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El Colegio de Abogados de Barcelona propone desalojar a ocupas en 48 horas si no se prueba vínculo con el piso

El Colegio de Abogados de Barcelona propone desalojar a ocupas en 48 horas si no se prueba vínculo con el piso

La abogacía barcelonesa plantea así una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para brindar una solución “rápida y ágil” a la ocupación de inmuebles.

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha propuesto una reforma legislativa que permita desalojar a ocupas en un plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar si en dicho tiempo no consiguen probar que mantienen un vínculo con el inmueble que los legitima a permanecer en él.

Así lo han explicado en rueda de prensa el presidente de la Comisión Normativa del ICAB, Jesús Sánchez, los vocales Jorge Navarro y Julio Naveira, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Vicente Pérez-Daudí, la abogada y teniente de alcalde de Mataró Núria Moreno y la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor.

Esta medida está especialmente pensada para las ocupaciones que se producen en segundas residencias

La abogacía barcelonesa plantea así una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para brindar una solución “rápida y ágil” a la ocupación de inmuebles, un fenómeno que aseguran que está “al alza”, especialmente en Catalunya, con 20 casos diarios en el primer semestre del año, según datos del Ministerio del Interior.

Esta medida está especialmente pensada para las ocupaciones que se producen en segundas residencias, en cuyo caso, cuando el propietario alerte a la Justicia, el magistrado o tribunal deberá dar un plazo de 48 horas a los ocupantes para que demuestren si tienen algún vínculo con el inmueble o, de lo contrario, serán desalojados.

“En los casos en los que conozca de un delito del artículo del 245 Código Penal, el Juez o Tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”, sostiene el texto propuesto.

Un vez acordado el desalojo, se podrá dar cuenta a los servicios sociales municipales para que faciliten el realojamiento de las personas ocupantes

Un vez acordado el desalojo, se podrá dar cuenta a los servicios sociales municipales para que faciliten el realojamiento de las personas ocupantes, teniendo en cuenta su posible situación de vulnerabilidad. “No nos podemos quedar callados ante la vulneración del derecho a la vivienda y a la propiedad privada, que se está extendiendo y vulnerando la paz social”, ha señalado Pastor, quien ha aseverado que la ley actual “hace que las mafias sean mucho más ágiles, rápidas e imaginativas que la propia Justicia”.

Por su parte, Moreno ha denunciado que “las mafias han hecho el agosto este verano” y ha asegurado que “lo único que tienen en común” los ocupas es que “están comportando un grave problema de convivencia y seguridad” que se concentra en áreas urbanas.

Según el ICAB, la demora en el enjuiciamiento de la usurpación de inmuebles y la ausencia del desalojo cautelar ha contribuido a la proliferación de conductas ilícitas en las que, “bajo la falsa apariencia de una ocupación basada en el estado de necesidad, se ocultan determinados grupos o personas que operan en la más absoluta opacidad e impunidad, obteniendo beneficios económicos”. De acuerdo con los datos del Gobierno citados por la abogacía barcelonesa, el 48,5 % de todos los inmuebles ocupados en 2020 están en Cataluña, donde se han presentado 3.611 denuncias en los primeros seis meses del año, casi medio millar más que en el mismo período del año pasado.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200902/483275814291/icab-desalojar-ocupas-vinculo-pisos.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_content=local&fbclid=IwAR1aWPZIo4gXv7nutJgd6RSusi9s0a35NRlTp9xSqyNDo_PZZG-XAMSGCy0

¿Tengo derecho a tener vacaciones si estoy en ERTE?

¿Tengo derecho a tener vacaciones si estoy en ERTE?

Las dudas sobre la relación entre ERTE y los días de descanso han alcanzado a trabajadores, autónomos y dueños de pymes, que necesitan conocer la legislación. Lo que más preocupa es si aquellos trabajadores afectados por esta medida temporal tienen derecho a cogerse vacaciones mientras siga vigente el expediente o si se siguen generando días de vacaciones estando en un ERTE.

Existen dos modalidades de ERTE, y en cada una la aplicación de vacaciones es distinta:

  • En el caso de los expedientes de regulación de empleo temporal de suspensión de contrato, los trabajadores no generan días de vacaciones, pero sí cotizan a la Seguridad Social. Si se tuvieran vacaciones pactadas, pero igualmente el contrato estuviera suspendido, esas vacaciones deberían ser canceladas y no contar como días consumidos por los trabajadores.
  • Si se trata de un ERTE de reducción de jornada, el trabajador generará vacaciones en proporción a la jornada que esté trabajando. Esto aplica con la excepción de que se hubiera pactado una mejora por convenio o entre empresa y empleados.

¿Puedo irme de vacaciones durante el ERTE?

Sí, aunque hay que diferencias nuevamente si el ERTE es de suspensión o de reducción:

  • En el caso de ERTE de suspensión, nada impide al trabajador emplear el tiempo en viajar o ir a la playa si la fase de desescalada en la que se encuentra lo permite. Pero en ese tiempo, la empresa podría solicitar la reincorporación a su puesto. Si el trabajador se niega a volver a su puesto de trabajo, la empresa podría proceder a despedir al empleado mediante un despido conocido como disciplinario.
  • En el caso de los casos de reducción de jornada, los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones generadas también mientras la empresa se mantiene en el ERTE.

¿Mi empleador puede obligarme a coger vacaciones?

Las vacaciones, según establece el Estatuto de los Trabajadores, deben ser consensuadas y las empresas no pueden obligar a tomarlas en un momento concreto, aplicando el derecho de descanso reconocido en la Constitución Nacional.

Fuente: https://www.lavozdealcala.com/mas-actualidad/33280-tengo-derecho-a-tener-vacaciones-si-estoy-en-erte/

La crisis podría frenar el repunte de divorcios desatado por el confinamiento

La crisis podría frenar el repunte de divorcios desatado por el confinamiento

«Una cosa es que yo llame para informarme sobre un posible divorcio, y ahí, efectivamente, ha habido un incremento. Pero otra cosa es que se tramiten todos esos procesos», reseña José Soriano, abogado de familia en Valencia y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de esta ciudad.

Las consultas de divorcios en los despachos han aumentado con el confinamiento, según la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), pero letrados especialistas consultados dudan de que esa tendencia se torne en un incremento real de las separaciones, pues la crisis económica disuadirá a muchas parejas de duplicar gasto.

Los abogados de familia de la Comunidad Valenciana consultados por Efe señalan que, si bien el aislamiento puede haber exacerbado las tensiones de pareja, es dudoso que vaya a suponer un cambio en tendencia estadística registrada en los últimos años respecto al número de divorcios, que era descendente.

Así, José Soriano, abogado de familia en Valencia y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de esta ciudad, considera: «Una cosa es que yo llame para informarme sobre un posible divorcio, y ahí, efectivamente, ha habido un incremento. La convivencia durante el confinamiento creo que ha actuado como lo hacen los períodos típicos para conflictos de familia, como antes y después de Navidad o del verano. Pero otra cosa es que se tramiten todos esos procesos«.

La Comunidad Valenciana lideró en 2019 la tasa de separaciones y divorcios en España, con 26,7 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes, frente a la media nacional de 23,3 por cada 10.000 habitantes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, España es el tercer país de la Unión Europea con más divorcios: el 57,2 % de los enlaces españoles acaba en ruptura, según datos publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, coincidiendo con el último Día de San Valentín.

Pero según el CGPJ, las demandas de separaciones y divorcios han venido descendiendo en los últimos años: bajaron un 1,9 %, hasta las 109.567, en 2019; fue el quinto año consecutivo de bajada de las disoluciones matrimoniales. Estos datos harían aún más significativo que volviera a crecer este índice, y más coincidiendo con una crisis económica como la que se avecina, opinan los letrados consultados.

«No creo que debamos concluir que haya un cambio de tendencia. Ha habido un paréntesis de dos meses, los juzgados están abriendo ahora. Y está además el factor económico: no es tanto el coste del procedimiento en sí, sino los costes que supone la ruptura, duplicar gastos de vivienda, la pensión…», afirma Soriano.

Otro abogado de familia valenciano, José Gabriel Ortolá, exdirigente de la AEAFA, considera también que es pronto para llegar a conclusiones: «Es difícil saber a qué obedece ese aumento, que en mi despacho también se está produciendo. Me ha venido mucha gente para divorciarse, pero hay que contar con que arrastramos un tiempo de inactividad judicial», señala.

A este respecto, también él señala la crisis económica: «Muchísima gente habrá notado una repercusión económica dura; no es el mejor momento para estas decisiones, un divorcio tiene efectos de caída del nivel económico, duplica los gastos. Y esto no todo el mundo puede permitírselo en tiempos de crisis económica«.

Eva Marín, abogada de familia en Castellón, opina en este sentido que «pasar una pensión en la situación económica que viene será más difícil. En la anterior crisis ya sucedió que había gente que, aunque quería divorciarse, no podía hacerlo, por razones económicas. No todo el mundo puede aguantar dos economías familiares: la avalancha vendrá más en el sentido de bajar las pensiones«.

Por su parte, Gracia Carrión, abogada de familia de Alicante, también apunta que, aunque han aumentado las consultas de divorcio, probablemente se deba al parón provocado por el coronavirus; no cabe deducir que se vayan a incrementar las rupturas, opina también ella, quien apunta de nuevo al factor económico.

«Lo que yo encuentro más llamativo es que han aumentado también los acuerdos, porque con el atasco judicial que se avecina los clientes están más dispuestos a aceptarlos. Incluso durante el período de confinamiento hemos negociado algunos relativos a parejas que tomaron entonces la decisión«, explica Carrión, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Abogados de Alicante, aunque, al igual que las otras fuentes citadas, habla según su criterio personal y no en representación de esta u otra organización.

FUENTE: https://www.abc.es/familia/parejas/abci-crisis-podria-frenar-repunte-divorcios-desatado-confinamiento-202006140129_noticia.html

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No habrá perdón judicial para las deudas de Hacienda y la Seguridad Social

No habrá perdón judicial para las deudas de Hacienda y la Seguridad Social

El texto refundido de la ley concursal excluye a los acreedores públicos de la exoneración que prevé la ley de la segunda oportunidad.

Desde el 2015, un empresario en España podía deber millones a los bancos, fondos, proveedorestrabajadores u otros prestamistas y –llegado el caso y cumpliendo los requisitos legales– tener la esperanza de obtener el perdón de todas sus deudas y empezar de nuevo. La llamada ley de la segunda oportunidad –que invitaba al empresario insolvente a buscar un convenio o plan de pagos con sus acreedores, declararse en concurso, liquidar todos sus bienes y, finalmente, pedir al juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI)–, permitía a muchos empezar de nuevo.

El procedimiento para ganarse una nueva vida en los juzgados mercantiles debía superar una dificultad casi insuperable: a la hora de cerrar el procedimiento y otorgar el perdón total de las deudas, los jueces se encontraban con que tanto Hacienda como la Seguridad Social se oponían a poner el contador a cero a los empresarios y seguían exigiendo hasta el último céntimo a los empresarios. En la práctica, la prevalencia y el carácter inextinguible del crédito público convertía el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad en una quimera para aquellos empresarios a los que hubieran sido declarados responsables solidarios de la deuda de sus empresas o las que se les hubiera derivado deudas sociales.

Alternativa funesta

Sin un perdón total, el empresario se ve empujado a la economía sumergida o a la irrelevancia

Sobre todo en los primeros años desde la entrada en vigor de la ley. Y, así las cosas, ¿de qué le servía a un empresario que lo hubiera perdido todo empezar de nuevo empezar de cero con ningún activo y un pasivo de 500.000 euros o un millón o más con las administraciones públicas? De nada. Y, ¿qué banco le iba a prestar un solo euro para emprender de nuevo a alguien con sus cuentas embargadas de por vida? Ninguno. “Tal como estaban las cosas, la ley empujaba a los empresarios a la economía sumergida, a la insolvencia de por vida o a pleitear durante unos cuantos años para intentar salir a flote”, comenta Elisa Escolà, asociada de Fieldfisher Jausas y miembro del grupo de trabajo sobre la segunda oportunidad del Ilustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Una mujer pasa por delante de las instalaciones de la Ciutat de la Justicia
Una mujer pasa por delante de las instalaciones de la Ciutat de la Justicia (Mané Espinosa)

El panorama cambió, para bien, hace un año cuando una sentencia del Tribunal Supremo fijó doctrina sobre la materia, tras años de controversias. El Alto Tribunal abrió dos vías para la exoneración de las deudas públicas a los empresarios insolventes. Todo estaba claro, aunque faltaba consolidarlo con un nuevo redactado de la ley que fuera inequívoco. La ocasión era propicia ahora, con la promulgación del texto refundido de la ley concursal, pero no ha sido así. Al contrario, se ha producido un retroceso. El nuevo proyecto de la ley concursal elaborado por el Ministerio de Justicia decía hasta el miércoles pasado que “la exoneración incluirá a los créditos de derecho público”.

Giro inesperado

El BOE de este jueves causó sorpresa e indignación entre los jueces y abogados

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado publicó este jueves el texto refundido de la ley concursal y la modificación había desaparecido. No hay perdón público para el empresario. Solo privado. Abogados y jueces estaban este jueves indignados. “Se ha querido colar como una mera aclaración de la ley concursal, pero han cambiado las reglas del juego”, explica Raúl García Orejudo, decano de los jueces mercantiles de Barcelona. Escolá tampoco entiende lo que ha pasado: “Llevábamos meses trabajado con los jueces, economistas y el propio Ministerio de Justicia en un cambio para que las deudas con las entidades públicas también pudieran ser perdonadas por el juez del concurso”. Y hasta este jueves por la mañana, todo parecía indicar que el cambio se iba a aprobar. Pues no.

Sillas de un bar cerrado en Barcelona
Sillas de un bar cerrado en Barcelona (Àlex Garcia)

Los especialistas en materia concursal echaban humo este jueves. Rubén Torrico, socio de Lexben Advocats, aseguraba que “me ha sorprendido el cambio de última hora, es una decisión que da un paso atrás en la regulación actual del mecanismo de segunda oportunidad en el momento más inoportuno posible, privando el acceso a millones de personas que van a necesitar una segunda oportunidad real”. Y es que, en medio de la doble emergencia sanitaria y económica actual, la crisis llevará a muchos empresarios al juzgado en los próximos meses. ¿Quién podrá levantarse?

Próximo cambio

España tendrá que transponer la directiva europea y arreglar el desaguisado

Además de una injusticia –¿por qué tiene que sufrir las pérdidas solo una parte de los acreedores y no todos?– que condena a corto plazo a quienes estén o vayan a estar en breve en este proceso, la marcha atrás del Gobierno tiene poco recorrido. La directiva comunitaria del año pasado que el Gobierno tiene la obligación de transponer antes de mediados del 2021 pide expresamente mejorar el marco legal para que los empresarios empiecen de nuevo tras un fracaso. De momento, el sueño del perdón total se retrasa.

De todas formas, hay una camino alternativo para quien quiera recorrerlo. Según Raúl García Orejudo, “puede haber un exceso de delegacion en el texto refundido de la ley concursal por establecer un contenido nuevo y contrario a la jurisprudencia vigente”. Esto es algo que está expresamente prohibido por la ley. “Y –añade García Orejudo–, según el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios podemos enjuiciar la adecuación del texto refundido a la delegación para que no haya excesos; en definitiva, que hay vias para seguir interpretando que el crédito publico entre en la exoneración”.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/20200508/481013798015/ley-concursal-segunda-oportunidad-hacienda-seguridad-social.html