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Un abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que esta plataforma no está sujeta a las normas para el ejercicio de la profesión de agente inmobiliario en Francia.

Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha pedido este martes a esa corte que dictamine que la plataforma Airbnb no está sujeta a las normas para el ejercicio de la profesión de agente inmobiliario en Francia.

La opinión del letrado se refiere a una consulta planteada a la corte europea por un tribunal de París, a raíz de una denuncia de la Asociación para el alojamiento y turismo profesional de Francia contra la plataforma Airbnb Ireland de alquiler temporal de apartamentos.

El letrado considera que las prestaciones realizadas en Francia por la sociedad Airbnb Ireland a través de la plataforma electrónica explotada desde Irlanda son un servicio que se presta a distancia por internet y están amparadas por la Directiva europea sobre el comercio electrónico.

Además, cree que la normativa europea se opone a que un país (en este caso concreto Francia) pueda restringir la libre circulación de servicios por vía electrónica prestados desde otro país de la UE.

Airbnb Ireland, con domicilio social en Dublín, gestiona, para los usuarios establecidos fuera de los Estados Unidos, una plataforma en línea destinada a poner en contacto, por un lado, a anfitriones (profesionales y particulares) que disponen de alojamientos en alquiler y, por otro, a personas que buscan este tipo de alojamiento.

La Asociación para el alojamiento y turismo profesional de Francia presentó contra esa plataforma una denuncia ante la Fiscalía de París en marzo de 2017 por incumplimiento de la ley que regula el ejercicio de las actividades sobre operaciones de inmuebles y fondos de comercio (denominada «Ley Hoguet») en particular, a la actividad de agente inmobiliario.

Airbnb negó ejercer una actividad de agente inmobiliario e invocó la imposibilidad de aplicar esa ley nacional, por ser incompatible con la directiva sobre el comercio electrónico.

Aunque no son vinculantes, las conclusiones del abogado general suelen marcar el camino que sigue el tribunal en su sentencia.