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El Parlamento Europeo aprueba la polémica directiva de derechos de autor

El Parlamento Europeo aprueba la polémica directiva de derechos de autor

El Parlamento Europeo ha avalado la nueva normativa de derechos de autor que busca instaurar un nuevo equilibrio en la Red. Los países tienen 24 meses para trasladar los cambios a su legislación nacional.

Han pasado tres años desde el inicio de las negociaciones, pero la nueva directiva de derechos de autor ha llegado a buen puerto. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el texto con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Ahora, sólo queda pendiente la adopción formal de la norma por parte del Consejo de la Unión Europea (UE) y que los países, en los próximos 24 meses, trasladen estos cambios a su legislación nacional.

El nuevo texto legal, según los expertos, pretende buscar un nuevo equilibrio en la Red, en el que los creadores tengan una mayor posibilidad de negociación respecto a sus derechos de autor con las plataformas digitales. Sin embargo, sus detractores, como la Asociación de Internautas, aseguran que fomentará la aparición de “máquinas de censura” y que esta directiva sólo beneficia a los lobbies de la industria cultural y editorial, mientras que la libertad de expresión de los usuarios y el emprendimiento se verán perjudicados.

Estas últimas afirmaciones hacen referencia al artículo que solicita a las plataformas digitales que vigilen las creaciones subidas a la Red por terceros y les traslada la responsabilidad de verificación, lo que impondría una suerte de censura algorítmica.

Evolución natural

Para Alejandro Touriño, socio director de Ecija, este último cambio es “una evolución natural del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, que obliga a las plataformas a obtener la autorización de los contenidos sujetos a copyright publicados por los usuarios. Comparto, en definitiva, la vocación del Parlamento Europeo de poner fin a la infracción masiva de derechos de autor por parte de los usuarios en plataformas digitales”.

En esa misma línea se mueve Ignacio Temiño, socio de Abril Abogados, que asegura que “Internet no puede ser eternamente el lugar donde la plena libertad y el anonimato protejan el abuso y la impunidad, y donde el medio que ofrece su plataforma quede al margen de toda responsabilidad si no se demuestra el conocimiento de los hechos ilegales. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Éste debe convivir con los que otros pueden ostentar, como el derecho al honor, a la propiedad intelectual, a la privacidad, etcétera”. El letrado apunta que, durante los últimos 20 años, se ha vivido con un sistema de responsabilidad atípico y único para los intermediarios de Internet.

Frente a las voces que aseguran que este nuevo texto puede instaurar una especie de censura previa, existen diversidad de opiniones entre los expertos. Para Gema Luna, letrada de Lean Abogados, el principal problema que existe es la forma de hacer efectivo el control que exige la directiva. “La supervisión que requiere el precepto se aplicará a través de algoritmos que tienen unos límites evidentes, como, por ejemplo, la imposibilidad de analizar el contexto de la situación para poder decidir si estamos o no ante un uso ilícito del contenido. El automatismo conllevará un aumento, en ocasiones injustificado, de la censura y dará un enorme poder a las plataformas, porque serán los algoritmos creados por éstas los que decidan qué podemos y qué no podemos ver”.

Herramienta inadecuada

Frente a esta afirmación, Álvaro Ramos, abogado y DPO de Clarke, Modet & Cº, explica que la normativa europea “no habla de algoritmos o de filtros automáticos. Podría ocurrir que aquellas plataformas que implementen un sistema de filtrado puedan provocar que usuarios que pretenden subir un contenido no protegido por derechos de autor -como un meme o una parodia-, vean como ese filtro impide la subida. Pero en ese caso, sería un problema de la herramienta de filtrado y no del contenido de la directiva”, destaca.

En este mismo sentido se expresa José Carlos Erdozain, of counsel de Pons IP, y añade que “tanto en la anterior versión como en la actual se prevén mecanismos en casos de que llegue a existir controversia sobre la retirada de obras o la imposibilidad de acceder a obras o prestaciones alojadas. Específicamente se establece que habrá una revisión humana en caso de una denuncia que tenga por objeto lo anterior”, destaca.

Lejos del asunto de la censura, Touriño sí muestra ciertas dudas sobre si el cambio en la responsabilidad no debería haberse introducido en la norma de servicios de la sociedad de la información, “que es donde originariamente se ha planteado el régimen de responsabilidad de las plataformas y su no obligación de supervisión de los contenidos que alojan o transmiten”.

La reacción de los afectados por la norma

La aprobación de esta nueva directiva no ha dejado a nadie indiferente. Las plataformas, los internautas o las asociaciones de creadores han hecho oír su voz. Desde Google han afirmado que “la directiva de copyright ha mejorado, pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa”. Por su parte, la plataforma de defensa de derechos digitales Xnet ha asegurado en un comunicado que “se ha votado un texto tecnófobo, a medida de los monopolios del copyright, que además no garantiza el derecho de los autores a vivir dignamente de su trabajo y que amenaza la libertad de expresión o el acceso a la cultura y a la información”. De manera muy distinta se ha expresado la presidenta de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), Pilar Jurado, que ha afirmado que “con la aprobación de la directiva se abren las puertas a un mejor futuro para los creadores y se pone en valor su aportación imprescindible en el entorno digital”. Para la Federación Europea de Editores, la Eurocámara ha dado “su apoyo a la cultura europea y a la innovación” y la norma “modernizará los derechos de autor y traerá mayor certidumbre”. Por último, para Jorge Corrales, director general de Cedro (asociación del sector editorial), “lo más importante es la necesidad y convicción de proteger a los creadores. La tecnología podría cambiar en el futuro, los principios no deben cambiar”.

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/03/26/5c9a18e4268e3efa3f8b45b2.html

¿Cómo afecta el plan de Madrid para limitar los pisos turísticos?

¿Cómo afecta el plan de Madrid para limitar los pisos turísticos?

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el plan de la alcaldesa, Manuela Carmena, para limitar el alquiler de pisos turísticos a tres meses. Está previsto que el Pleno municipal dé luz verde, con los votos de Ahora Madrid y PSOE, al Plan Especial de Hospedaje (PEH). La aprobación, por tanto, se produce a apenas dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, lo que puede suponer un balón de oxígeno para la campaña de Ahora Madrid.

¿Qué ocurrirá con los pisos turísticos de la capital?

El plan de Carmena pone límite temporal al alquiler vacacional en el centro de Madrid. Aunque seguirá siendo posible alquilar un piso turístico, el plan impide dedicarse a ello. Una vez se apruebe en el pleno y se publique en el BOAM, entrará en vigor.

El objetivo principal del plan, explica el Ayuntamiento, es “preservar el uso residencial del centro urbano, frenando la conversión de viviendas del centro en alojamientos temporales turísticos”. El segundo objetivo tiene que ver con el hecho de que la normativa sólo afecte a la almendra central, y es extender el hospedaje a otras zonas de la ciudad para “descargar la concentración del centro histórico”. Otra de las razones que esgrimen desde Unidos Podemos, socios de gobierno de Carmena, es la influencia del auge de los pisos turísticos en el elevado encarecimiento de los alquileres en la capital.

El techo de 90 días

Según la nueva normativa, cualquier persona puede alquilar su vivienda con fines turísticos, siempre y cuando sólo lo haga, como máximo, 90 días al año, es decir, tres meses.

Alquiler más de tres meses

A partir del día 91, se necesitará contar con una licencia comercial de hospedaje, como ocurre con los hoteles, al considerarse que quien alquila el piso lo hace de forma profesional.

El truco está en que, para obtener dicha licencia comercial, será requisito necesario que el piso turístico cuente con una entrada independiente a la de uso residencial del edificio (no podrán utilizar puertas de entrada, portales o ascensores comunes a las viviendas), para que vecinos y turistas no compartan entrada, un elemento del que carecen el 95% de las viviendas anunciadas en la capital en las plataformas digitales como Aribnb, según fuentes del Ayuntamiento.

Como consecuencia, afirman, “el 95% de las viviendas que operan como tales ya no podrán operar”. Además, en la práctica será muy complejo instalar este tipo de usos en el centro. El techo de 90 días traza una frontera entre lo que es considerado vivienda de uso turístico y la denominada economía colaborativa. Según el consistorio “no se impiden las formas de economía colaborativa que no impliquen una actividad de uso terciario”.

Sólo en el Centro

No obstante, las restricciones no afectan a toda la ciudad, sino únicamente a los barrios de la almendra central, los considerados más saturados. Concretamente, el radio afectado abarcará 52,7 kilómetros repartidos en tres anillos concéntricos, en función de la masificación de anuncios en estas zonas. El primer anillo, coincidente con el distrito Centro, cuenta con alrededor de 9.000 anuncios sólo en Airbnb, según la página Inside Airbnb. Madrid es, de hecho, la capital europea donde más han crecido los anuncios de estas plataformas, un 67% en 2017, respecto a 2016, según un informe de Colliers International.

Obtener licencia comercial

Conseguir esta licencia no será tan sencillo, estará sujeta a una zonificación, siguiendo la estela de ciudades como Barcelona. No sólo por la cuestión de la entrada independiente. A partir de la entrada en vigor del Plan Especial, estará prohibido cambiar el uso de la vivienda, de residencial a terciario en las zonas A1 y A2, que delimitan el distrito Centro y los distritos de Chamberí, Arganzuela, parte de Salamanca y Retiro y el barrio de Argüelles. Este coto, explican, se debe a que esos distritos concentran la mayoría de la oferta turística, reglada y no reglada.

¿Y en el resto de distritos?

La norma sólo se aplica en los pisos de la almendra central; el resto está sujeto a la actual regulación. En el resto del municipio, señala el consistorio, “se mantiene la regulación actual”. Fuera del centro y de zonas como Puerta del Ángel, Príncipe Pío y Chamartín, las restricciones serán menores y no se exigirá la entrada independiente. Esto podría elevar la oferta vacacional en la zona 4, que encierra barrios al otro lado del cinturón de la M30, como Carabanchel o Vallecas.

Impacto sobre los hoteles

Como novedad, los hoteles que quieran implantarse en un edificio protegido de uso residencial deberán acreditar en un plan especial que no es viable rehabilitar el inmueble para uso residencial.

¿Cómo pretende asegurar el Ayuntamiento el cumplimiento del plan?

Fuentes del consistorio dirigido por Carmena explican que las inspecciones serán la principal herramienta para asegurar el cumplimiento del PEH. Para ello, el Ayuntamiento ha reforzado tanto las inspecciones como el número de inspectores. Según las mismas fuentes, se han inspeccionado un total de 11.936 viviendas incluidas en 502 edificios. Del total, 1.729 viviendas se dedican al alquiler turístico, es decir, un 14%.

El problema, explican desde Exceltur, la Alianza por la excelencia turística, es que resulta prácticamente imposible controlar los 90 días con inspecciones, ya que sin un registro o información que dé constancia de la fecha en la que el anuncio fue publicado, no es posible saber si la vivienda en cuestión ha sobrepasado o no el límite de 90 días.

¿Hay alguna forma de controlarlo?

El propio Ayuntamiento señala que ha solicitado a la Comunidad de Madrid el acceso al registro empresas turísticas, ya que, aunque las competencias de urbanismo están en los ayuntamientos, las de turismo dependen de las Comunidades. El problema es que, como apuntan desde el consistorio, “la Comunidad de Madrid no ha facilitado el acceso a dicho registro, lo que dificulta que la Administración Municipal pueda ejercer la competencia en materia de inspección”.

La única manera de ejercer este control, sería usando los datos que la Agencia Tributaria ha pedido a las plataformas y, a través del número catastral de cada vivienda, ver cuántos días se han alquilado en todas las plataformas.

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2019/03/27/5c9b687a468aeb161e8b4590.html

Los bufetes conquistan la ‘milla de oro’ de Madrid y Barcelona

Los bufetes conquistan la ‘milla de oro’ de Madrid y Barcelona

Los despachos de abogados son los grandes protagonistas de las operaciones inmobiliarias en las mejores zonas de oficinas, ocupando los edificios emblemáticos del corazón financiero de las ciudades.

El sector legal es un gran dinamizador del mercado inmobiliario. Son los inquilinos perfectos. Los despachos de abogados buscan inmuebles emblemáticos, alquilan por empleado más metros cuadrados que empresas de otros sectores y, aunque son buenos negociadores y pelean el precio, están dispuestos a pagar un poco más si el inmueble se ajusta a lo que están buscando. Además, son negocios estables, que buscan contratos a largo plazo y pagan las facturas en tiempo y forma.

Aunque 2018 no fue el ejercicio más activo, sobre todo porque 2017 marcó varios récords con grandes mudanzas, tanto en número como en metros cuadrados (como las de Baker McKenzie o Allen & Overy), el pasado ejercicio siguió siendo muy positivo para la actividad inmobiliaria ligada a las sedes corporativas de los bufetes, sobre todo en la capital española, donde se encuentran los cuarteles generales de la mayoría de las firmas internacionales, que el año pasado fueron las grandes protagonistas (como Andersen, Latham & Watkins o Pinsent Masons).

En la última década, la media anual de metros cuadrados alquilados en edificios exclusivos de oficinas en Madrid por los despachos de abogados alcanza los 11.000 metros cuadrados, más del doble que, por ejemplo, en Barcelona, la siguiente plaza más activa, según se desprende del informe El futuro de los espacios de trabajo en el sector legal, elaborado por CBRE.

Hay que tener en cuenta que sólo entre 2017 y 2018 se han cerrado tantas operaciones inmobiliarias en el sector legal como en los tres ejercicios anteriores juntos. A la hora de hablar de espacio, el liderazgo es para las firmas internacionales, que tienden a alquilar, de media, el doble de metros que los bufetes con pasaporte español. Sin embargo, a la hora de hablar por número de transacciones, son los bufetes nacionales los que se muestran más activos (seis de cada diez, aunque se trata de sedes más modestas).

Por zonas, en el caso de Madrid, el Barrio de Salamanca copa el 43% del interés, mientras que el distrito norte (en torno a las Cuatro Torres) ocupa el segundo lugar, con un 17%, según datos de CBRE.

Barcelona, en cifras

E nBarcelona, la situación es muy similar, aunque en una escala más pequeña. La media anual de metros cuadrados alquilados se sitúa en poco más de 4.500, con un boom que marcó un récord en 2013. Estas cifras no incluyen el cambio de sede de Cuatrecasas en 2016, con cerca de 20.000 metros cuadrados.

En el caso de la Ciudad Condal, nueve de cada diez operaciones están protagonizadas por bufetes nacionales. Por tamaño, sólo el 3% supera los 1.500 metros cuadrados, mientras que el 93% se refiere a oficinas de menos de 700 metros cuadrados. El pasado ejercicio, entre las mudanzas más importantes se encontraron la de Marinel-lo & Partners (Edificio @Mar), la de Dentons (Torre Barcelona) y la de CHRLegal (Paseo de Gracia), todas ellas por debajo de los 500 m2. Por zonas, el distrito central de negocios es el más demandado en los últimos movimientos inmobiliarios, donde el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal son los ejes de referencia.

En términos generales, “el mercado ha estado muy activo en los dos últimos años. En lo referente a grandes firmas, prevemos cierta estabilidad para los dos próximos años, tanto de los bufetes internacionales como nacionales. Sin embargo, los despachos más pequeños se están moviendo e intentando posicionarse en el eje prime de la ciudad”, según explica Alfonso Galobart, vicepresidente de CBRE España y director general de consultoría y transacciones de CBRE Europa Continental.

Esta actividad está influyendo de forma determinante en los precios. Frente al valle que se registró entre 2012 y 2014, la recuperación en Madrid es evidente y, en los últimos seis años, los alquileres se han revalorizado alrededor de un 59%. De media, la renta que pagan los bufetes se situó el año pasado en unos 27 euros por metro cuadrado al mes (el mínimo se registró en 2012, en torno a 17 euros). Cuando se habla de las zonas prime, las cantidades son mayores, alcanzando los 35 euros al mes por metro cuadrado, frente a los 22 que se llegaron a cobrar en los peores años de la crisis.

En Barcelona, la renta prime para el sector legal se situó el año pasado en el entorno de los 24 euros. La recuperación de los precios ha sido algo más lenta que en Madrid, con un incremento del 50% respecto al momento más bajo (en 2013), aunque en los cuatro últimos ejercicios se ha acelerado su revalorización, según se desprende del informe de CBRE.

Más allá de las estadísticas y la preferencia inamovible de los bufetes por edificios emblemáticos y zonas prime, donde sí se aprecian cambios de tendencia es en la configuración de los espacios.

Tendencias

“De todos los cambios adoptados, destaca el cada vez mayor peso que se le da a la experiencia del cliente, tanto interno como externo. Se empiezan a crear verdaderos customer journeys que pretenden mejorar la calidad y la percepción de todas las personas que interactúan en la oficina, ya sea a través del diseño, de la tecnología o de la distribución y aprovechamiento del espacio”, explica Galobart.

Se aprecia una preferencia clara por sedes más abiertas y flexibles, con una configuración más dinámica y menos despachos, aunque sin eliminarlos del todo (salvo en algunos casos, como el de Pinsent Masons). La conciliación es prioritaria en las nuevas oficinas, con un uso intensivo de la tecnología.

 

FUENTE: EXPANSIÓN
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/03/05/5c7e6274268e3efd3e8b4592.html