en julio de 2019

l Tribunal Supremo zanja una nueva polémica. La banca deberá los gastos de tasación de todas aquellas hipotecas firmadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios, en junio de 2019. La ley hipotecaria estipula que los gastos notariales vinculados a la firma de una hipoteca deben ser pagados por la banca, mientras que el gasto de la tasación se atribuyen al cliente.

«El Tribunal Supremo resuelve que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliarioincumben al banco y no al consumidor«, ha comunicado hoy el alto tribunal. «Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario».

Y prosigue, «esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores», concluye el Tribunal Supremo en su comunicado.

«Estábamos pendientes precisamente de que se resolviera si los consumidores podrían recuperar los gastos de tasación y finalmente se resuelve que al igual que la gestoría, se podrán recuperar al 100%. Celebramos que por tanto que el Supremo zanje por fin el reparto de los gastos y, esta vez sí, a favor de los consumidores que podrán recuperar el 100% de gestoría, notaría y tasación», declara Patricia Suárez, presidenta de Asufin. «Lamentamos, sin embargo, que hayan tenido que pasar siete años para que el cliente recupere 1.335,89 euros + intereses y que solo vaya a recuperar las costas de primera instancia, teniendo que asumir los gastos de segunda instancia y del Supremo», añade Suárez.

“Se trata de una importante noticia para los hipotecados con préstamos firmados antes de junio de 2019. La Sentencia que se ha conocido hoy, es coherente con lo que siempre ha venido defendiendo reclamador.es, primero ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como consecuencia de una de las cuestiones prejudiciales que dieron lugar a la Sentencia de 16 de julio de 2020 y segundo, conforme al fallo de dicha resolución: es el banco el que debe afrontar el 100% del gasto de tasación en todos los préstamos anteriores a la vigente ley de créditos inmobiliarios (en vigor desde el día 1 de junio de 2019)”, apunta codirectora legal de reclamador.es, Almudena Velázquez.

“Se trata de una buena noticia, más si cabe cuando viene precedida de varias sentencias de este mismo Tribunal contrarias a los intereses de los hipotecados, como por ejemplo fue la dictada en relación al IRPH o los acuerdos de novación por cláusula suelo. Con esta sentencia seguiremos luchando para que todos los tribunales ofrezcan a los afectados por esta cláusula abusiva el 100% de los gastos de tasación, registro de la propiedad y notaría, así como el 50% de los gastos notariales”.

Se zanja otro frente abierto contra la banca

Por su parte, y para evitar una mayor litigiosidad, desde Asufin hacen un llamamiento para que las entidades financieras «devuelvan estos importes a sus clientes sin tener que acudir a tribunales. Son procedimientos que suponen un alto coste tanto para los consumidores como para todos los contribuyentes».

A principios de enero, la Audiencia Provincial de Oviedo ya se pronunció en línea con los argumentos esgrimidos ahora por el Supremo, al condenar a Deutsche Bank a pagar los gastos de tasación «ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos», no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas».

En enero de 2019, el Tribunal Supremo acordó que los gastos de notaría deben dividirse entre banco y cliente, una decisión similar a la que ha adoptado para los de gestoría y para el registro de la hipoteca, que en el caso de la inscripción deberá ser abonada por la entidad, y en la cancelación, por el prestatario.

Posteriormente, en junio de 2020, el TJUE decidió que las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca a raíz de una cláusula declarada abusiva deben ser devueltos al consumidor salvo que el derecho nacional disponga lo contrario. De este modo, si se declara nula una cláusula abusiva que impone al cliente el pago de todos los gastos de constitución y cancelación de una hipoteca, el derecho comunitario se opone a que el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esa cláusula.

Frente al aplauso unánime de consumidores y bufetes de abogados, el sector bancario destacaba que el fallo solo era aplicable en caso de la que la cláusula hubiera sido declarada abusiva por un tribunal, lo que llevaba a valorar cada caso concreto.

FUENTE: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2021-01-28/gastos-hipoteca-tjue-clausulas-abusivas_2926632/

Los alquileres ya caen con fuerza en Barcelona (-12%) y Madrid (-8%)

Los alquileres ya caen con fuerza en Barcelona (-12%) y Madrid (-8%)

La crisis económica desatada por el coronavirus ha puesto contra las cuerdas a miles de familias que vivían de alquiler y que destinaban buena parte de sus ingresos al mismo

Los alquileres bajan y comienzan a hacerlo con fuerza en las zonas más tensionadas. La crisis económica desatada por el coronavirus ha puesto contra las cuerdas a miles de familias que vivían de alquiler y que destinaban buena parte de sus ingresos al pago del arrendamiento. En este contexto de debilidad económica —y posiblemente en el caso de Cataluña debido al límite de los alquileres—, en ciudades como Barcelona ya se registran caídas anuales del precio del 12%, mientras que en Madrid el retroceso es del 8%.

«Los mercados en los que las caídas de precios son ya una realidad desde hace meses están liderados por ciudades como Madrid y Barcelona. Asimismo, en comunidades como Baleares o Canarias los precios ya hace meses que están yendo a la baja después de haber alcanzado los precios máximos del alquiler en 2019 y 2020″, explica Anaïs López, directora de comunicación de Fotocasa. Precisamente el índice de este portal inmobiliario muestra que en Baleares el precio ya desciende a un ritmo del -10% interanual y en Canarias los descensos son del -5%, al igual que en la comunidad de Madrid. Por su parte, la comunidad de Cataluña desciende a un ritmo cercano al -1%.

No obstante, el mercado se sigue comportando de manera muy diferente, con zonas mucho más estabilizadas y con recorrido al alza de los precios. De hecho, todavía hay comunidades en las que aún sube el precio con fuerza, como pueden ser Murcia (10%), Cantabria (8%), Asturias (7%) o Castilla-La Mancha (7%). «Estas comunidades aún no han alcanzado máximos respecto a los años 2007-2008 y es posible que durante 2021 aún incrementen precios, aunque lo harán de manera más suave. A mediados del año que viene es posible que ya veamos aumentos muchos más moderados que los actuales. En alguna región es posible que a finales de 2021 veamos descensos, tal y como estamos viendo en otras comunidades en estos momentos», explica Anaïs López.

Las ciudades de Madrid y Barcelona, según esta experta, merecen un análisis aparte. «En estas ciudades ya son varios los meses en los que el precio del alquiler ha empezado a caer, después de haber alcanzado precios máximos durante los años de la burbuja inmobiliaria. En 2019 y principios de 2020 vimos cómo en estas ciudades el precio del alquiler había alcanzado máximos y nunca habíamos registrado precios tan caros en estas ciudades. Era, por tanto, de esperar que los precios tendieran a la baja después de haber tocado techo», señala la directora de comunicación de Fotocasa.

En Madrid y Barcelona, ya son varios los meses en los que el alquiler cae, después de haber alcanzado los máximos de la burbuja

Barcelona ha sido la primera de las grandes ciudades en ajustar precios a la baja. De hecho, durante los meses de verano ya se registraron descensos en el precio cercanos al -5%. A estos descensos se le suma la entrada en vigor de la nueva ley que regula el precio del alquiler en 60 municipios tensionados de Cataluña.

«En este sentido, el precio de la vivienda en alquiler en Barcelona ha seguido descendiendo desde el verano a un ritmo de un -7% en octubre y ahora a finales de año lo hace a un ritmo de casi un -12%. Es posible que la entrada en vigor de la nueva normativa que regula el precio de alquiler esté teniendo una cierta incidencia en las caídas de los precios, pero pensamos que no es el único motivo. La evidente falta de demanda, principalmente de estudiantes y jóvenes que han decidido volver a casa de sus padres, unido a una mayor oferta del alquiler vacacional, está haciendo que en ciudades como Barcelona haya más oferta que demanda y eso está empujando los precios a la baja», comenta Anaïs López.

Asimismo, si hacemos una comparativa con Madrid, ciudad en la que no existe limitación de precios, ahora mismo cae a un ritmo de un -8% interanual. «Es, por tanto, una tendencia normal y natural del mercado del alquiler que ya esperábamos para este 2020 y que quizá se ha visto algo acelerado con la situación actual de la pandemia».

El futuro límite de los alquileres llega en plena bajada de precios.
El futuro límite de los alquileres llega en plena bajada de precios.

El alquiler sufre grandes cambios

El conjunto del sector inmobiliario ha detectado importantes cambios en el mercado del alquiler durante el año 2020. Por una parte, en relación con los precios y, por otra parte, desde la oferta y la demanda.

Desde el punto de vista de los precios, si a principios del año 2020 asistíamos a una moderación con incrementos cercanos al 5%, que indicaban que los precios del alquiler iban a tender a la baja, la llegada de la pandemia rompió dicha tendencia. De hecho, durante los meses de pleno confinamiento, abril y mayo, los precios del alquiler a nivel de España llegaron a incrementarse un 12% interanual, dejando atrás la moderación de principios de año.

«Este cambio en los precios se debió, en parte, a que entró en el mercado mucha oferta que venía del alquiler vacacional y lo hizo con precios sensiblemente superiores a la media. Son pisos que están perfectamente acondicionados para entrar a vivir, amueblados y con todas las comodidades. Por ello, es normal que entren al mercado con precios algo superiores a la media», destaca Anaïs López.

Concretamente, un estudio elaborado por Fotocasa reveló que, durante la pandemia, el 64% de los propietarios que tenían vivienda en alquiler vacacional se pasaron al alquiler residencial durante los meses de confinamiento y, de estos, un 49% pretende quedarse de forma indefinida en el mercado residencial. «Esta es, ‘a priori’, una buena noticia para el sector. El mercado del alquiler necesita mucha oferta para que los precios se puedan regular de forma natural y esta falta de oferta ha sido uno de los principales problemas que ha tenido este mercado durante los últimos años. No obstante, esta oferta que viene del alquiler vacacional no es suficiente para conseguir solucionar el problema de precios y son necesarias más políticas que ayuden a que el mercado cuente con suficiente oferta de alquiler de calidad», apunta la directora de Comunicación.

«A finales de 2020, el precio de la vivienda en alquiler parece que vuelve a la moderación vivida a principios de año y el incremento medio se sitúa en el 5%, aunque las caídas de precios son ya una realidad en varios puntos de España. El mercado del alquiler, al igual que pasa con el de compraventa, se mueve a distintas velocidades y, mientras que hay zonas en las que los precios todavía pueden subir un poco, hay otros mercados en los que las caídas de precios son una realidad», concluye Anaïs López.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2020-12-04/alquiler-precios-mercado-inmobiliario-precios_2860227/

El Supremo respalda que los ayuntamientos limiten las viviendas turísticas para proteger el entorno urbano

El Supremo respalda que los ayuntamientos limiten las viviendas turísticas para proteger el entorno urbano

Rechaza el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la reforma del plan urbanístico de Bilbao

El Tribunal Supremo ha notificado este lunes una sentencia clave para la regulación de los alojamientos turísticos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento de Bilbao a través de una reforma del plan general de ordenación urbana.

Los magistrados rechazan así el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que consideraba que la reforma obstaculiza «la competencia efectiva» en el mercado y dañaba «el interés general». A su juicio, supone «una barrera económica en la entrada y permanencia de los operadores y propietarios del mercado», limitando «su capacidad de decisión para competir y ofrecer sus productos y servicios». El Supremo, por contra, avala la decisión del TSJ del País Vasco de dar validez al acuerdo del Pleno.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, confirma el acuerdo del Pleno y considera que ninguna de las tres limitaciones en las que se centraba el recurso vulneran la Constitución, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio. Lo hace siguiendo una recientísima doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado la razón al Ayuntamiento de París frente a una empresa turística.

TRES OBJECIONES

Las objeciones de la CNMC se centraban, en primer lugar, en la calificación de la vivienda de uso turístico (VUT) como equipamiento en lugar de residencial, lo que suponía limitaciones en las plantas en las que podía desarrollarse la actividad y en la forma de acceso a ellas. En segundo lugar, en la exigencia de un informe urbanístico para operar. Y finalmente, en la limitación a un máximo de tres habitaciones en las viviendas particulares para alquiler turístico.

Antes de responder de forma concreta a las objeciones, la Sala hace una encendida defensa de la participación municipal en este ámbito: «Todo ello nos conduce a confirmar la posibilidad -y la necesidad- de intervención municipal en la materia, en uso y ejercicio de la potestad de planeamiento, que cuenta con un claro respaldo y legitimación democrática y que además se nos presenta como realizada por la Administración más cercana al ciudadano, y articulada con un mayor grado de participación y conocimiento de la concreta realidad local».

Los magistrados añaden que que el urbanismo actual es «cambiante» e intenta adaptarse a las nuevas circunstancias, realidades y necesidades sociales. «Una de las actuaciones esenciales -y actuales- de las citadas Administraciones es evitar la desertización de los pueblos y ciudades».

«PARQUE TEMÁTICO»

Y en cuanto a las grandes ciudades en particular, explican que «es igualmente posible y previsible llegar a su desertización (gentrificación), en determinados lugares, al alterarse la forma de vida de los residentes habituales, debido a la transformación de hecho de un uso tradicional residencial, en otro, pujante y turístico, con todas la consecuencias que de ello se derivan, pues es evidente que cuando más auténtico es un lugar a más gente atrae, pero cuanta más gente atrae más se diluye su auténtica identidad, y con ello la vida de los residentes habituales». «Es, en síntesis, convertir las ciudades -o las partes esenciales de la mismas-en un a modo de parque temático, en vez de un lugar habitable y de convivencia. La ciudad se convierte en un problema y no en un sistema de solucionar los problemas de sus habitantes».

Y descendiendo al caso estudiado, la sentencia sostiene que la calificación de estas viviendas como equipamiento está «más que legitimada», por cuanto va «claramente, y sin duda, dirigida a la protección del ‘derecho a la vivienda’, digna y adecuada, en los términos requeridos por la Constitución española así como al control -evitando el deterioro- del denominado por la directiva de Servicios [de la UE] ‘entorno urbano'».

Siguiendo la doctrina del TJUE, los magistrados entienden se produce «una razón imperiosa de interés general» que «habilita» a la Administración local a imponer limitaciones. Eso no va dirigido a vulnerar la normativa europea de competencia, «sino, más al contrario, a posibilitar la efectiva conciliación de la citada y lícita actividad económica del alquiler vacacional con la organización del régimen interno de la ciudad, posibilitando la convivencia residencial estable y habitual con una actividad caracterizada por su transitoriedad y falta de permanencia, al responder a circunstanciales necesidades alojativas».

TRES HABITACIONES

En segundo lugar, el Supremo avala la exigencia de «un informe urbanístico de conformidad» para poder operar, que según la CNMC chocaba con la exigencia autonómica de la llamada declaración responsable. El Supremo estima que ambos funcionan en ámbitos competenciales distintos y tiene su propia razón de ser. La norma autonómica actúa en el ámbito turístico; la municipal, en el urbanístico. Y el informe que reclama el Ayuntamiento de Bilbao busca comprobar que el uso del local como alojamiento turístico se ajunta al planeamiento urbanístico-

En cuanto a la última objeción de la CNMC, los magistrados avalan limitar a tres el número de habitaciones que se pueden alquilar en esta modalidad de alojamiento, sin que eso suponga una barrera. Simplemente, si se ofertan más plazas, el inmueble pasa a la categoría de establecimiento hotelero. «La motivación, equilibrio y proporcionalidad también se aprecian en este concreto aspecto, por lo que la infracción alegada no está justificada», concluye el Tribunal Supremo.

Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2020/11/30/5fc502b6fdddffe5428b4578.html