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La pandemia provoca un lío judicial por las visitas en hijos de parejas divorciadas

La pandemia provoca un lío judicial por las visitas en hijos de parejas divorciadas

El régimen de visitas se ha convertido en un quebradero de cabeza en el que los juzgados no se ponen de acuerdo.

María y Fernando están separados y tienen dos niños. El coronavirus y el decreto del estado de alarma les pilló casi por sorpresa y pensar en cómo debían proceder con sus hijos, que reparten el tiempo en dos hogares de común acuerdo, no era lo prioritario. Pasados varios días, los dos han acordado continuar como hasta el momento. Los dos menores continuarán pasando las jornadas acordadas previamente en los dos domicilios. Fernando y María tienen suerte y una relación amistosa. Otras muchas parejas divorciadas, no. El régimen de visitas se ha convertido en un quebradero de cabeza en el que los juzgados no se ponen de acuerdo. En los últimos días, distintas instancias han adoptado resoluciones distintas, incluso contrarias, que ahondan en el problema.

Barcelona y Gijón son dos ejemplos. En Barcelona, los juzgados de primera instancia especializados en familia han acordado en una reunión virtual de magistrados que debe ser el progenitor que tenga otorgada la custodia o quien la estuviera disfrutando en el momento de la alarma quien la mantenga durante la cuarentena. El acuerdo, al que ha tenido acceso El Confidencial, avisa de que los padres deben tratar de fomentar el acuerdo mutuo dada la situación excepcional. Si alguno de los dos está contagiado, concurre causa de fuerza mayor y el régimen de visitas queda suspendido automáticamente. Fuera de estos casos, consideran que el más recomendable a nivel sanitario es que los niños se queden solo con uno de los dos.

En Barcelona y Gijón, los jueces han acordado que los niños se queden con quien tenga la custodia o la disfrutara en el momento del decreto de alarma

«A fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial, el progenitor custodio deberá facilitar particularmente por medios telemáticos como Skype, Facetime o videollamada de WhatsApp el contacto de los hijos con el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturben las rutinas o los horarios de descanso de los menores», dicen los magistrados barceloneses.

En la misma línea se han pronunciado los jueces de Gijón. El resultado de una junta sectorial de jueces de familia se ha inclinado por unificar criterios y ha suspendido los regímenes de visita. Sin embargo, mantiene los intercambios entre un domicilio y otro, obligando a que el padre o la madre recoja a los niños en el domicilio del progenitor que finaliza su estancia. Otros magistrados, como una jueza de Alcorcón, también han decidido cortar por lo sano y dejar que los niños se queden con quien estuviera a su cargo cuando entró en vigor la limitación de la movilidad.

El virus no es una excusa

Sin embargo, en Aragón y en Navarra, la decisión ha sido justo la contraria. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha asumido el criterio de los juzgados de familia de Zaragoza, según el cual la custodia y el régimen de vistas deben mantenerse, «salvo en supuestos excepcionales y que se deberán justificar adecuadamente». Afirman los jueces que las excepcionales circunstancias en las que ahora vive el país por el Covid-19 «no deben servir de excusa, ni amparar, el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales».

Eso sí, quedan allí suspendidas las visitas tuteladas en los puntos de encuentro familiar, según acuerdo de la Junta de Jueces de Zaragoza, porque habida cuenta del reducido espacio en el que tienen lugar, suponen una excesiva exposición de los menores al riesgo de contagio del virus. Los jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Pamplona también han reaccionado ante las dudas surgidas. Mantienen para la compartida los cambios en las fechas que correspondan, arbitrando en su caso la forma en que el menor resulte menos expuesto al coronavirus, y también apoyan que prosigan las visitas de fines de semana.

FUENTE: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-18/la-pandemia-provoca-un-lio-judicial-por-las-visitas-a-los-hijos-de-los-divorciados_2505583/

¿Hay que seguir pagando el gimnasio, las clases de inglés y la guardería aunque no vayamos?

¿Hay que seguir pagando el gimnasio, las clases de inglés y la guardería aunque no vayamos?

El cierre de los colegios, guarderías, gimnasios, centros educativos públicos pero también privados, nos ha pillado a mitad de mes, con la mensualidad probablemente ya pagada. Sin embargo, el consumidor no va a poder utilizar ya esos servicios.

Las asociaciones de consumidores recuerdan que los usuarios pueden interrumpir el pago de estas cuotas si no van a utilizar los citados servicios.

En las últimas semanas las aerolíneas ya avisaron a los pasajeros que tenían comprados billetes que podían anularlos sin coste, o cambiar las fechas. Renfe también lo hará con los billetes de tren, y devolverá el importe a todos los afectados por las restricciones para frenar el coronavirus.

¿Hay que seguir pagando las cuotas de las actividades que se han cerrado? 

En cuanto a la situación de los usuarios por las interrupciones de servicios y cancelaciones de eventos, la pauta general, según recuerdan las asociaciones de consumidores, es «que estamos ante circunstancias excepcionales, no hay una normativa específica que contemple el coronavirus», señalan desde la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU). Recuerdan que cuando cambian las circunstancias de un contrato y estas circunstancias son de fuerza mayor se puede rescindir el mismo (la cuota del gimnasio, la guardería, la academia…). Para que una circunstancia se considere causa de fuerza mayor tiene que ser algo que no esté en el contrato, ajeno a las partes, es decir, que no dependa de la voluntad de ninguna de ellas, y que sea imprevisible. «El consumidor tiene derecho en cualquier relación contractual a cancelar este acuerdo y esto supone el reintegro total o parcial del dinero», señalan desde OCU.

¿Si han cancelado un concierto o un espectáculo, me devuelven el dinero?

En cuanto a los espectáculos públicos, la normativa que lo regula es autonómica y en general recoge el derecho de los consumidores al reembolso del precio de las entradas del espectáculo. En Madrid, por ejemplo, es la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. No establece el plazo de devolución, sólo la causa de la misma. Según esta ley, «los asistentes a los espectáculos y actividades recreativas tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza mayor».

¿Qué pasa con las actividades que pagamos mes a mes, como guarderías, academias, gimnasios? 

Se les llama «servicios de tracto sucesivo» y son las actividades que se prestan de forma continuada y el pago es mensual: guarderías, academias, gimnasios… En ese caso «la causa de fuerza mayor se aplica a cualquier relación contractual». No hay una normativa específica para esto, la norma que se usa es el Código Civil, artículo 1105 y «el consumidor puede reclamar la parte proporcional del servicio no prestado, salvo que haya excepciones», señalan. La recomendación de OCU es que los usuarios «se dirijan al centro en cuestión, por escrito, alegando fuerza mayor y reclamando la parte que corresponda». Señalan que «ya las recomendaciones de Sanidad justifican la causa de fuerza mayor». «Además hay que tener en cuenta que estamos en unas condiciones excepcionales y que hay aplicar los criterios con flexibilidad, y lo mejor es llegar a un acuerdo», señalan.

¿Y si he tenido que cancelar mi boda? 

Este caso reconocen las asociaciones de consumidores que «es más complicado». Con la última prohibición que afecta a la hostelería (prohíben abrir bares y restaurantes) no se puede prestar ese servicio, por lo que «tienen que reintegrar las cantidades».

¿Si el centro se niega a devolverme el dinero?

Según OCU, debería depender «de la buena fe del comercio hacerlo de manera voluntaria» y no obligar al consumidor a acudir al juez. Fuentes del sector señalan, además, que si alguna empresa quiere acceder a alguna de las ayudas que ha aprobado el Gobierno para pymes afectadas por el impacto del coronavirus «debería actuar de buena fe en este sentido».

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2020/03/14/5e6b6c8421efa0e07e8b45fd.html