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Frente común de laboratorios, distribución y farmacias contra la subasta de medicamentos

Frente común de laboratorios, distribución y farmacias contra la subasta de medicamentos

Pendiente de la formación del nuevo Gobierno, la posibilidad de un cambio del actual modelo de fijación de precios con la Administración tiene en alerta a la industria.

Están preparándose para la que se les avecina. Farmacéuticos (Consejo General), laboratorios (Farmaindustria), distribución (Fedifar) y genéricos (Aeseg) trabajan de forma paralela pero coordinada en un frente común contra la previsible implantación de un modelo de subastas de medicamentos por parte del próximo Gobierno socialista, según fuentes del sector.

Aunque todavía es clave la composición del Ejecutivo (por determinar) y su articulación, pues hasta ahora es competencia de las comunidades autónomas, “el modelo de subasta va a salir, aunque será diferente al de Andalucía”, reconoce el portavoz de una de las patronales consultadas.

Por este motivo, esta misma semana tendrán lugar los primeros encuentros informales para intercambiar impresiones después de siete días de plena agitación. Según explican alguna de las partes, la intención es evaluar el posible impacto en caso de un cambio en el modelo de fijación de precios para coordinar una acción conjunta, aunque a corto plazo les afectaría de forma diferente.

Lo ocurrido ayer martes es un buen termómetro de la situación existente sobre el negocio del despacho de medicamentos. El mismo día en que se registraba en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) para que los medicamentos tengan un precio justo, la patronal de la industria farmacéutica defendía las bondades del actual sistema de cobertura sanitaria.

Un debate subterráneo que la semana pasada saltó por los aires después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lanzara una propuesta de subastas a nivel nacional, similar a la andaluza, para mejorar la eficiencia del gasto público en medicamentos.

La irrupción de diferentes propuestas cuestionando el actual modelo hace temer a los agentes económicos de toda la cadena farmacéutica “una revisión que concluirá inevitablemente con un recorte de precios”. Según datos públicos de 2018, el gasto total del sistema asciende a 17.880 millones, cifra similar a la de hace 10 años, aunque se atiende a un 35% más de pacientes.

Del total, pesa más el gasto vía farmacia (61%) que hospital (39%), por lo que este canal parece el candidato para sufrir algún tipo de recorte sobre su margen bruto del 27%, aunque el neto final pueda oscilar en torno al 10%, de acuerdo con los registros del sector.

Aunque todavía está por definirse esa actuación en bloque, todos los agentes afectados han manifestado ya por separado su total oposición al modelo sugerido por la AIReF, incluido el sector de la sanidad privada (IDIS). El trabajo del organismo independiente no es vinculante, pero existe un consenso sobre su estudio como marco de referencia para una actuación legislativa posterior.

En ese aspecto, todas las patronales se muestran claramente enfrentadas a las conclusiones de la AIReF, a la que rebaten hasta la metodología seguida para desarrollar su estudio. Pese a ello, consideran muy complicado evitar la intención de modificar el modelo actual, sobre el que se ha extendido una sombra de duda entre la opinión pública.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-06-26/medicamentos-precio-genericos-subasta_2089418/

Los bancos trasladan al cliente los nuevos gastos hipotecarios subiendo los intereses

Los bancos trasladan al cliente los nuevos gastos hipotecarios subiendo los intereses

Las hipotecas se han encarecido durante los siete meses que han pasado desde que el Gobierno cargó a las entidades el pago del IAJD, mientras en Europa están en mínimos históricos.

Los tipos de interés de las hipotecas en España llevan subiendo desde el pasado mes de noviembre de forma ininterrumpida. Fue en ese mes cuando el Gobierno decretó que el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) lo tendrían que pagar los bancos y no los consumidores. El propio presidente del Gobierno dio una rueda de prensa ‘ad hoc’ para anunciar la medida que supondría un alivio de los costes hipotecarios para el cliente, que pasarían directamente al banco como beneficiario de la garantía hipotecaria. «Nunca más», dijo Pedro Sánchez, pero la medida ha tenido consecuencias en el precio de las hipotecas.

Las hipotecas se han encarecido sensiblemente desde entonces. En noviembre, el tipo de interés de los préstamos para la compra de vivienda se situaba en el 2,03%, y en abril (último dato disponible) había ascendido hasta el 2,15%, el dato más alto desde 2015. Así se desprende de los últimos datos del indicador sintético que calcula el Banco Central Europeo (BCE).

Una subida que contrasta con la caída de los tipos de interés hipotecarios del resto de Europa, que están en mínimos históricos, por debajo de los niveles de 2016. En abril, el tipo en la eurozona fue del 1,74%, lo que amplía el diferencial con España por encima de los 40 puntos básicos. Una situación que contrasta con la vivida hasta mediados de 2018, cuando las hipotecas en España llegaron a ser más baratas que en Europa.

Esta divergencia en los tipos de interés de España respecto a Europa comenzó en diciembre y se aceleró al inicio del año, con la elaboración de la nueva Ley Hipotecaria que ha entrado en vigor en junio. En Europa han seguido cayendo los tipos como consecuencia del anuncio del presidente del BCE, Mario Draghi, de una nueva ronda de liquidez a la banca en septiembre (TLTRO).

Sin embargo, en España los bancos han decidido elevar el tipo de interés de sus hipotecas, lo que significa un mayor diferencial que va directamente a su cuenta de resultados. Este aumento de la rentabilidad de las operaciones contrarresta los nuevos costes que tienen que asumir los bancos por la decisión del Gobierno de trasvasar una parte de los gastos hipotecarios a las entidades. Al final, los consumidores terminan pagando estos costes, ya sea por la vía directa o la indirecta, aunque está por ver si el gasto termina siendo superior o inferior.

Las entidades llevan desde noviembre pagando el IAJD y en junio ha entrado en vigor la nueva Ley Hipotecaria. Este cambio normativo traslada a los bancos los costes de notaría, gestoría y registro de las viviendas y, además, se ponen mayores límites a los desahucios, de modo que aumenta el riesgo de cobro. Esta ley se aprobó en febrero, de modo que los bancos ya llevan meses anticipando este nuevo escenario.

La subida de los tipos de interés de las hipotecas está compensando una parte de estos gastos. En un primer momento son los bancos quienes tienen que asumir el pago y la compensación de los consumidores se produce solo en el largo plazo, a medida que van pagando sus cuotas.

Según las estimaciones de Adicae, cada décima de aumento del diferencial aplicado a las hipotecas supone un coste de 2.000 euros para un préstamo medio. De esta forma, el cliente termina pagando, a largo plazo, la mayor parte de los cambios normativos. Solo desde octubre el diferencial ha subido en 0,15 puntos, lo que supondría unos 3.000 euros extra de hipoteca. “La banca no se conforma con que el euríbor siga cayendo, ni con asumir los costes de la nueva Ley Hipotecaria”, lamenta Manuel Pardos, presidente de la asociación, “las hipotecas son el gran negocio de la banca en España”.

Solo suben las hipotecas

Estos primeros datos son todavía preliminares y está por ver qué ocurre en los próximos meses, cuando la nueva norma esté plenamente en vigor. Sin embargo, las evidencias son claras y apuntan a un cambio específico en las hipotecas que no se reproduce en el resto de créditos bancarios.

Por ejemplo, los préstamos al consumo se han mantenido inalterados durante todos estos meses y además están cerca de los mínimos históricos. Y eso a pesar de las advertencias del Banco de España sobre la proliferación y el aumento de riesgos de este tipo de préstamos. El resto de créditos también se ha mantenido estable desde noviembre.

Las entidades tampoco han subido la remuneración que ofrecen a los depósitos, al contrario, está en mínimos históricos y cada día se aproxima más al 0%. Esto significa que no ha habido ningún cambio en el sector financiero que haga que los tipos de interés del activo y del pasivo se hayan incrementado. Y el mercado interbancario también está en absoluto reposo. El eonia (referencia del tipo de interés a un día en el interbancario) se ha mantenido en el entorno de su mínimo histórico durante todo el año, en el -0,37%. También el euríbor se ha mantenido en terreno negativo y actualmente está en mínimos históricos, por debajo del -0,2%.

Este desacople entre las hipotecas de España y el resto del mercado evidencia una situación diferencial para este tipo de préstamos. Además, este cambio se ha producido en los últimos meses. Todo apunta en la misma dirección: un encarecimiento de las hipotecas como consecuencia de los cambios normativos.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya alertó la semana pasada de que existe un riesgo de que los tipos de interés de las hipotecas suban como consecuencia de los cambios normativos. “Es cierto que se trasladan a las entidades algunos de los costes que antes cubrían los individuos, lo que podría suponer que las entidades trataran de hacer frente a estos costes por la vía del incremento de los precios”, explicó el gobernador, “esto depende del grado de competencia en el sector, que es muy elevado”.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/economia/2019-06-26/banca-traslada-clientes-costes-hipotecas-tipos-interes_2086830/

Una comparación odiosa: Madrid vs. Barcelona

Una comparación odiosa: Madrid vs. Barcelona

Madrid y Barcelona; Barcelona y Madrid: la rivalidad entre las dos ciudades va mucho más allá que una simple comparación. Axesor, la agencia de ‘rating’, acaba de calificarlas.

Desde que Dickens publicó en sucesivas entregas su ‘Historia de dos ciudades‘ (París y Londres), la rivalidad entre grandes urbes no ha dejado de crecer. Probablemente, por una percepción binaria de la realidad que ya el propio Dickens describió en uno de los mejores arranques de la literatura universal: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación…”.

Para muchos, Barcelona y Madrid —o Madrid y Barcelona, como se prefiera— representan el mismo antagonismo. La contraposición canónica entre dos formas de entender el mundo. Incluso la antítesis insuperable de dos modelos de ciudad. Pero más allá del contexto político, que hay que relacionar necesariamente con el ‘procés’ y con el nacionalismo, además de con diferentes patrones de crecimiento, hay una primera evidencia: Madrid y Barcelona siguen siendo la joya de la corona de la economía española. Y no solo por su tamaño. También por su solvencia financiera derivada en gran parte por la mejora de la actividad en el conjunto del país, que ha beneficiado, sobre todo, a las grandes urbes.

Lo dicen sendos informes realizados por Axesor Rating y que, por primera vez, califican la solvencia crediticia de las dos grandes ciudades españolas sin que ambos consistorios lo hayan reclamado. El resultado es el mismo: ‘A’ con perspectiva estable. Es decir, un notable alto que hay que vincular, en los dos casos, a que el PIB crece en línea o por encima del PIB nacional; una tasa de desempleo que se sitúa claramente por debajo de la que existe en el conjunto de España, y un nivel de renta per cápita que es más elevado que la media de las grandes ciudades.

Es decir, una posición ‘envidiable’ que, sin embargo, cuenta con algunas debilidades. En el caso de la capital de España, como sostiene el informe, porque su elevado nivel de renta (37.242 euros por habitante frente a los 36.050 euros de Barcelona) está acompañado de un “persistente problema de desigualdad social” agravado durante la crisis.

Presión fiscal

Madrid, además, mantiene la presión fiscal por habitante más elevada de las grandes ciudades españolas, con un nivel de gasto e inversiones por persona que, sin embargo, se encuentra por debajo de otras ciudades comparables. A ello contribuye el hecho de que está obligada a destinar una sexta parte de su presupuesto para hacer frente a la carga financiera de una deuda que, con diferencia, lidera el ‘ranking’ local nacional, situación que se mantendrá en próximos años dada la alta concentración de vencimientos programados. Madrid, en concreto, debe 2.726 millones de euros, casi la mitad de lo que adeudan los ayuntamientos con más de 300.000 habitantes, pero muy lejos de los 7.733 millones que llegó a tener pendientes de pagar en 2012.

El resultado del alto endeudamiento, en todo caso, es significativo. Mientras que en Barcelona las inversiones por habitante, en buena medida gestionadas a través de sociedades instrumentales, se mantuvieron estables en 2018 —en torno a los 213 euros—, Madrid apenas alcanzó los 106 euros. Es decir, la mitad.

La buena posición financiera de Barcelona ha permitido, incluso, que un año más continúe siendo, junto a Bilbao, una de las ciudades españolas en las que se registró la mayor cifra de gastos corrientes por habitante (1.343 euros), de los que un 58% fue destinado a bienestar comunitario, seguridad, servicios sociales, cultura y empleo, en línea con el ejercicio anterior.

Y eso que en 2018 la presión fiscal, medida en términos de ingresos fiscales por habitante, se mantuvo en el entorno de los 816 euros, lo que significa que se mantuvo prácticamente estable con respecto a la presentada en ejercicios anteriores, y desde luego por debajo de la mantenida por Madrid en esa misma fecha, que ascendió a 974 euros por habitante

Tensiones geopolíticas

No todo son parabienes. En el caso de Barcelona, las tensiones geopolíticas, como lo califican los expertos de Axesor, han tenido un efecto negativo sobre su tejido empresarial, siendo la provincia española que ha registrado el mayor número de traslados de sedes sociales. Barcelona, igualmente, no es ajena al desafío del envejecimiento poblacional y a la creciente desigualdad social, con un problema de inseguridad que podría afectar negativamente al potencial de crecimiento, sostiene el informe.

Y es que, como prevé Axesor, el escaso superávit presupuestario agudizará su necesidad de nuevo endeudamiento para cubrir los mayores vencimientos previstos en los próximos tres años. Y, de hecho, en el último año habría incumplido con la regla del gasto, lo que podría implicar la necesidad de elaborar un plan económico encaminado a su cumplimiento. Es más, la elevada fragmentación del Gobierno municipal de Ada Colau “podría prorrogar la inestabilidad gubernamental de la última legislatura”.

Madrid y Barcelona, sin embargo, tienen algo en común. Son los principales polos de atracción turística, lo que alimenta su ventaja comparativa respecto del resto de ciudades españoles en un contexto en el que el turismo es, precisamente, uno de los sectores más dinámicos de la economía. Barcelona, con algo más de ocho millones de visitantes en 2018, encabeza el ‘ranking’ por número de visitantes, seguida de Madrid, entre otros factores, por ser puerto habitual en las rutas de las grandes compañías de cruceros, de ahí el predominio del turista no nacional (81% frente al 55% de Madrid).

Tampoco hay mucha diferencia en cuanto a exclusión social, aunque con cierta ventaja en favor Barcelona. El informe asegura que la calificación de crédito se encuentra “penalizada” por la existencia de elevados niveles de desigualdad social, agudizada como consecuencia de la crisis económica. Hasta el punto de que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, en el caso de Madrid, se sitúa en el 26%, y aunque mejoró con respecto a 2017 y es inferior a la presentada por España (27%), continúa superando el 24% registrado por Barcelona. Pero también es superior a la que existe en las ciudades francesas u holandesas (20% de media), o casi el 15% de las noruegas (que cierran el ‘ranking’), aunque por debajo de las griegas e italianas (30%). En esto, las dos ciudades también se parecen.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/economia/2019-06-26/comparacion-odiosa-madrid-barcelona-informe-axesor_2089282/

Mitos y realidades en la protección jurídica del software

Mitos y realidades en la protección jurídica del software

El software se ha convertido en una pieza fundamental de nuestro entorno tecnológico, lo que explica que venga siendo objeto de atención creciente en el tráfico jurídico-económico.

Piénsese, por ejemplo, en la industria del videojuego o en las aplicaciones móviles que recurrentemente llegan al mercado con funcionalidades diversas. Buena prueba de ello son también las cada vez más frecuentes consultas sobre la protección del software, su comercialización y explotación, que, con especial intensidad durante los últimos años, nos llegan a los despachos de abogados especializados en propiedad intelectual y nuevas tecnologías.

Por esta razón, resulta interesante aproximarse a la naturaleza jurídica del software y a las principales cuestiones legales que plantea.

En primer lugar, conviene recordar una cuestión que, aunque superada a nivel normativo, no deja de seguir causando cierta perplejidad analizada en el contexto de la dimensión real del software. En efecto, cuando se habla de un programa de ordenador, inmediatamente se piensa en una mejora o adelanto técnico, susceptible de aplicación industrial o empresarial. Quizá por ello, lo primero que a menudo viene a la mente a un lego en derecho es que el software encuentra su acomodo en la propiedad industrial o, dicho en otros términos, que el software se protege a través de la patente o invención industrial.

Lo cierto, sin embargo, es que en nuestro marco normativo actual los programas de ordenador son concebidos como una forma de creación literaria (ni siquiera una obra científica, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2004), por lo que su protección jurídica se ofrece fundamentalmente a través de la propiedad intelectual. Así resulta, entre otras, de la Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, concluido el 20 de diciembre de 1996, o del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), cuyos artículos 95 a 104 regulan los aspectos más importantes de esta materia, después de que el artículo 10.1 del mismo texto legal incluya como objeto de propiedad intelectual «todas las creaciones literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose: i) Los programas de ordenador».

La primera consecuencia jurídica de la configuración legal del software como una «obra intelectual» es que, en España, como en casi todos los países de nuestro entorno, los programas de ordenador no son patentables en sí mismos, lo que no excluye que, cuando formen parte de una patente (o de un modelo de utilidad) gocen, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial (artículo 96.3 LPI). En casos excepcionales, los programas de ordenador pueden patentarse bajo la denominación de invenciones implementadas en ordenador, cumpliendo determinados requisitos, no exentos de complejidad.

No siendo en términos generales el software patentable y siendo indiscutible que los derechos de propiedad intelectual o de autor sobre una obra existen desde el mismo momento de su creación, no es necesario ningún tipo de inscripción o registro para adquirir el derecho de autor sobre un software, siempre que sea original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. Esto no significa que no sea recomendable inscribir el software en el Registro de la Propiedad Intelectual, a efectos probatorios, para acreditar su creación y para documentar todas las transmisiones de derechos, en el caso de que el autor y el titular de los derechos sobre aquél no sean la misma persona.

Una vía alternativa al Registro la constituye el depósito notarial, en principio más rápido, pero de eficacia temporal más reducida y con un valor probatorio más difuminado que aquél, al depender casi exclusivamente de la declaración del depositante. Otras formas de acreditar la creación de un programa de ordenador pueden ser su registro digital (p.ej., en Safe Creative) o, más recientemente, el empleo de estructuras de blockchain con esta finalidad.

Más allá de su protección, la creación de software puede dar lugar, en ocasiones, a diversos problemas relacionados con la atribución de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

Aun dentro del marco de la propiedad intelectual, el legislador español ha hecho determinados guiños para acercar nuestra normativa a otras de nuestro entorno más favorables a la industria del software, lo cual se observa con especial intensidad en la distinción entre autoría y titularidad del software, ámbito en el que, para las denominadas «obras colectivas», el artículo 97.2 LPI establece que las personas jurídicas pueden ser no sólo titulares de derechos sino «autoras» de los programas de ordenador. Consecuencia de la atribución de la autoría es el nacimiento de derechos morales para las personas jurídicas. Y aunque los derechos morales no son especialmente relevantes en sede de programas de ordenador (quizá, el más significativo, el derecho a exigir el reconocimiento de la condición de autor de la obra, no parece ser especialmente problemático en este ámbito porque en la práctica los programas de ordenador no se ofrecen al público con indicación del nombre de la persona o grupo de personas que los han creado), lo cierto es que el legislador ha optado por evitar que un posible ejercicio de los derechos morales de los programadores (personas físicas) suponga un obstáculo al desarrollo y comercialización de la base de un sector cada vez más representativo de la economía actual.

El legislador español también ha singularizado el régimen de los programas de ordenador creados por trabajadores asalariados (artículo 97.3 LPI), si se le compara con el de las demás obras literarias o artísticas (artículo 51.2 LPI). Si bien en ambos preceptos se parte del reconocimiento originario de todos los derechos de propiedad intelectual al autor asalariado para después atribuir derivativamente los derechos de explotación al empresario que asume los riesgos de la inversión, el régimen específico de los programas de ordenador es más favorable al empresario en diversos aspectos, entre los que destaca que, en defecto de pacto, éste adquiere todos los derechos patrimoniales o de explotación del software y no sólo los que fueran necesarios para el ejercicio de su actividad habitual en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de la relación laboral. Esta cuestión y la de si el trabajador asalariado ha creado o no el programa de ordenador «en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del empresario», son fuente de numerosos problemas legales.

A lo anterior se une la problemática sobre la titularidad y transmisión de derechos sobre software cuando éste es creado en el marco de una relación funcionarial, en el ámbito de la Universidad, en el de la investigación científica o en el sector de la contratación administrativa, todos ellos sometidos a una prolija y no siempre coherente regulación.

Otro importante foco de conflicto es el relativo a los derechos sobre el software creado por encargo. Y aquí se comprende tanto al profesional independiente que actúa por encargo de una empresa de software como a la empresa de software que realiza un programa para un cliente, usuario final del mismo. ¿Qué derechos adquiere quien encarga el software por el hecho de realizar el encargo? Dado que la regulación legal es fundamentalmente dispositiva, la atribución de derechos dependerá generalmente de lo que acuerden las partes. Así, si la comercialización de programas de ordenador no forma parte de su negocio, puede bastarle al comitente el derecho de usar el programa en su negocio por tiempo indefinido, sin pagar por unos derechos de explotación que no ha de ejercitar. También puede éste querer reservarse el derecho de que sus competidores en el mercado no puedan usar el mismo software. Por su parte, el creador del software puede incluso querer participar de los beneficios que el comitente obtenga del software.

Por todo ello, es aconsejable, tanto en la transmisión de software ya creado como en su creación por encargo y en todos los demás supuestos citados anteriormente, formalizar un contrato en el que queden claros los derechos que se ceden, su ámbito territorial, su duración, si la cesión es o no exclusiva, si hay obligación de entregar el código fuente, si se entiende transmitido el derecho de corregir los errores del programa o de realizar modificaciones en el mismo, etc. Aunque, a falta de pacto, se aplicará el régimen general de la LPI, en nuestra experiencia, la mejor protección del software, como en tantos otros ámbitos, viene siempre de la mano de un buen contrato.

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/06/25/5d125ea0468aebef038b4798.html

El esfuerzo para comprar casa hace saltar las alarmas en Baleares, Madrid y Cataluña

El esfuerzo para comprar casa hace saltar las alarmas en Baleares, Madrid y Cataluña

Los niveles de endeudamiento de muchas familias han superado las líneas rojas que, según los expertos, de superarse, podrían comprometer otros gastos familiares.

Con el precio de la vivienda al alza, un mayor acceso a la financiación y los salarios prácticamente estancados, los niveles de endeudamiento de muchas familias han superado las líneas rojas que, según los expertos, podrían poner comprometer otros gastos familiares e incluso producir la morosidad en las cuotas mensuales de la hipoteca. Hace justo un año, Bankinter alertaba sobre cómo los ratios de esfuerzo financiero para la compra se habían ido deteriorando poco a poco y cómo las cifras de accesibilidad comenzaban a acercarse a niveles que consideraba poco prudentes.

Los expertos consideran que el esfuerzo no debería superar el 30%, y que para llegar con holgura y sin apuros a fin de mes, lo prudente sería que dicho porcentaje se moviera entre el 20% y el 25%. Los últimos datos del Colegio de Registradores correspondientes al primer trimestre de 2019 revelan que en Baleares, la Comunidad de Madrid y Cataluña, dos de las regiones donde más han subido los precios de la vivienda en los últimos años, los niveles de endeudamiento son preocupantes.

Así, por ejemplo, en Baleares, la relación de la cuota hipotecaria con respecto al coste salarial se dispara al 40,8%, el nivel más alto de toda España, mientras que en la Comunidad de Madrid el porcentaje se sitúa en el 35,9% y en Cataluña, en el 35,1%. En todos estos casos, se habrían superado los niveles considerados prudentes y hecho saltar todas las alarmas.

 

CCAA Tipo de interés Cuota hipoteca Hipoteca/Salario (%)
Andalucía 3 500 30
Aragón 2 480 26
Asturias 2 437 22
Baleares 3 761 41
Canarias 3 491 30
Cantabria 2 480 26
Castilla y León 3 438 26
Castilla La Mancha 3 426 25
Cataluña 3 719 35
Comunidad de Madrid 2 829 36
Comunidad Valenciana 3 461 27
Extremadura 2 353 23
Galicia 3 463 27
La Rioja 2 431 25
Murcia 3 408 24
Navarra 2 532 26
País Vasco 2 611 27
España 3 588 31

 

De la misma manera que sucede en el resto del mercado inmobiliario, existe una gran heterogeneidad entre unas zonas y otras, ya que las condiciones más favorables corresponden a Asturias, con un nivel de endeudamiento del 22,4%; Extremadura, con el 22,7%, y Murcia, donde el porcentaje se sitúa en el 24,3%. La media nacional, por su parte, se sitúa justo en la línea roja, en el 30,6%.

Estos datos vienen a reforzar una tendencia de la que no solo alertaba Bankinter hace dos años. También las estadísticas del Banco de España muestran cómo el esfuerzo económico que realiza una familia ha ido en aumento desde 2013. En el primer trimestre de 2019, era necesario dedicar el salario de siete años y medio para poder comprar una casa en España, el nivel más alto desde 2012. Una variable que ha ido deteriorándose en los últimos cuatro años, debido no solo al fuerte incremento de los precios de la vivienda sino a los bajos salarios, que no han subido al mismo ritmo o han permanecido prácticamente estancados.

 

Años de salario necesario para pagar una casa

 

 

«Los indicadores de accesibilidad han empeorado, con lo que ya son cuatro trimestres consecutivos con ascensos», reconocen los registradores, cuyos datos muestran cómo entre enero y marzo la cuota hipotecaria mensual media se situó en 587,5 euros, lo que supone un ligero incremento del 0,8% respecto al trimestre anterior, llevando el coste salarial mensual medio hasta el 30,6%.

Comunidad de Madrid (829,3 euros), Baleares (760,9 euros) y Cataluña (719,4 euros) son las regiones que presentan las cuotas hipotecarias más elevadas, mientras que los importes más bajos se registran en Extremadura (353,4 euros), Murcia (408,4 euros) y Castilla-La Mancha (425,9 euros).

Todos estos datos ponen de manifiesto la dificultad de muchas familias de comprar una vivienda. Muchas de ellas no consiguen acceder a financiación y muchas de las que lo consiguen lo hacen comprometiendo una parte muy importante de sus ingresos, de ahí el impacto que todo esto puede tener sobre la recuperación del mercado residencial español, que ya ha comenzado a mostrar los primeros síntomas de agotamiento.

Cómo es la hipoteca media

 

Y, sin embargo, el endeudamiento hipotecario por vivienda se ha reducido en el primer trimestre del año un 2,2% con respecto al trimestre anterior, situándose en los 126.250 euros, después de seis trimestres consecutivos con ascensos. Es decir, el importe medio de las hipotecas, en aumento desde mediados de 2017, se ha estancado.

Según la estadística inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al primer trimestre, las comunidades autónomas con mayores niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda durante el primer trimestre del año coinciden, como no podía ser otra manera, con las comunidades con los precios de las casas más elevados. Así, por ejemplo, la hipoteca media en la Comunidad de Madrid es de 194.375 euros; en Cataluña, de 153.324 euros; en Baleares, de 148.771 euros, y en País Vasco, de 144.989 euros. En el otro lado, las hipotecas de importes más reducidos se localizan en Extremadura (74.984 euros), Murcia (84.411 euros) y La Rioja (87.206 euros).

No obstante, en nueve comunidades autónomas se ha incrementado el endeudamiento hipotecario por vivienda con respecto al trimestre precedente, dando lugar a las mayores tasas de crecimiento en Navarra (7,2%), Murcia (4,6%) y Cataluña (2,4%). Por el contrario, en ocho ha descendido, alcanzando los mayores ajustes Baleares (-13,5%), Extremadura (-7%) y Canarias (-6,4%).

«Los actuales niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda todavía se encuentran alejados con respecto a los máximos del anterior ciclo alcista. Sin embargo, desde los mínimos de poco más de 100.000 en 2014, se ha llegado a niveles por encima de los 125.000 euros, lo que supone un incremento significativo durante estos últimos cuatro años», señalan los registradores.

El tipo fijo sigue ganando adeptos

 

La contratación a tipo de interés fijo ha seguido creciendo en la formalización de nuevos créditos hipotecarios durante el primer trimestre del año, hasta suponer el 40,6% de todas las nuevas hipotecas contratadas. Por su parte, la contratación a tipo de interés variable se ha reducido hasta el 59,4%, y prácticamente en su totalidad han utilizado el euríbor como índice de referencia (57,7%).

En tres comunidades autónomas, Baleares (55,3%), Cataluña (51,6%) y Murcia (50,4%), ya se formalizan más créditos hipotecarios a tipo de interés fijo que a tipo variable, mientras que Extremadura (74,7%), País Vasco (73,9%) y Comunidad de Madrid (70,9%) presentan los mayores porcentajes de nuevos créditos variables.

En cuanto al importe medio de tipos de interés de las nuevas hipotecas, en el primer trimestre se incrementa hasta el 2,5%, frente al 2,3% del trimestre anterior. Los créditos hipotecarios a interés fijo se contrataron con un tipo inicial medio del 3%, mientras que en el caso de los variables, el interés medio se situó en el 2,1%, dando lugar a un diferencial de 0,89 puntos básicos.

El periodo medio de contratación de los nuevos créditos desciende un 1,7% en el primer trimestre del año, hasta una duración media de 23 años y ocho meses, cinco meses menos que en el trimestre precedente. Las comunidades autónomas con mayores periodos medios son Comunidad de Madrid (25 años y nueve meses), País Vasco (24 años y cinco meses), Cataluña (24 años y tres meses) y Andalucía (24 años). Los menores periodos medios se han registrado en Baleares (21 años), Canarias (21 años y tres meses) y La Rioja (21 años y ocho meses).

Fuente: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2019-06-10/esfuerzo-financiero-hipoteca-accesibilidad_2064142/